Según las cifras oficiales, los ingresos tributarios netos efectivamente recaudados en 2013 ascendieron a Q 46,335.5 millones. En el Convenio para el Cumplimiento de Metas de Recaudación Tributaria 2013, suscrito el uno de agosto de 2013 entre Carlos Muñoz, fungiendo como Superintendente de la SAT, y Otto Pérez Molina, como Presidente de la República, se acordó que la meta para 2013 fuera Q 49,107.0 millones. Dado que no se le hizo ninguna enmienda o cambio a este convenio, la meta convenida para 2013 se incumplió en Q 2,771.5 millones. Esto es evidencia matemática.
El artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT dice que el Superintendente será removido por el Presidente de la República, por las causales siguientes: a) actos fraudulentos, ilegales u opuestos a los intereses de la SAT en particular, y del Estado en general: b) negligencia; c) haber sido condenado en sentencia firme; d) incapacidad física; e) insolvencia o quiebra; f) postularse como candidato de elección popular; y, g) no cumplir las metas de recaudación, establecidas en el convenio suscrito entre la SAT y el Ejecutivo.
Dado que en 2013 se incumplió la meta de recaudación establecida en el convenio suscrito por el Presidente, la literal g) del artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT obliga al mismo Presidente a remover al Superintendente.
¿Alguna duda?
Parece que el Presidente no lo entiende, o no quiere cumplirlo. Es más, en forma desafiante dice reiteradamente que no piensa destituir al Superintendente, y va más allá, porque no quiere cumplir la ley cuando le ordena remover al Superintendente, pero sí quiere usar esa misma ley a su conveniencia para su berrinche de remover a los miembros del Directorio de la SAT que no le dieron gusto con su capricho espurio de contratar a una empresa argentina.
¿Qué tanto analiza la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, es decir los abogados del Presidente, con relación a este tema? No se necesita ser un letrado especialista en derecho constitucional para entender algo tan simple: la ley dice que si no se cumple la meta, el Superintendente será removido por el Presidente; no se cumplió la meta de 2013; entonces, el Presidente debe remover al Superintendente. Es un silogismo elemental, que no cumplirlo sugiere la intención de violar la ley. ¿Acaso la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia se están devanando los sesos para lograr una “güisachada” que le permita al Presidente incumplir la ley con impunidad?
¿Qué hacemos con esto? ¿En dónde están los juristas defensores de la Constitución y el Estado de Derecho? ¿Estamos todas y todos en Guatemala tranquilos, felices y satisfechos con esta situación, en la que al propio Presidente de la República no le pasa nada si no cumple con lo que dice la ley? ¿Tiene el Presidente el privilegio de incumplir la ley impunemente? ¿Será justo que mientras unos son sancionados con multas o prisión por incumplir la ley, el Presidente goce de impunidad?
La situación de la SAT es de la mayor gravedad. Por si no fuera suficiente la intención espuria de contratar de forma opaca y turbia una empresa argentina, ahora se devela el incumplimiento impune de la ley por parte del Presidente. Urge exigir al Presidente que respete y cumpla la ley, y actúe como un estadista inclinado por la unidad nacional, y no por hacer negocios.
Urge transparencia y legalidad.
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