Prisión para jefes policiales del régimen de Mejía Víctores

Tras un juicio exprés de apenas cuatro días, el Tribunal dio validez a los testimonios que implicaban a los dos jefes policiales, así como a los 600 documentos resguardados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y en el National Security Archive presentados por la fiscalía.

Bol de la Cruz, de 73 años fue capturado por primera vez en junio de 2011 en El Progreso, Jutiapa. Fue ligado al proceso por la desaparición de Fernando García, y se le otorgó arresto domiciliario. El 5 de septiembre, fue capturado nuevamente y llevado a prisión.

Éste fue el segundo juicio celebrado por la desaparición de García, puesto que en octubre de 2010 fueron condenados a una pena similar los ex agentes de la Policía Nacional Héctor Ramírez y Abraham Lancerio Gómez.

Fernando García, esposo de la hoy diputada Nineth Montenegro, fue detenido el 18 de febrero de 1984 en la Zona 11 capitalina cerca del mercado El Guarda, por elementos del 4° Cuerpo de Policía que realizaban un operativo de “limpieza y patrullaje”. García era estudiante de la Universidad de San Carlos y trabajador de la planta de mantenimiento y servicio Cavisa. Era también un reconocido líder sindical, miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios y del Partido Guatemalteco de Trabajo, en ese entonces el ilegal partido comunista.

En ese operativo fue herido de bala un compañero de García, Danilo Chinchilla, quien fue ingresado al hospital Roosevelt. Chinchilla fue el único testigo presencial de la captura del estudiante. Antes de ser desaparecido, éste logró grabar un audio en el que narraba el suceso. Grabación que resultó fundamental en esta sentencia. Fernando García fue conducido a la sede del 4° Cuerpo de Policía. Este hecho fue admitido por el acusado Jorge Alberto Gómez, aunque en su declaración afirmó que el líder sindical había sido capturado en un bar de la Zona 8 con una pistola 9 mm. Gómez agregó que el detenido fue entregado al ejército.

También se presentó una edición del programa de televisión “A Fondo”, en el que el periodista Haroldo Sánchez entrevista a Miguel Ángel Ramírez Espino, quien en 1984 fuera tercer comandante del 4° Cuerpo de Policía. En este documento declara que efectivamente, Fernando García fue trasladado a esa sede policial por considerarlo sospechoso y subversivo. En horas de la noche, agrega el policía, hombres armados a bordo de una panel blanca, elementos de la sección de inteligencia del ejército, la G2, se reunieron con el jefe del 4° Cuerpo y se llevaron a Fernando García.

El paradero final del estudiante se desconoce. Sin embargo, su nombre y su fotografía aparecen en el diario militar, documento descubierto por Kate Doyle, directora del National Security Archive. En esta lista de 183 personas desaparecidas entre 1983 y 1985, Fernando García aparece junto a su seudónimo, Xicara, el número 33 y una cruz.

Desde ese 18 de febrero de 1984, su esposa, Nineth Montenegro realizó incontables intentos por conocer el paradero del estudiante. Junto con otras mujeres cuyos esposos o hermanos fueron desaparecidos, entre ellas, Aura Elena Farfán, Rosario Godoy y Beatriz Velázquez, Montenegro fundó el Grupo de Apoyo Mutuo para conocer su paradero. La detención y desaparición de Fernando García se produjo en el marco de una operación sistemática de eliminación de líderes estudiantiles, sindicalistas y miembros del PGT ocurrida en 1984. Esto ha quedado establecido en documentos desclasificados de la embajada norteamericana, y en numerosos documentos del Archivo de la Policía. Otro crimen de esta política de exterminio fue el asesinato del decano de la Facultad de Economía de la USAC, Vitalino Girón.

La defensa de los acusados únicamente presentó una prueba de descargo, ningún perito y ningún testigo. La prueba fue un libro, que la defensa presentó como un manual de derechos humanos, que recoge órdenes de la policía para que no violenten los derechos humanos. Este documento no fue presentado durante el debate oral.

Una última y agitada conferencia de prensa

En la pequeña sala de audiencias del Tribunal A de Mayor Riesgo, atestada de familiares de los reos, periodistas y miembros de asociaciones de la sociedad civil, reinaba el silencio. Sólo la voz de Yassmín Barrios se hacía escuchar. En realidad, nadie esperaba otra sentencia que la que se estaba leyendo.

“El daño ocasionado es de carácter irreparable, rebasa todo nivel de entendimiento humano. Madre, esposa, hija, y toda la familia de Edgar Fernando García han pasado 29 años de sufrimiento, interponiendo recursos, tratando de encontrar el paradero del desaparecido sin obtener resultados (…) No hay palabras suficientes para describir el dolor experimentado por los familiares de las personas desaparecidas que viven día a día esperando el regreso de una persona que posiblemente ya no exista, sin tener respuestas, y manteniendo la ilusión de su regreso, un regreso que nunca llega”, leyó la juez Barrios, después de imponer una pena de 40 años de prisión a ambos acusados.

La juez ordenó al Ministerio Público (MP) proseguir las investigaciones para juzgar a otros implicados en la desaparición de García, y al Ministerio de Educación y al de Cultura a realizar un documental pedagógico para reivindicar la memoria de las víctimas de desaparición forzada, para “enseñar a la niñez y a la juventud a valorar más la vida y a respetar las diferentes formas de pensar”.

