Este año, la OIT decidió dedicar a Guatemala un párrafo especial en su Informe. Este es un dudoso honor, que se aplica en aquellos casos que se consideran de gravedad extrema en torno a la falta de avances y voluntad política, así como de colaboración con la OIT.
El informe de la Comisión de Expertos que conoció este año la Conferencia Internacional del Trabajo, ya preparaba el camino a esta sanción, al afirmar que lamentaba concluir que el Gobierno de Guatemala no había demostrado “suficiente voluntad política para luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y para luchar contra la impunidad”.
Las actas provisionales de la discusión en Ginebra, dan cuenta que la OIT constató la persistencia de graves actos de violencia contra sindicalistas, la lentitud e ineficacia del sistema de justicia, y la falta de avances significativos en reformas legislativas, pese a que Guatemala ha recibido asistencia técnica específica. La OIT calificó la situación como de “impunidad prácticamente total”, y destacó “la insuficiente voluntad política del gobierno, que adolece de falta de claridad y efectividad”.
Otros estados han conseguido esta distinción en el pasado: Myanmar –anteriormente Birmania– lo recibió en 1999, por la generalizada situación de trabajo forzado, establecido bajo una dictadura militar. Nigeria, en ese mismo año, por prácticas antisindicales. Bielorrusia lo obtuvo en 2007 por la represión generalizada de un gobierno autoritario. En la región, en 2001 el turno fue para Colombia –país que antecede a Guatemala en muertes violentas de sindicalistas– y Venezuela, por limitaciones a la autonomía sindical.
El párrafo especial podría considerarse una sanción moral, sin efectos prácticos, dada la escasa discusión de materia laboral, la poca influencia del movimiento sindical, la casi nula difusión de los informes de la OIT, y la coyuntura electoral, que podría hacer que el tema pase inadvertido. Sin embargo, la solicitud presentada en agosto por los Estados Unidos, para la constitución del panel arbitral del DR CAFTA, se basa, entre otros elementos, en la libertad de sindicalización.
Durante la discusión en Ginebra, el representante del gobierno de los Estados Unidos ratificó su preocupación por la falta de avances en materia de libertad sindical y lucha contra la impunidad, y el representante de los trabajadores de ese mismo país fue quien solicitó que se incluyera el párrafo especial.
La decisión de la OIT favorecerá la solicitud de los Estados Unidos acerca de la conformación de un panel arbitral, que de por sí puede afectar el ingreso de productos de Guatemala al mercado norteamericano, sin olvidar los posibles perjuicios para el acuerdo de asociación con Unión Europea.
La OIT le ha solicitado al país remitir en 2012 una memoria detallada sobre todos los puntos tratados. Esta memoria deberá entregarse a la OIT en el primer trimestre del año, para ser conocida en junio. Parece razonable preguntarse si el nuevo gobierno podrá cumplir a tiempo con esta obligación. En todo caso, los tiempos de adaptación de los nuevos funcionarios públicos deberán reducirse.
Esta es otra área en la cual una transición ordenada entre administraciones se hace prioritaria, pues se trata de compromisos de Estado, no de gobierno, sobre un tema de gravedad, que toca a la lucha contra la impunidad y por cierto, la maltrecha imagen internacional del país.
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