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Problema fiscal podría generar narco-Estados en Centroamérica

Esta ausencia de programas públicos es aprovechada por los narcos, “que compiten con el Estado en espacios abandonados creando empleos, instalando centros de salud, centros deportivos, etc.”
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Problema fiscal podría generar narco-Estados en Centroamérica

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Guatemala está en una antesala poco deseable, en la que un tema en aparencia distante podría ser determinante en el futuro de la lucha contra el narcotráfico: los impuestos.

Con las reformas al Estado de la década pasada, de evitar subir impuestos y reducir gastos, el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

Algunas reformas políticas neoliberales para reducir el tamaño de lo público “son un cóctel explosivo para la producción de narco-Estados en Centroamérica”, dijo Francisco Dall’Anese en el Woodrow Wilson Center, en Washington, en donde se presentó el 7 de abril el informe del Banco Mundial sobre los efectos de la violencia en Centroamérica.

Entre 2008 y 2009, la crisis económica llevó al sector privado a proponer un recorte de gastos. Sin embargo, es precisamente la falta de recursos la que impide la ampliación de algunos programas de seguridad y de otros programas públicos. Esta ausencia de programas públicos es aprovechada por los narcos, “que compiten con el Estado en espacios abandonados [por el mismo Estado] creando empleos, instalando centros de salud, centros deportivos, etc.”

El ejemplo más reciente de espacios ganados por el crimen organizado ocurrió después de la captura del 30 de marzo pasado del presunto narcotraficante Juan Alberto Ortíz López, alias “El Chamalé” (solicitada por EE.UU. con fines de extradición). Docenas de personas en el Occidente del país protagonizaron manifestaciones públicas porque temían que la detención pondría fin a su fuente de ingresos. Ortíz, más conocido como “Hermano Juan”, también ofrecía onerosas contribuciones a iglesias protestantes, según una fuente policial dijo para este reportaje. Otro ejemplo menos reciente son las masivas protestas callejeras en 2009 en Zacapa, que siguieron a los fallidos intentos de captura de cuatro miembros de la familia Lorenzana, también requeridos por una corte en EE.UU. por narcotráfico.

Sin recursos, más difícil solución

Sólo en atención médica relacionada con la violencia, en promedio, Guatemala gasta anualmente unos Q2,225 millones (unos US$289 millones), según el BM. Se trata del equivalente al 1.43 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que es casi tres cuartas partes de la asignación para seguridad (2.1 por ciento del PIB). Estos recursos tan limitados se pintan escasos para fortalecer las instituciones de justicia con personal capacitado y bien remunerado y tienen repercusiones negativas. Dall’Anese advirtió que “la debilidad institucional conspira contra el Estado”.

La carencia de recursos es atribuída por la oposición al despilfarro y la corrupción, tema que investigaciones como las del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) consideran una excusa para no llevar a cabo una reforma fiscal en una región con una de las menores recaudaciones tributarias del planeta. El caso guatemalteco es paradigmático, con ingresos de alrededor de 11 por ciento del temaño de la economía.

De acuerdo con Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano en el Wilson Center (donde se presentó el informe del BM), el Banco apunta a que la reducida recaudación fiscal impide a los Estados aplicar las políticas necesarias. Y es la misma falta de fondos—por falta de una reforma fiscal, transparencia, evasión o corrupción—que deja vacíos de atención estatal y a población desamparada, lo que el crimen organizado aprovecha y que, según Dall’Anese, aporta para llevar a Guatemala de la mano por la ruta del narco-Estado.

“No hay una solución rápida y fácil para la espiral de crimen y violencia de América Central”, reconoció Felipe Jaramillo, director del BM para el istmo. Jaramillo dijo que, desde la perspectiva del BM, “los líderes de los gobiernos deberán perseverar porque la lucha parece ser de largo plazo, y requiere estrategias multifacéticas”. No hay recetas mágicas ni de efectos inmediatos.

La meta todavía se vislumbra lejana. El reporte del BM revela que la esperanza en las instituciones policiales es poca. En Guatemala, seis de cada diez adultos opinaron que la policía local está involucrada en actividades criminales. En Honduras y El Salvador, cinco de cada diez opinaron igual. En Guatemala, la CICIG colaboró con el Ministerio de Gobernación en la destitución de unos 1,500 policías entre 2009 y 2010 por diversos hechos de corrupción, o delitos menores. Este tipo de medidas, según el BM, debe ser parte de un conjunto de estrategias regionales de todos los gobiernos involucrados.

Paradójicamente, en diciembre pasado el mismo ministerio no tuvo suficientes fondos para pagar el aguinaldo completo al personal policíaco de alta, aunque ha graduado más agentes que las administraciones anteriores.

Armas y narcomenudeo

Dall’Anese expuso que Guatemala está presionada por el crimen organizado en varios frentes, que no sólo incluyen el tributario. Por un lado, los carteles colombianos entregan droga a los mexicanos en el país, como en el resto del Istmo. Las transacciones implican fuertes operativos de seguridad y empleo de armas de grueso calibre. Son armas que no sólo vienen desde EE.UU. y México, como lo ha reconocido el mismo presidente Álvaro Colom, sino que también salen del territorio guatemalteco hacia otros destinos. El comisionado dijo que “Guatemala es el principal exportador de armas en la región, [aunque] no fabrica armas”. Algunas evidencias indican que la única fuente posible de estas armas puede ser la Industria Militar Guatemalteca.

En abril de 2009, después de que cinco policías fueron asesinados en una bodega alquilada por el grupo de narcotráfico los Zetas en Amatitlán, las autoridades encontraron en el interior por lo menos 500 granadas y miles de municiones para fusiles en cajas con el logo “IMG” (Industria Militar Guatemalteca). También hallaron minas terrestres de fabricación militar, así como dispositivos control remoto para activarlas. Según el ministro de Gobernación Carlos Menocal, por lo menos un fusil incautado tenía un registro que permitió establecer que fue comprado por el estado guatemalteco durante la anterior administración (2004-2008).

Por otro lado, Dall’Anese dijo que el excedente de cocaína que no entra a EE.UU. se queda en Centroamérica y tiene relación directa con el “incremento en el consumo y la adicción a las drogas  en el mercado local”. También influye en el aumento de crímenes relacionados con el narcomenudeo—por parte de los adictos o los vendedores. El presidente Álvaro Colom ha dicho que el 41 por ciento de la violencia tiene relación con el narcomenudeo.

Aunque Guatemala, El Salvador y Honduras (triángulo norte) parecen más vulnerables en este sentido, por su cercanía con México, en 2008, el resto de Centroamérica registró un incremento de ventas de drogas para consumo local. Según el informe del BM, el 31 por ciento de los adultos encuestados en Costa Rica observaron la venta de drogas en sus vecindarios. En Nicaragua y Panamá fue el 18 y 21 por ciento, respectivamente. En el triángulo norte, los porcentajes oscilan entre un 10 y 12 por ciento.

El narcotráfico no es gratuito. El comisionado recordó que en Guatemala el Estado no tiene el monopolio sobre la violencia “pérdida del monopolio sobre la violencia”. Además, ahora Guatemala figura en cuarto lugar del “top 5” de países más violentos en América Latina, de acuerdo con el informe del BM. En Centroamérica, es el segundo después de El Salvador. Y entre violencia, ausencia de instituciones de seguridad sólidas y sin recursos fiscales, la otra orilla de convertirse en un narco-Estado no se vislumbra tan lejana.

 

 

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