El próximo sábado 10 de diciembre se celebrará el primer aniversario de su trágica desaparición física. Desgarra el alma y colma de indignación, no sólo de su familia, amigos cercanos y de quienes la conocimos, sino de Guatemala entera, el solo pensar que sea un feminicidio más. De más impunidad.
Me han contado que el Ministerio Público sí está realizando la investigación, y que su familia y sus amigos apoyan ese esfuerzo. Su clamor es por justicia, no venganza. Piden el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la aplicación justa de la ley. Por honrar la memoria de la querida Emilia con justicia, que incluye que los responsables no continúen impunemente el círculo perverso y vicioso de la violencia y el crimen.
Tremenda responsabilidad la del Ministerio Público. Además de todas las formalidades constitucionales y jurídicas que establecen sus facultades y mandato, tiene en sus manos la posibilidad de procurar ese bálsamo mínimo a la herida eterna que dejó la desaparición violenta de Emilia. Es el actor clave, que quizá muchas veces sin saberlo o recordarlo, debe buscar reparación (la justicia), al dolor que deja una muerte en los corazones de quienes amaron, quisieron y conocieron a quien, de manera normal o común, no debiera haber perecido.
Pero por favor, no todo es tarea del Ministerio Público. Todos tenemos una parte. Cuando asesinaron a Emilia, ella trabajaba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), entidad que poco antes había publicado informes denunciando anomalías en el gasto ejecutado por el Consejo Departamental de Desarrollo y algunas municipalidades de Huehuetenango. Esto hizo pensar, casi desde el inicio, que el asesinato de Emilia pudo haber tenido motivaciones políticas, o represivas en contra de CEDFOG.
Sin embargo, como parte de toda investigación seria, no deben descartarse todas las posibles causas, incluyendo la denominada “violencia común”. Cuando se escucha esta explicación, en apariencia razonable, no está bien. No debemos considerar ninguna forma de violencia como “común”.
Quiere decir que la ciudadanía en general no estamos cumpliendo nuestra parte (como en este caso sí la está cumpliendo el Ministerio Público). No podemos, menos debemos aceptar algo tan inhumano y cruel como una “violencia común”. En el caso que las investigaciones revelaran que el asesinato de Emilia no se debió por el trabajo que CEDFOG realiza, es imperativo que esto no signifique una suerte de relajación, como que alguien suspire y diga “bueno, no fue un crimen político, sino fue una cuestión de violencia ‘común’”.
Allí está la tarea de todos. Este crimen, como cualquier otro feminicidio, o asesinato de cualquier persona, no debe dejarnos indiferentes o insensibles. Es nuestra tarea como seres humanos.
Emilia vive en la memoria y el amor de su familia y amigos. ¿Vive también en la sensibilidad humana de toda la ciudadanía?
El primer año luego de su muerte es evocador, porque coincide con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Emilia perdió su derecho humano fundamental en este día de reflexión mundial. No cabe duda del dolor y profunda emoción humana que aqueja a los corazones de quienes la quisieron, especialmente familia y amigos.
¿Que emoción morará en los corazones de los responsables de su muerte? Esta es una pregunta cuya respuesta corresponde a la justicia. El clamor de su familia y amigos.
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