Ayer, vecinos de la zona 6 capitalina y de Chinautla sufrieron una vez más el calvario de no encontrar medios que les transportaran a sus centros de trabajo o de estudio. Los transportistas dispusieron paralizar el servicio, acción de hecho que pretendieron respaldar como una forma de protesta por las extorsiones que deben pagar a los pandilleros y por las multas que las policías de tránsito les imponen.
Las extorsiones denotan la incapacidad, o peor aún complicidad de la Policía Nacional Civil y de las fuerzas de seguridad. Acá la de los autobuseros es una protesta que estimo justa y que debe ser atendida pronta y efectivamente por el Ministerio de Gobernación.
Pero la protesta por la aplicación de las multas de tránsito es una aberración a la que los guatemaltecos debemos decir “¡basta ya!”. He sido testigo y víctima de los atropellos y abusos que constantemente y desde hace demasiados años sufren los usuarios del transporte público de pasajeros, transeúntes y otros automovilistas, producto del descontrol y poder inaudito que ejercen impunemente los capos del negocio de las “camionetas”.
Toda persona que haya tenido la desagradable necesidad de abordar un bus en Guatemala sabe que no exagero. Da rabia e indignación lo que sufren las mujeres, que además del vejamen general, hay que agregar manoseos y toda forma de acoso por parte de los patanes de los autobuses. La protesta de ayer es una evidencia que todos estos abusos permanecen en la impunidad.
Impunidad que es compartida con cafres viales de todos los estratos socioeconómicos. Un buen número de taxistas y transportistas (pero no todos), o energúmenos del volante que al menor inconveniente vial desenfundan un arma de fuego. Por supuesto, los adictos a la adrenalina que cegados por su estupidez y egoísmo no comprenden que correr en las calles pone en grave peligro sus vidas y las de los demás (hasta se filman corriendo por la Avenida de la Reforma…). Y qué decir de los insoportablemente arrogantes y cobardes, que impunemente cubren con “protectores” las placas (como si fueran a derretirse con la intemperie).
Pienso que el respeto a las leyes de tránsito y orden vial es un indicador del desarrollo de una sociedad. El irrespeto a estas leyes castiga cruelmente a quien tiene menos recursos económicos, y privilegia de una forma brutalmente injusta a quien le sobran. Rechazo con indignación este sistema en el que la aplicación de la ley tolera tanto al que puede ocultar la placa del vehículo suntuoso con el que anda armado y corriendo por allí, como el que abusa de las mujeres que sufren día a día las camionetas.
Corregir esta vergüenza es una lucha en la que debemos seguir sin desfallecer. Muy especialmente porque nosotros mismos hemos logrado algunos avances, muy pocos sin duda, pero en la dirección correcta. Por ejemplo, se logró que a quienes les sobra el dinero para tener automóviles para correr, dejaran de hacerlo en las calles y lo hicieran en un autódromo. Y los sistemas “transmetro” y “transurbano”, aunque plagados de problemas e incluso corrupción, son una esperanza incipiente para la ciudad capital.
La protesta de ayer por parte de los autobuseros merece una sola respuesta: cumplir la ley. Esto significa por un lado capturar y juzgar a los extorsionistas, y por otro no sólo un NO rotundo a perdonar las multas, sino además endurecer las sanciones a todo aquel que viole la ley de tránsito, independientemente de su nivel socioeconómico.
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