El mensaje era: ya no le sigan, confórmense con lo alcanzado. Qué bonito se ve el parque lleno, pero no la sigan. No hagan olas. Hagan callo porque se tendrán que aguantar cuatro años. No importa cómo estemos ni que el pueblo sea el soberano. Si la ley dice que nada se puede cambiar, entonces sigamos como estamos.
Sin embargo, la acción investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la mano de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha ...
El mensaje era: ya no le sigan, confórmense con lo alcanzado. Qué bonito se ve el parque lleno, pero no la sigan. No hagan olas. Hagan callo porque se tendrán que aguantar cuatro años. No importa cómo estemos ni que el pueblo sea el soberano. Si la ley dice que nada se puede cambiar, entonces sigamos como estamos.
Sin embargo, la acción investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la mano de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha seguido como terremoto derrumbando naipes de corrupción. El Organismo Ejecutivo recibió el primer remezón cuando se desmanteló la estructura llamada La Línea, la cual se enquistó en el sistema de aduanas y de administración tributaria.
El coletazo derribó a la vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, caída en desgracia ante el imaginario social y obligada a renunciar y a dar la cara por su desmesurado y repentino enriquecimiento. El golpe fue tan letal que el gobernante Partido Patriota (PP) se quedó sin candidato presidencial y se vio forzado a escarbar en el fondo del barril para seguir en la jugada. Con cada día que pasa y cada nuevo escándalo, el todavía inquilino del despacho presidencial queda más arrinconado hacia la salida vergonzosa.
El Organismo Judicial (OJ) recibió también su dosis de señalamiento con una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, así como con una jueza, Marta Sierra de Stalling, cuyos vástagos estaban ligados a bandas criminales.
Finalmente, las aspas llegaron al Legislativo y soplaron tan fuerte que ya están autorizados los antejuicios contra varios diputados, incluido un expresidente del Congreso. Con ellos ha caído también el vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Barquín, lo cual pone en riesgo la viabilidad electoral de Manuel Baldizón, quien ya se creía sentado en el trono.
De esa suerte, la institucionalidad, cuya vigencia esgrimían quienes llamaban al pueblo al sacrificio, está hoy resquebrajada por las acciones de la podrida clase política que se apropió del sistema y pudo mantenerse en el poder merced al patrocinio y con la venia de quienes se han erigido en dueños del país desde la declaración de independencia.
Este poder ha estado por casi dos siglos en manos de estos pésimos administradores políticos. Sí, pésimos, puesto que han sido responsables de la debacle actual. En la ceguera y necedad con la cual han alimentado la exclusión de la mayoría y los privilegios de la minoría, han ido socavando la débil institucionalidad existente, mucha de la cual surgió de la única etapa democrática que ha vivido Guatemala.
Hoy, con el sistema en jaque, la única salida democrática es una reforma que abra paso a la refundación, que le dé vía a una nueva generación política surgida no de la podrida y miope gestión de los fracasados, sino del empuje que pugna por la depuración total del Estado.
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