El TIAR, instrumento creado en 1947, fue uno de los primeros marcos internacionales de defensa recíproca, aún anterior a la OTAN. El artículo 3 de este instrumento señala que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada país se compromete a ayudar a hacer frente al ataque.
El TIAR probó su fragilidad e inutilidad durante la guerra de Las Malvinas. La Argentina de la dictadura militar de Leopoldo Galtieri invocó en 1982 el Tratado, mientras la flota británica se aproximaba hacia las islas. Los Estados Unidos de América se negaron a aplicarlo y apoyaron al Reino Unido, aliado de ese país en el marco de la OTAN. Sin embargo, en 1983, los Estados Unidos invocaron el tratado para la intervención en Grenada. Lo mismo ocurrió después de los ataques del 11 septiembre de 2001.
Los países del ALBA no son los primeros en abandonar el TIAR. México, en 2002, durante la presidencia de Vicente Fox, denunció el Tratado al considerarlo obsoleto y una reliquia de la Guerra Fría. En la nota en la que la Secretaria de Relaciones Exteriores de México anunció su salida del TIAR, se indicó que ese país “buscará privilegiar un enfoque multidimensional de la seguridad”, en el que destacan la superación de la pobreza extrema y la desigualdad social, la protección de la salud pública frente a casos como el Sida y otras pandemias, la prevención de desastres naturales, el combate al crimen transnacional organizado y el terrorismo internacional, la acción concertada frente a las crisis económicas y la preservación del entorno ecológico.
La denuncia del tratado por los países del ALBA se produjo en la 42ª. Asamblea General de la OEA, dominada por el reclamo de reformas que encabeza el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Varios procesos e intereses se conjugan detrás de la denuncia del TIAR. Uno de estos intereses es el fortalecimiento de la UNASUR, espacio internacional que va ganando terreno, y que entre sus múltiples funciones incluye el intercambio de información y experiencias en materias de defensa y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Existe también un espíritu de revancha con los Estados Unidos de América, siempre presente en los discursos de los presidentes del ALBA, que acentúa la pérdida de influencia de ese país, y su separación con la región. Por aparte, Argentina aprovecha la coyuntura para construir ese consenso regional en su reclamación por las islas Malvinas, que la presidenta Fernández no consiguió en la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias.
Sin embargo, uno de los intereses estratégicos de los países del ALBA, tiene que ver con abonar el terreno para un eventual golpe de mano contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA que se ha convertido en un elemento incómodo para esos países, especialmente cuando tienen que sentarse en el banquillo de los acusados en razón de las violaciones a los derechos humanos y específicamente por la situación de libertad de expresión.
El presidente Chávez anunció en abril que Venezuela dejará la Comisión por considerarla un instrumento que Washington utiliza en su contra. El presidente Correa anunció que Ecuador está estudiando la misma posibilidad y finalmente el presidente Morales fue más enfático en señalar que la Comisión se enfoca en los países que no comparten las políticas de los Estados Unidos.
Tras muchos años de avances jurisprudenciales de gran importancia, el sistema de justicia interamericano se encuentra amenazado por las tensiones políticas de la región. Se pueden admitir algunas de las críticas, especialmente con relación al entorno a las organizaciones no gubernamentales que han convertido el litigio en un próspero negocio, pero las reformas que se anuncian debilitarán un sistema que ha privilegiado la defensa de los derechos humanos en situaciones de extrema precariedad para su vigencia. Si efectivamente se traslada hacia los Estados la potestad de establecer medidas cautelares, nos encontraremos frente a un modelo semejante al de la OIT, a la que simplemente le cabe expresar su frustración por casos de países que registran más de quince años continuos de violaciones a derechos laborales.
La reforma de la OEA debe ser una prioridad para la misma organización, pero no puede justificar debilitar un sistema de protección de derechos humanos, por imperfecto que este sea. ¿Acaso los gobiernos de izquierda del siglo XXI van a hacer realidad uno de los sueños de las dictaduras de los años setenta del siglo pasado, al desaparecer el sistema interamericano de derechos humanos?
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