Positivo porque la vida de los niños que deben ser protegidos por el Estado, es normalmente invisible y la retención de esos informes colaboraba con ese silencio. En esta columna José Andrés Murillo, presidente de la fundación Para la Confianza, argumenta con fuerza en contra de un sistema donde “los niños que necesitan de la ayuda del Estado son enviados a pequeños campos de tortura infantil”. Desde la constatación del desastre llama a reaccionar ya, con temas concretos que están pendientes.
La palabra infancia viene del latín infans, que significa, literalmente, sin voz. El origen de esta palabra cobra un sentido tristemente original hoy en nuestro país. En Chile los niños y niñas no tienen voz, es decir: no tienen a nadie que los escuche y defienda cuando lo necesitan. Nadie.
No existe en Chile un verdadero sistema de protección de la infancia y promoción de sus derechos. Cuando un niño o una niña sufre una vulneración, en general entra en una maquinaria de re-victimización por parte del Estado, que parece no tener fin. Sólo piense en el caso de Yancarla, que murió a los 16 años el 2012, sin tratamiento adecuado, sin ganas de seguir viviendo (vea el reportaje de CIPER con su historia). Es vergonzoso e indignante, indigno de un país miembro de la OCDE. Por eso quiero pedir perdón a los niños y niñas de nuestro país. Nosotros debiéramos ser su voz y no lo hemos logrado.
Quiero pedir perdón a nuestros niños y niñas a nombre propio y a nombre de todos los adultos que no hemos estado a su altura para escucharlos, defenderlos, promover sus derechos, abrazarlos. Siento vergüenza de un Chile incapaz de poner de acuerdo a sus legisladores hace más de 20 años para crear una Ley de Protección a la Infancia, aspecto sobre el cual el Comité de Derechos de Infancia de Naciones Unidas ha llamado la atención a nuestro país en reiteradas oportunidades.
Siento vergüenza de mí mismo que, cuando me invitaron a la comisión de familia de la Cámara de Diputados, no fui capaz de, por ejemplo, convencer a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social de sacar de su proyecto de ley un amenazante artículo acerca de los deberes de los niños. Sus derechos son basureados: según el último estudio de la UNICEF en Chile, el año 2012 el 71% de nuestros niños y niñas dice ser víctima de algún tipo de maltrato (físico, psicológico o sexual). Grabe en su cabeza esa cifra por favor: 71% y corrobórela con en el estudio que está disponible en la web de Fundación para la Confianza (vea el documento). En Chile los niños no tienen derechos que sean efectivamente defendidos, y nuestros gobiernos y legisladores comienzan a hablar de sus deberes porque un cliché dice que “a todo derecho le corresponde un deber”. Es para llorar. Significa comprender la infancia no como niños y niñas, sino como futuros adultos, o adultos imperfectos hasta que puedan formar parte de la fuerza laboral y productiva del país. En el intertanto, que se las arreglen como puedan. Los niños tienen el derecho a ser niños y los adultos tenemos el deber de defender ese derecho con todos los recursos que sean necesarios.
Siento rabia e indignación cuando veo el Proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia ir de un lado a otro, desde el Senado a la Cámara de Diputados y siempre de vuelta al Bloque por la Infancia que hemos constituido un grupo de más de 300 instituciones que trabajan por la infancia. Llevamos mucho más tiempo que el digno, suplicando por una ley de protección con estándar de un país miembro de la OCDE. Nos piden conformarnos con una protección a la infancia que dependa de la secretaría de una subsecretaría de un ministerio. No, no estamos a la altura, no es lo que nuestros niños y niñas merecen.
Cuando nuestros niños y niñas han sido vulnerados en sus derechos, han sido abandonados, necesitan protección, una familia que los ampare, un Estado que los defienda, son nuevamente maltratados. Los escándalos que salen a la luz estas semanas no son escándalos del Sename sino de un país completo que es incapaz de proteger a sus niños. Los miembros de Sename luchan con muy pocos recursos por hacer milagros a favor de la infancia y nosotros, como país, los abandonamos. Hace varios años venimos leyendo en los periódicos que muchos de los hogares de Sename no cumplen con las condiciones básicas para acoger a los niños y niñas que lo necesitan. ¡Condiciones básicas! Un gran número ha sido cerrado y otros más lo serán por maltrato y abuso justamente de aquellos que debían cuidarlos, protegerlos, ampararlos, potenciarlos en su niñez. Esas noticias las venimos leyendo hace años y no hemos sido capaces de hacer prácticamente nada. Les pido perdón a los niños y niñas de mi país.
Los niños que necesitan de la ayuda del Estado son enviados a pequeños campos de tortura infantil. Pregúntese si no es correcta esta descripción luego de leer el informe que ha sido dado a conocer por el Poder Judicial y Unicef y las notas que ha escrito CIPER sobre todo el recorrido del informe.
El maltrato a la infancia tiene la triste característica de transformarse en tortura para toda la vida si no cuenta con alguien (una persona, un juez, un familiar, un Gobierno) que proteja, que sea capaz de transmitir que lo que sufrió es una injusticia y que busque justicia y reparación. Eso esperamos del Estado, pero también los esperamos de las familias. Niños y niñas vulneradas merecen una familia de acogida, no un orfelinato. Y si llega a un orfelinato, debe ser para buscar una familia.
Por último, pido perdón a nuestros niños y niñas porque no hemos logrado convencer a nuestras autoridades de crear lo mínimo: un organismo de Defensa de la Infancia o un Defensor de la Infancia, que sea autónomo y que cuente con recursos suficientes para poder investigar, defender, fiscalizar, proponer normas y leyes que busquen fortalecer los derechos de la infancia. Por ahora, los consumidores tienen más defensa que los niños y niñas cuando son vulnerados en sus derechos. Triste y vergonzosa realidad de un país mediocre, hecho el desarrollado.
* Publicado en CIPER, 15 de julio.
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