Mientras leía la sentencia, Walter Robles, abogado de Bol de la Cruz, mostraba una hoja de papel a los periodistas presentes, que decía “queremos hacer una declaración”. La juez concluyó la lectura de la sentencia y pidió que los sentenciados fueran retirados. Ya fuera de la sala de audiencia, Walter Robles, junto a su colega Marco Antonio Rossell y los sentenciados Héctor Bol de la Cruz y Jorge Alberto Gómez, improvisaron una breve conferencia de prensa.

Walter Robles afirmó que apelarían la sentencia ya que el “tribunal es incompetente, inconstitucional e ilegal”. Expresó, como ya lo había hecho en la fase de conclusiones, que según el Estatuto de Roma aprobado por el Estado de Guatemala, “el único tribunal competente para analizar un caso de lesa humanidad como la desaparición forzada es la Corte Penal Internacional”, la cual, agregó, sólo puede enjuiciar al jefe de Estado en funciones cuando ocurrió el delito, y no a una persona dentro del mando policiaco.

Mynor Alvarado, representante legal del Grupo de Apoyo Mutuo, querellante adhesivo en este proceso, calificó el argumento de Robles de “genialidad”, obviamente de forma irónica. “Es una barbaridad decir eso, no sé de donde viene, no sé si fue engañado, pero refleja su gran ignorancia del marco legal”, declaró Alvarado.

Walter Robles agregó que la desaparición del “joven Fernando García” se dio en el contexto de la Guerra Fría. “Si la señora juez quería protagonismo, tenía que haber tenido aquí a los presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética que son los que, a través de sus ideologías, nos mataron a tantos guatemaltecos”. Agregó que la Ley de reconciliación nacional amnistiaba los crímenes políticos cometidos durante el conflicto armado, y puso en duda la autenticidad de los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional.

Héctor Bol de la Cruz tomó la palabra y empezó diciendo: “Soy inocente. La cadena de mando que yo obtuve termina con el ministro de Gobernación hasta el presidente”. Explicó que la juez se había desquitado en él por la anulación de la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt. “Es un caso político, ideológico, y de dinero el que se llevó a cabo” añadió el exdirector de la Policía, antes de acusar a Nineth Montenegro, “la dueña del Congreso”, y a Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de haber “hecho de esto un negocio”.

En ese momento, se dio un forcejeo entre los abogados de Bol de la Cruz y agentes del Sistema Penitenciario que tenían la orden de trasladar al reo. “Ustedes están libres, cobran un sueldo del Estado. Él está condenado injustamente”, espetó Walter Robles a los agentes uniformados que retrocedieron intimidados. “Vean cómo quieren llevar esto”, señaló a la prensa Bol de la Cruz, casi fuera de sí.

Finalmente, los reos fueron conducidos al sótano de la Torre de Tribunales. Momento en que apareció Nineth Montenegro para dar una breve declaración a la prensa. “Busqué a Fernando por años en centros policiacos, hablé con el ministro de Gobernación, con todos los jefes de los cuerpos policiales, con el director de la Policía. A todos les rogué. Yo quería seguir mi vida con mi esposo y mi hija. Eso no ocurrió, siempre me lo negaron. Inventaron muchas fantasías alrededor mío. Y lo digo sin rencor, se ha hecho justicia, para vivir en un país diferente en donde todos podemos tener pensamientos diferentes, soñar diferente, sabiendo que no nos van a secuestrar, torturar y desaparecer y hacernos la vida imposible por eso, y luego mancillar e insistentemente calumniar.”

Los últimos en abandonar la Torre de Tribunales fueron los familiares de Bol de la Cruz. Su hermana, aferrada a un crucifijo blanco que no soltó en toda la audiencia, lamentó la “parcialidad” del juicio. “Mi hermano no ordenó, ‘miren, agárrenme a Fernando García’. Él sólo dirigía a los uniformados, no a los que iban de civil”, expresó. “Él era guerrillero”, dijo en referencia al líder estudiantil, “¿Por qué no lo dicen claramente? Había un estado de sitio. ¡Tenían que respetar esas leyes! ¿Por qué no se calmaron?”

Los recién condenados guardarán prisión preventiva hasta que la sentencia esté firme; mientras, un juez de administración de las penas decidirá a qué centro penitenciario serán remitidos.

Terminó así el juicio en contra de Héctor Bol de la Cruz y su subalterno Jorge Alberto Gómez. Podría no ser el último que enfrenten, vista la ola de secuestros y desapariciones que ocurrieron mientras dirigieron a las fuerzas policiales durante el régimen de Oscar Humberto Mejía Víctores. Más de 145 mil, según el GAM, de los que sólo cinco han llegado a las salas de justicia.

Las investigaciones subsiguientes en el caso de la desaparición de Fernando García podrían apuntar hacia otros funcionarios del régimen de Oscar Humberto Mejía Víctores, como el ministro de Gobernación, Gustavo Adolfo López Sandoval, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Pablo Nuila Hub, el director de Inteligencia, Byron Lima Estrada, o el propio jefe de Estado, quien también ostentaba el cargo de Ministro de Defensa.