¿Por qué es absurdo recortarle 20 millardos al presupuesto?

Supongamos que Pérez Molina, Baldetti y todos los culpables de La Línea, el caso IGSS-Pisa, el bufete de la impunidad y demás estructuras criminales que hoy hacen noticia son condenados, que las leyes y los mecanismos de prevención y castigo para la corrupción funcionan. Entonces, ¿qué sigue?

La corrupción no es el único problema. Y me atrevo a decir que no es el más grave. La pobreza y la exclusión son problemas muy serios que requieren de la intervención de un Estado que no solo sea honesto, sino además efectivo y eficiente. Ese Estado funcional y transparente requiere prioridades de gasto público bien definidas y disponer de recursos suficientes. Es decir, por mucho que no nos guste y no convenga ahora, debemos discutir sobre impuestos.

Estoy de acuerdo en que, para decidir cuántos impuestos pagar y el tamaño del presupuesto, se requiere un combate efectivo de la corrupción. Pero erradicar la corrupción no es un proceso ni rápido ni fácil. Entonces, en tanto alcanzamos metas de transparencia, ¿negamos salud, educación, seguridad e infraestructura a quienes no pueden pagar servicios privados? ¿Abandonamos a niñas y niños a la migración o a la delincuencia al expulsarlos del sistema de educación pública por falta de presupuesto? ¿Paramos totalmente la inversión pública?

No es un problema fácil de resolver y requiere un enfoque sistémico que supere desafíos técnicos y políticos. La erradicación de la corrupción es un proceso que se logra limpiando el gasto público en ejecución.

Me parece absurdo que por un lado hayamos suscrito como país los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que por otro se proponga recortar el proyecto de presupuesto para 2016 llevándolo de 72 a 52 millardos de quetzales, la recaudación tributaria esperada. Para empezar, los ingresos corrientes esperados, aun si no se hace nada, serán de 58 millardos de quetzales, lo cual evidencia que quien hizo la propuesta ignora que hay ingresos corrientes que no son tributarios. Incluso un recorte de 14 millardos para llevarlo a 58 millardos, un escenario de déficit fiscal cero (es decir, sin endeudamiento público adicional), significaría paralizar la inversión pública, despidos masivos, desabastecimiento hospitalario aún más grave que el actual y expulsión de más estudiantes por falta de presupuesto. Solamente alguien que no necesita de la intervención estatal podría apoyar este escenario. Pero ¿y los que necesitan de un Estado funcional y transparente y no pueden acceder a servicios privados?

¿Esto es lo que queremos? ¿Esta es la lucha legítima contra la corrupción?

Se ataca al Icefi culpándolo de ser una entidad que propugna presupuestos ilimitados. Esto es falso. Lo que el Icefi propone es hacer un ejercicio con dos tareas: la primera, peinar todo el presupuesto para suprimir gastos superfluos y espurios, que sí que los hay y que deben eliminarse; la segunda, restituir y, si es posible, incrementar el presupuesto en rubros clave como salud, educación, seguridad e infraestructura, con una prioridad especial del gasto público dedicado a la niñez y la adolescencia. De este ejercicio puede resultar una recomendación técnica de reducir, mantener o incrementar el techo de 72 millardos propuesto por el Ejecutivo. Lo que puedo asegurar es que el resultado no será un recorte de 20 millardos.

Una lucha contra la corrupción sustentada y democrática debe inclinarse por el análisis técnico y el debate del país que queremos, del presupuesto que se necesita.

Nuestro esfuerzo ciudadano contra la corrupción no puede estar basado en medidas absurdas e irresponsables. Debe ser serio y maduro.