Preguntas para reducir desastres

En la anterior columna traté de aproximarme a los derechos civiles. En esta, la gestión de riesgos es el tema central. Y mientras escribo, toneladas de peces y tortugas flotan muertos en el río La Pasión, envenenados con los agroquímicos utilizados en las plantaciones de palma africana. Acaso un recordatorio de que el mercado sin regulación es siempre un buen negocio, pero solo para unos pocos.

Para poner las cosas en contexto, los riesgos no pueden ser eliminados. De hecho, hay riesgos globales deslocalizados sobre los cuales no tenemos ningún control. Tampoco podemos conocer todos los riesgos, y lo que hacemos como seres humanos es priorizar aquellos a los cuales asignamos importancia en un momento dado.

En ese orden de ideas, es el Estado el responsable de promover una gestión de riesgos integral para toda la sociedad. Y aunque parezca redundante, es necesario insistir en ese mandato constitucional, precisamente porque la ideología neoliberal trata de ocultar las fallas del sistema y pretende hacernos pensar que las emergencias y los desastres son en realidad fracasos personales.

El neoliberalismo como ideología rechaza el ordenamiento territorial y cualquier forma de regulación que genere costos por el uso de recursos estratégicos como el agua o el suelo. Asimismo, el culto a la propiedad privada, como auténtica religión, impide que el suelo sea ordenado y utilizado para evitar catástrofes como la ocurrida en Panabaj, Sololá (2005).

Por lo tanto, propongo algunas preguntas necesarias sobre gestión de riesgos para candidatas y candidatos:

1. En Guatemala, el ordenamiento territorial es casi inexistente. ¿Qué acciones implementará para reducir el riesgo de desastres mediante el ordenamiento en el uso del suelo?
2. ¿De qué manera piensa vincular el ordenamiento territorial nacional al que deberían realizar las municipalidades? ¿Qué papel jugaría la Segeplán en ese proceso?
3. Si se requiriera la expropiación de tierras para construir o reparar una carretera, ¿está usted de acuerdo en retribuir solo el valor que ha sido declarado en el registro de la propiedad?
4. En Guatemala, las normas para la construcción sismorresistente son utilizadas solo si la empresa constructora tiene la buena voluntad de hacerlo. ¿Garantizaría usted que esas normas se convirtieran en ley y que su incumplimiento se constituyera en un ilícito penal?
5. La base para la reducción de riesgos es la planificación estatal del uso de recursos estratégicos como el suelo y el agua. Esa planificación debe acompañarse de regulación y sanciones para quienes generen riesgos o produzcan desastres. ¿Cómo piensa regular los riesgos generados por empresas constructoras, que producen y venden alimentos o que contaminan cuerpos de agua?
6. En su conjunto, los accidentes tienen un costo social mucho mayor que el de los terremotos, los huracanes o las erupciones volcánicas. ¿Cómo piensa institucionalizar la epidemiología de los accidentes? Y en particular, ¿cómo piensa reducir los accidentes en el trabajo?
7. En Guatemala no existe regulación efectiva del transporte de materiales peligrosos. ¿Qué medidas son necesarias para reducir el riesgo de accidentes químicos, biológicos o radiológicos antes de que ocurra una tragedia?
8. La Seconred (Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) es una de las pocas instituciones públicas que se ha desarrollado de manera consistente desde su fundación. Sin embargo, la gestión de riesgos también debe impulsarse desde los consejos de desarrollo, las municipalidades y cada sector gubernamental. ¿Cómo piensa fortalecer la institucionalidad para que la gestión de riesgos sea parte de cualquier proyecto de inversión pública o privada? ¿Cómo piensa reducir los enormes niveles de riesgo existentes en los asentamientos urbanos?

Sin duda, puede haber muchas preguntas. En mi opinión, los temas sensibles son la regulación de actividades privadas generadoras de riesgo, la prevención de riesgos en proyectos públicos o privados y la capacidad del Estado para intervenir en el uso del suelo y del agua. Del mismo modo, debemos tener en mente que Guatemala no cuenta con una norma de sismorresistencia de carácter obligatorio. Tampoco contamos con una ley marco de ordenamiento territorial ni con una ley que regule el uso del agua.

Sin dejar de reconocer los logros institucionales, es indispensable hacer ver que el riesgo que ya existe es abrumador. No esperemos a que ocurra otro desastre para hablar del tema.