Algunos ejemplos en formulación de políticas públicas:
En Francia, en 2006, se remplaza la Comisión de Planificación por el Centro de Análisis Estratégico, al cual se le agrega en 2013 la función de prospectiva. Trabaja bajo la dirección del primer ministro y asesora a los funcionarios. Publica sus trabajos (sin necesidad de que sean requeridos) y realiza seminarios sobre estos, precisamente para confrontar diferentes puntos de vista y análisis en torno a las decisiones económicas que debe tomar el país.
En Suecia y Noruega, la mayor parte de la formulación de las políticas es preparada por comisiones constituidas por expertos y representantes políticos que investigan para respaldar la formulación de la política propuesta. Publican los estudios para que sean conocidos por los actores sociales afectados en este proceso.
En el Reino Unido, la Strategy Unit, que depende de la Oficina del Gabinete, usa analistas para realizar una amplia gama de estudios orientados a políticas a solicitud del primer ministro. Los estudios se hacen públicos.
¿Y cómo lo hacen en Guatemala? Según el presidente de la República, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, para el tema de los salarios diferenciados, realizaron los estudios que respaldan esa iniciativa.
Me aboqué al Ministerio de Economía, amparado en la Ley de Acceso a la Información, y la respuesta fue que, si bien el Programa Nacional de la Competitividad (Pronacom), que depende del Ministerio de Economía, había realizado junto con el Ministerio de Trabajo un estudio para respaldar el salario de Q1 250, los responsables no eran ellos. Es decir, ¿utilizo un estudio y no me responsabilizo del instrumento para formular una política pública?
Con la paciencia del caso realicé la solicitud al Ministerio de Trabajo. ¿La respuesta? «Necesitamos 10 días más para poder entregar la información» (2 de marzo).
Llegado el 2 de marzo recibo la notificación. Resumiendo: «No podemos proporcionarle los estudios porque no los hizo el Ministerio de Trabajo, sino la Comisión Nacional del Salario a través de las comisiones paritarias, las cuales utilizaron la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares de 1998-1999 y luego pidieron una actualización a 2009». Por ende, debo abocarme al Instituto Nacional de Estadística (INE) para obtener los intangibles estudios. Pero…
¿Formulamos políticas públicas sobre la base de estudios realizados hace casi 20 años? ¿Se darán cuenta aquellos columnistas sobre qué base está sustentada la iniciativa que apoyan?
Y es que ese es otro problema de los formuladores y porristas de ciertas políticas públicas: apoyarlas sin probarlas. Eso sería una buena política: qué prueben una cucharada de su propia sopa. Más claro, que se propongan devengar ellos Q1 250 al mes.
¿Acaso no es más prudente utilizar la ENEI 2014, donde, por cierto, considerando únicamente el salario y las ganancias del primer empleo, el ingreso promedio mensual en el área rural es de Q1 345, superior a los Q1 250 que propone el ministro Contreras?
Si una persona no recibe el salario mínimo, la solución no es rebajarlo para que la empresa cumpla la ley, sino hacer cumplir la ley, según lo ha indicado el representante del sector empresarial.
Si al final existen los estudios, el ministro Contreras tiene la obligación de hacer transparente su gestión. Según esta entrevista, entre los minutos 9 y 10, él mismo reconoce que posee los estudios. No debería tener el temor de organizar seminarios para discutir sus iniciativas. ¿O acaso estamos ante una democracia aplastante?
«La insatisfacción con el Gobierno surge de su incapacidad de producir políticas económicas eficaces para el crecimiento y la inclusión».
Dani Rodrik
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