El señor Reynoso y su hija Topacio han sido conocidos dirigentes del movimiento de resistencia contra la minería en la región. Con excepción de una breve nota, en páginas interiores de un diario, la noticia pasó desapercibida.
Desde hace más de un año, la región sur de Jalapa y norte de Santa Rosa experimenta un alto nivel de conflictividad social, debido a la instalación –en contra de la voluntad de la población– de una empresa minera de capital mixto canadiense-estadounidense. En mayo del año pasado, el gobierno decretó un estado de sitio en los cuatro municipios de la región, aduciendo proteger los intereses del proyecto minero. No obstante, desde antes de que se decretara el estado de excepción, hasta la presente fecha, las protestas populares contra la actividad extractiva han persistido.
En ese contexto destaca también el asesinato, en marzo de 2013, de uno de los principales dirigentes del Parlamento Xinca, Exaltación González Ucelo, así como la persecución que han sufrido otros dirigentes sociales, identificados con la resistencia anti extractiva. Más recientemente, ha ocupado titulares de prensa el proceso penal que se desarrolla contra el ex responsable de la seguridad de la minera, a quien se le sindica de haber ordenado a los guardias privados de la empresa disparar contra personas a quienes se consideraba contrarias a sus actividades.
Topacio Reynoso y su padre, quien se encuentra aún en estado delicado, son las dos víctimas más recientes de una espiral de violencia que parece no tener fin, en donde las autoridades gubernamentales han adoptado sistemáticamente una posición de defensa de los intereses comerciales de las compañías mineras transnacionales, ignorando varias decenas de consultas populares, que han rechazado abrumadoramente la instalación de proyectos mineros, no únicamente en la región mencionada, sino en muchos otros lugares del país. Además de los costos en términos de daños ambientales y de la falta de sostenibilidad de dichos proyectos, el actual marco jurídico que pretende regular la actividad de empresas extractivas en nuestro país, se inserta, desde una lógica eminentemente neoliberal, en un sistema que privilegia el interés de las empresas privadas transnacionales, que permite que las mismas lleguen a sustituir y llenar los vacíos de las instituciones estatales, a cambio de regalías que mejor deberían de calificarse como limosnas, y del jugoso pago de comisiones y exacciones a numerosos funcionarios públicos. Todo ello conlleva no sólo el absoluto desprecio a la voluntad popular, sino también a la vida de miles de seres humanos que, como Topacio, sólo luchan por la defensa del territorio, de los bienes naturales y por una Guatemala justa y solidaria, con oportunidades de desarrollo para todos sus ciudadanos y ciudadanas.
La muerte de la joven poeta, música, estudiante destacada y activista Topacio Reynoso debe ser esclarecida. Debe consignarse y procesarse a los autores materiales e intelectuales responsables de este vil asesinato, e imponérseles las penas que estipule la ley. Pero más allá de ello, el sacrificio de Topacio debe verse recompensado algún día no muy lejano, cuando nuestro país llegue a ser algo parecido a lo que ella y otras miles de gemas jóvenes, anónimas e invaluables han soñado.
* Politólogo graduado en la Universidad de Viena, Austria. Escribe sobre temas de DDHH, Seguridad, Justicia y Paz, así como análisis político nacional e internacional. Profundamente comprometido con las transformaciones estructurales que necesita nuestro país
Más de este autor