Hace casi un mes, en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, ocurrió un hecho que me deja helada: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural fueron desaparecidos, 6 muertos (3 de ellos normalistas) y 19 heridos, todos ellos a manos de agentes estatales. A casi un mes no se sabe nada de los desaparecidos.
Muchas voces se han unido y denunciado este crimen de Estado en contra de la comunidad normalista que se ha caracterizado por sus luchas por la educación pública y en contra de las llamadas reformas magisteriales que buscan desaparecer el poder transformador de la educación. Carlos Fazio, de La Jornada, bien dijo que esto “no se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista (…) hacia los estudiantes normalistas”.
El Estado mexicano ha negado el hecho y sigue ocultando el paradero de los 43 estudiantes. Dentro de todo esto, interesa recalcar que no se trata de un hecho aislado. Es parte de las lógicas de poder que imperan y configuran el sistema, no solo en México, sino también en Guatemala y en muchas partes de América Latina. Existen mecanismos diversos para desaparecer todo aquello disfuncional al régimen de dominación.
Fazio lo ilustra así: “La figura de la desaparición, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente que, entre otras funciones, persigue la diseminación del terror”.
Utilizar la institucionalidad del Estado para perseguir, reprimir, desaparecer, torturar y asesinar a su propia población es algo asqueroso pero que tampoco es ajeno a nuestra historia y que además ha caracterizado a los gobiernos de Enrique Peña y Otto Pérez. Recordemos la violencia y la represión que sufrió la comunidad normalista en Guatemala en 2012 con demandas similares a las mexicanas.
Y es que la educación es una víctima más a manos del neoliberalismo que ha buscado convertirla en una mercancía más. La educación pública está en el olvido, cada vez con menos presupuesto, más privatizada. La educación es ahora otro dispositivo para producir individuos dóciles y funcionales al sistema; con el individualismo y la competencia como banderas. Ya no busca formar ciudadanos que se interesen por lo común, sino emprendedores que persigan el éxito individual. Y está claro que esta lógica perpetúa la situación de la población excluida y marginada, las desigualdades.
El gobierno mexicano tiene que responder por estos crímenes. No nos tragaremos la culpa que le quieren echar al narcotráfico para lavarse las manos, tal y como aquí también ocurre (sumando otro actor para explicar cualquier hecho: las maras). Así como en México, en Guatemala también hay responsabilidades que se ocultan y personajes que se encubren detrás de este tipo de hechos criminales.
La invitación es para este sábado 25 de octubre para otro plantón frente a la Embajada de México en Guatemala (ayer hubo uno en el marco de la Acción Global por Ayotzinapa) como muestra de solidaridad con el movimiento normalista y con los familiares y amigos de los afectados, y unirnos a las exigencias de devolver con vida a los 43 estudiantes y castigo a los responsables. Pero además, también es un grito por la situación no muy distinta que estamos viviendo en Guatemala.
Sigamos fortaleciendo nuestras voces para que lleguen cada vez con más ímpetu a esos que controlan al Estado y están dispuestos a callar las voces críticas, que cuestionan, denuncian e incomodan. ¡No vamos a seguir callando! No a la violencia de Estado ni aquí ni en México ni en ningún otro Estado. América Latina nos une en una dolorosa historia pero también en vientos fuertes de lucha que estamos respirando.
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