Este es el título del libro que el Icefi presentó la semana pasada, con el cual se lanza a contribuir a la comprensión del ejercicio del poder de las élites económicas desde el estudio de la política fiscal.
Sin sumergirse en las disquisiciones académicas sobre qué es y qué no es una élite, el Icefi busca responder preguntas muy sencillas: ¿quién tiene el poder y cómo lo ejerce para decidir quién paga o no paga impuestos? Por ejemplo, ¿quién tiene el poder para lograr que se aprueben o no exenciones fiscales como las que gozan las maquilas y las zonas francas?, ¿quién tiene el poder para influenciar —si no controlar— el orden de las prioridades del gasto público en el presupuesto del Estado?, ¿quién tiene el poder para lograr que el Estado contrate deuda pública para financiar soluciones a problemas privados? o ¿quién tiene el poder para promover o bloquear la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, como evitar que se regule el secreto bancario con fines de fiscalización y control tributario?
El libro del Icefi presenta cinco capítulos y cuenta con estudios de caso para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Una vez más, el Icefi no pretende estudios a profundidad sobre la fiscalidad pública en estos países, sino que se concentra en mostrar, estudiar y analizar aspectos relevantes de la forma como se ha definido e implementado la política fiscal en los últimos 30 años en Centroamérica.
En el caso de Guatemala, el Icefi aborda la importante cuota de poder que el empresariado organizado ha tenido para acceder a —e influir significativamente en— las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que en las últimas décadas ha modificado y mutilado la legislación tributaria. Por otro lado, el Icefi estudia cómo en la década de los años 1990 el proceso de descentralización de la inversión pública en infraestructura estuvo muy ligado a los intereses de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en el sentido de facilitar el acceso a los contratos públicos, y cómo en los últimos 15 años esta acción resultó en el surgimiento de una nueva clase de contratistas de la construcción, con cuotas crecientes de poder económico, político y quizá hasta violento, en algunos casos posiblemente vinculados al financiamiento electoral espurio, al narcotráfico, al lavado de dinero y a otros ilícitos (¿una élite emergente?).
Los demás capítulos dan cuenta de cómo las élites económicas del resto de la región han ejercido cuotas importantes de poder para influenciar o controlar la estructura de los sistemas impositivos, manipular el endeudamiento público para financiar sus planes de expansión empresarial, cubrir pérdidas de la banca privada o expropiaciones, lograr la aprobación de cuantiosos privilegios fiscales o subsidios, etc. Es decir, este libro documenta cómo, en efecto, en las décadas recientes la política fiscal ha sido objeto de influencia o control por parte de grupos con poder económico, de manera que se ha desvirtuado la efectividad del incipiente desarrollo democrático en la región.
Pero quizá de lo más importante que nos deja el libro es que esta influencia es un fenómeno dinámico: cambia con el tiempo. Los hechos de la coyuntura así lo demuestran: la incapacidad de un grupo de empresarios para lograr que el Congreso les apruebe una ley de privilegios fiscales (la ley de promoción de inversiones y empleo) o la decisión que tomará la Corte de Constitucionalidad sobre el impuesto de telefonía.
La pregunta central ahora es: ¿qué rol estamos desempeñando las ciudadanas y los ciudadanos de Centroamérica para evitar este tipo de ejercicio de poder desproporcionado?
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