Políticas de drogas: regular para controlar

 Este diagnóstico ha sido consensuado por una serie de líderes latinoamericanos como César Gaviria, Juan Manuel Santos, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos y de cierta manera José Mujica; organizaciones multilaterales como la OEA; instituciones dedicadas a la prevención y rehabilitación, y una sociedad civil cada día más consciente. La materialización de este consenso está presente desde Uruguay a Colorado en un hemisferio que se está atreviendo a liderar el mundo. Sin ir más lejos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también se ha sumado con sensatez a este debate.

El fracaso de estas políticas ha sido producto de una serie de supuestos incorrectos y modelos de causalidad errados. Un excesivo gasto de recursos, que ha mostrado ser ineficiente, se suma a la enorme vulneración a los derechos de las personas traducidas en muertes, rehabilitación forzada y hacinamiento carcelario, pero, por sobre todo, en el aumento de vulnerabilidad de muchos que han sido empujados hacia un consumo desinformado, una estigmatización despiadada y a interactuar con el crimen.

Al centro de este debate se ha situado la despenalización del cannabis. En un informe publicado por The Lancet (2007), un equipo de científicos demostró cómo los daños causados por esta droga son mucho menores comparados con los de otras ya reguladas, como el alcohol y el tabaco. Los efectos más negativos han sido producto de las políticas y no de su uso. La OMS nos recuerda que el 90% de los consumidores de drogas ilícitas a nivel mundial lo hace de manera recreativa y con responsabilidad, lo que incluye principalmente a usuarios de cannabis, pero también de otras drogas como la cocaína.

Sin embargo, una reducida pero poderosa élite conservadora se niega a ser parte de estos avances y está pasando por alto lo que se vive en muchas poblaciones, donde el prohibicionismo les ha entregado millonarios recursos a criminales que hoy ahí reemplazan al Estado. Estas fuerzas conservadoras no basan sus acciones y argumentos en la evidencia, sino que en conveniencias políticas y morales, negándose a reconocer la vasta evidencia que muestra los efectos perversos del prohibir y castigar. Con ellas han construido terroríficas relaciones causales entre consumo y delincuencia para justificar los fracasos en seguridad ciudadana, y por medio del discurso de la mano dura, alimentar a las masas.

Regular las drogas es controlar una situación que está fuera de control. Desarrollar marcos y reglas del juego significaría abordar con seriedad una problemática que requiere eliminar el foco penal sobre consumidores y desarrollar una estrategia sanitaria basada en la reducción de daños, control de calidad, educación y prevención.

Todo esfuerzo para rehabilitar se anula cuando lo penal está de por medio. Además, la regulación del autocultivo reduciría los daños asociados a la salud y seguridad por medio del empoderamiento del individuo. Pero primero, necesitamos un Estado activo y sensato en la presentación de evidencia, que ayude a robustecer una sociedad libre e informada, que pueda decidir por medio de un debate honesto, un modelo regulatorio adecuado para nuestra realidad.

* Director de Asuntos del Sur y Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública.