Esta semana se alcanza un año de incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar la vida y la integridad física de los habitantes de 18 comunidades indígenas aledañas a la mina Marlin, en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos. Mediante estas medidas se solicitó al Estado de Guatemala, entre otras cuestiones, la suspensión de actividades de la mina, así como adoptar medidas para prevenir la contaminación ambiental y proteger la vida de las personas, mientras se tomaba una decisión sobre el fondo del asunto. Hasta hoy, no solo no se ha movido un dedo para cumplir con las medidas, sino se ha dado claras señales de la defensa de oficio del Gobierno a los intereses corporativos: el proceso de elaboración del reglamento del Convenio169, ala medida de las corporaciones, es un botón de muestra.
El pasado 4 de mayo, José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó en una entrevista a la BBC, con relación a las medidas cautelares que solicitan la suspensión de la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, en Brasil, que la CIDH “hace recomendaciones que nunca son órdenes obligatorias para los países”, que “ningún país estaría violando ningún tratado al no cumplir con lo que la Comisión le pide” y dio a entender que los asuntos vinculados a derechos ambientales y de pueblos indígenas no deben ser tratados de la misma forma que los homicidios, torturas o ejecuciones extrajudiciales. (http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/05/110502_insulza_jc.shtml)
¿Se olvidará Insulza de que el derecho a la vida se viola también cuando a uno le privan del alimento, del agua, y de los medios con los cuales uno se los abastece? ¿Se olvida que ese es, nada más y nada menos, el contenido material de los convenios, y que si no se promueve, respeta y defiende, se incurre en incumplimiento? ¿Sabrá que hay un principio de interdependencia, que impide disociar unos derechos de otros? Y en ese orden, ¿que la vida se puede segar, tanto directamente, con un balazo “extrajudicial” o una lenta tortura, como silenciosamente, por inanición o contaminación? ¿Se enterará este señor traje-negro-y-corbata que el “bien común” de ese modelo de desarrollo, en nombre del que se llevan a cabo las concesiones, ha resultado vacío de contenido para comunidades rurales que continúan sumidas en la pobreza estructural, a pesar de las promesas de bienestar de los megaproyectos en marcha? ¿Por qué razones eludirá el hecho de que las medidas cautelares dictadas por la CIDH tienen qué ver con una práctica estatal, tan conocida como farsante —desde México hasta la Patagonia— de no llevar a cabo consultas, o de llevarlas a cabo tardíamente, con información parcializada e incompleta, sin consentimiento previo ni estudios de impacto? ¿A qué se refiere con que no se viola ningún tratado al no acatar las medidas cautelares? ¿Es que acaso llegó la hora de “colgar la toalla” con la vía del derecho internacional? Digo, si el más alto funcionario del máximo organismo internacional en América, da a entender que a pesar de una resolución de la CIDH se puede hacer lo que dé la gana, ¿es porque el sistema interamericano está de adorno?
En el papel al menos, está clarísimo que los Estados tienen obligación de respetar y garantizar los derechos, de adoptar medidas para hacerlos efectivos, y de cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas en la Convención Americana y la Carta de la OEA. Que Insulza lo soslaye, es otra cosa. Por eso, quiero enfatizar en el doble discurso de estos funcionarios del desarrollo, cuyas palabras y acciones muestran a todas luces su defensa del lucro por encima de la vida, en estas democracias de papel: son capaces de condenar a viva voz las muertes del pasado, pero se hacen de la vista gorda ante la muerte generada por el lucro del presente; se regodean hablando de desarrollo y bien común, en medio de un espectáculo de miseria estructural y de crudos y dolorosos relatos que expresan estas tensiones en las comunidades indígenas; defienden la importancia de las inversiones transnacionales, pero ocultan que gracias a su negligencia e incapacidad de exigir condiciones mínimas de horizontalidad en la negociación de beneficios nacionales ante las corporaciones, están hipotecando irremediablemente nuestro futuro.
¿Qué significado tiene el “desarrollo”, en esta situación regional de “jaque-mate” entre un modelo extractivo que no se considera someter a discusión ni revisión, y un derecho a la consulta que se usa formalmente, como “pase de entrada” a los territorios indígenas? ¿Tiene sentido hablar de esto en Guatemala, con este Estado que hoy no es más que una plaza de intercambios entre negociantes mafiosos?
Recomendación: si aún no lo han visto, “El Rapto de Sibö” es un excelente documental producido por la Universidad de Costa Rica, que presenta en una realidad concreta, esta racionalidad del lucro por encima de la vida. No se lo pierdan, en: http://www.youtube.com/results?search_query=el%20rapto%20de%20sibu&searc...
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