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Panzós en la turbina
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Panzós en la turbina

Tiempo antes, a finales de 2010 según algunas fuentes oficiosas, la historia del país se había condensado en una reunión.
Los conflictos no son ni disimulables ni aislados. La PDH calcula que en Alta Verapaz se desarrollan alrededor de 530 disputas agrarias con causas similares pero de distinta intensidad.
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La historia como tragedia, y de nuevo como tragedia.

HOMICIDIO POR ARMA BLANCA. 23:20.
ALTA VERAPAZ informó que a las 17:00 horas, en la Finca Miralvalle del municipio de Panzós, fue localizado el cadáver de ANTONIO BEB AC, de 30 años, quien falleció a consecuencia de UNA HERIDA CORTANTE EN EL CRÁNEO, identificado por la hermana Juliana Beb Ac, manifestando desconocer el móvil de hecho.MÓVIL: Por establecer.
PERFIL: Por establecer.
PROFESIÓN U OFICIO: Jornalero.
TATUAJES: No se le observan.
EVIDENCIAS: No se localizaron.
SOLVENTE Y SIN ANTECEDENTES.

La noticia entró, inexplicativa, con frialdad telegráfica, en los archivos de la Policía Nacional Civil. Antonio Beb Ac había muerto. Jornalero. UNA HERIDA CORTANTE EN EL CRÁNEO. ¿A quién le importaba Antonio Beb Ac?

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La fecha fue el 15 de marzo. A las cinco de la mañana 512 policías se habían instalado con sus cuarenta y dos patrullas en las inmediaciones del ingenio Chabil Utzaj en el municipio de Panzós, en Alta Verapaz. Venían de varios departamentos del país. Los flanqueaban soldados del Ejército Nacional. El Ministerio Público rondaba también junto a autoridades judiciales en la zona. No era –el lujoso despliegue lo evidenciaba– una operación que se hubiera improvisado. Tensos algunos y comprometidos otros, todos orbitaban en torno a un mismo documento, un papel simple pero en aquel momento más influyente que cualquier tratado de la Revolución Francesa: una orden de desalojo que un juzgado de Alta Verapaz había emitido en los primeros días de febrero. Tenían que devolverle al ingenio 13 fincas que habían sido ocupadas. Y ordenadamente las fuerzas del orden público habían llegado ya allí para cumplir la orden. Ordenarse les había tomado algo más de un mes, según el portavoz de la policía. Comprender los caminos, a quiénes se enfrentaban, con qué recursos contaban sus adversarios, evaluar la situación, les había tomado algo más de un mes. Sin embargo, ahora debían saber que estaban ante  comunidades de campesinos –“no son comunidades”, me corregirá el portavoz. “A las cosas por su nombre. Son invasores”–, ante alrededor de 800 familias y 700 niños menores de cinco años, y sobre todo que la ley y el Estado y probablemente hasta la historia estaban de su parte.

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Tiempo antes, a finales de 2010 la historia del país se había condensado en una reunión. Carlos Widmann, terrateniente, propietario del ingenio Chabil Utzaj y cuñado del antiguo presidente de la República Óscar Berger, sostuvo una audiencia con la abanderada del Gobierno, la primera dama, Sandra Torres, y con el ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Trataron con cierta amplitud el asunto de la ocupación de las fincas del azucarero, discutieron los rumores acerca de la implicación del Ejecutivo en ella, y por fin, la idea que quedó en el aire fue que había que desalojar a los invasores.

No es posible saber si en aquel preciso momento el ministro Menocal sintió que le daban un martillo para que derribara de nuevo, él solo, todo el muro de Berlín. No es posible saber a ciencia cierta si el ministro, periodista él mismo y de los de raza, se acordó de las conminatorias e instructivas conferencias con que meses antes criticaba a los periodistas más acríticos, y les invitaba a aprender historia y a comprender cómo los oligarcas de apellidos rimbombantes se habían apoyado en el Estado –en sus instituciones, en sus leyes, en su lógica perversa- para adoctrinar y someter al resto de la población. Tampoco es posible saber –pero es probable que así fuera- si pensó que el nombre de Panzós era especialmente simbólico, si recordó sus propios años de activismo, si experimentó cierto sentimiento de traición: de estar en un lugar en el que no debía estar, de tener que hacer algo que antes nunca hubiera querido hacer, de soportar el vértigo de un cargo inesperado. Entonces, en aquella audiencia, según contó Juan Luis Font, el director de elPeriódico, en su columna de ayer, el ministro Menocal expresó una condición. (Poner una condición es una forma de no ceder del todo, de atemperar las emociones, de establecer reglas, de no rendirse a la primera. Es darse el placer de una victoria sentimental.)

Sus términos eran los siguientes: los desalojos sólo podrían llevarse a cabo si la orden venía firmada por un juez.

