Hoy, en el Congreso de la República, se ha intensificado el debate para reformar la Ley de Zonas Francas con el fin de volver a extenderle los privilegios fiscales a un grupo de empresas que amenazan con que se van a otro país si no cedemos a sus exigencias. La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República ya dictaminó favorable la iniciativa de ley número de registro 5,174, que, según la SAT, de aprobarse, generaría una pérdida fiscal que crecería de 248 millones de quetzales en 2016 a más de 3,800 millones anuales. Es decir, el Estado sufriría una pérdida de recursos equivalente al 55 % del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social vigente en 2018 (Q6,897 millones).
Entre la pérdida de recursos públicos por la corrupción y los privilegios fiscales que gozan sectores empresariales como el de las zonas francas, el Estado guatemalteco está imposibilitado para cumplir sus obligaciones constitucionales más elementales. Sin salud, educación, seguridad ni infraestructura, la mayoría de la población guatemalteca continuará condenada a las tragedias de la pobreza, la desnutrición infantil, el subdesarrollo, la violencia y la discriminación.
Pero ¿qué tan importante es el sector exportador? En el pasado fue el sostén del sector externo de la economía, pero hoy no. Es un consumidor ineficiente de recursos fiscales y uno que ha perdido importancia ante el que hoy es el verdadero sector que sostiene el sector externo de la economía guatemalteca: los migrantes. Los datos oficiales de la balanza de pagos muestran que la contribución de la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) es deficitaria y que desde 2016 son las remesas que envían los migrantes las que han puesto la cuenta corriente de la balanza de pagos en posición superavitaria (pasando de un promedio de un déficit del -2.4 % del PIB en el período 2012-2014 a un superávit del 3.1 % del PIB en 2016 y del 3.9 % del PIB en 2017).
Además, las maquilas y las zonas francas son actividades económicas fiscalmente privilegiadas, que no rinden cuentas de los beneficios que reciben y que son opacas. Es el colmo que no haya un ente estatal que supervise y regule de forma estricta el número y la calidad de los empleos que alegan generar y que se supone que son la justificación social del tratamiento tributario discriminatorio que los beneficia a costa de daños al resto de los contribuyentes que sí pagan sus impuestos y de la ciudadanía en general.
No me parece justo que, por un lado, quienes se ven obligados a migrar por carencia de empleos de verdad y de gasto público en salud, educación y seguridad sean quienes sostengan el sector externo de nuestra economía. Mientras tanto, por otro lado, el Congreso y ministerios como el de Economía y el Gabinete Económico de Jimmy Morales fijan como prioridad extender los privilegios fiscales a las zonas francas regalándoles el 55 % del ya raquítico y paupérrimo presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con lo cual condenan a más y más guatemaltecos a migrar y a rellenar los boquetes de una economía con prioridades definidas de forma sumamente injusta.
Políticas económicas legítimas, incluida la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, buscan fortalecer el gasto público para frenar las causas de la migración, y no privilegiar fiscalmente a sectores como las zonas francas. En vez de actuar como procurador servil y rastrero de las zonas francas, el Ministerio de Economía debería imponerles controles estrictos y transparentes sobre los empleos que dicen generar.
¡No más privilegios fiscales!
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