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La orden del juez se decretó en días en que los representantes del ingenio negociaban con las comunidades ocupantes para resolver el conflicto que arrastraban desde hacía años. Hacía ya tiempo que algunas instituciones del Estado, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, mediaban en los diálogos. Aunque otras, como la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, se ausentaban siempre o frecuentemente de las mesas, según la versión de los participantes, las conversaciones de alto nivel parecían contener desde que comenzaron a principios de año un ingrediente de esperanza y entendimiento. Había ofertas de compra de tierras para cosechar y había ofertas de reubicar las comunidades en otras parcelas. Un día antes de que las fuerzas de seguridad del Estado se desplazaran multitudinariamente hasta los confines de Chabil Utzaj y comenzaran el desalojo, la empresa y representantes de los campesinos todavía habían sostenido conversaciones. Así que la orden de desalojo tomó a los desalojados por sorpresa. “A los invasores”, corregirá el representante de la empresa. “Ahí no hay comunidades, sólo invasores.”

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“Notificar con antelación un desalojo sería como notificarle a alguien con antelación que tiene una orden de captura en su contra”, dice por teléfono José Maldonado, auxiliar del PDH en Alta Verapaz, para justificar que ninguna de las aproximadamente 800 familias supiera del desahucio. “Simplemente no se puede”, continúa. “Aquí estamos en materia penal, no civil. Esto son usurpaciones agravadas.”

Con Maldonado parecen estar de acuerdo las fuerzas de seguridad y justicia del Estado que se presentaron en las fincas, pero no las familias, ni las organizaciones campesinas, ni las entidades de la sociedad civil, que en sus protestas han subrayado acremente ese detalle. Tampoco su compañero Luis Enrique Monterroso, coordinador de la Unidad de Derecho a la Alimentación de la PDH, que se desplazó durante el fin de semana a Panzós para evaluar la situación, ni al parecer  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

En la Observación General nº7 se lee: “entre las garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran:  a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;  b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo”.

En el informe que debe entregarle al PDH, Monterroso afirmará que todo esto se incumplió de forma flagrante.

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Los conflictos por la tierra no son nuevos en el valle del Polochic pero es reciente su vínculo con industrias como la de la caña de azúcar. En 2005, el ingenio Guadalupe, que operaba en la costa sur, se trasladó a las fértiles tierras que están a orillas del río y tomó el nombre de Chabil Utzaj. Según su representante legal, Juan Widmann Roquer, se adquirieron 3600 hectáreas y arrendaron 1800 más. “Cuando empezamos a comprar”, indica, “vimos que todas las fincas que fuéramos a comprar tuvieran en orden sus documentos.  Eran fincas ganaderas, que no estaban dedicadas al cultivo de granos”.

En los años anteriores, el solo anuncio de que la empresa, azucarera pero con intereses en la producción de agrocombustibles, estaba expandiéndose al área de Panzós y la Tinta, en Alta Verapaz, y del Estor, en Izabal, detonó ciertos problemas. Con las esperanzas que tenían algunos propietarios de venderle las tierras a los Widmann comenzó a resquebrajarse el equilibrio precario en que vivían los dueños de las fincas, los mozos colonos y comunidades enteras de campesinos instaladas bajo la promesa, explícita o tácita, de que podrían obtener tierras si trabajaban gratis para el finquero, según documentó el Instituto de transformación de conflictos para la construcción de la Paz en Guatemala (Intrapaz), de la Universidad Rafael Landívar.

“A partir del interés del Ingenio Chabil Utzaj S.A. por comprar las tierras del valle del Polochic aptas para la siembra de caña de azúcar”, escribe Laura Hurtado, una de las personas que más a fondo ha estudiado la expansión de los monocultivos para agrocombustibles en el Polochic y la conflictividad derivada de ella, “los dueños de las fincas establecidas en la región procedieron ‘sanear’ sus propiedades y a retirar a los mozos colonos que durante generaciones enteras venían habitando y trabajando parte de dichas fincas, todo lo anterior para poder proceder a la compra-venta de las fincas. Estos procesos constan en los archivos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, pues fueron procesados –la mayoría de las veces— como ‘ocupaciones de tierra’, no obstante tratarse del reclamo legítimo de posesionarios y trabajadores de dichas tierras. La mayoría de las veces estos procesos desembocaron en procesos de negociación, concluyendo con la entrega de pequeñas porciones de tierras marginales de dichas fincas a los mozos colonos, en pago por ‘su tiempo’ (prestaciones adeudadas). Las desmembraciones de las fincas matrices en fecha anterior a la compra-venta, evidencian tales arreglos de los finqueros con sus ex mozos colonos. No obstante dichos arreglos, las comunidades reclaman derechos históricos sobre dichas tierras”.

Dado que los reclamos anteriores no han sido resueltos y que han surgido otros nuevos derivados, por ejemplo, del corrimiento de mojones por parte de algunas fincas sobre terrenos comunitarios, continúa Hurtado, las comunidades y grupos de campesinos regresan cada ciclo productivo a establecer sus milpas y los finqueros los desalojan con violencia, algunas veces acudiendo al Ministerio Público, en otras ocasiones de manera extrajudicial.

Los conflictos no son ni disimulables ni aislados. La PDH calcula que en Alta Verapaz se desarrollan alrededor de 530 disputas agrarias con causas similares pero de distinta intensidad.

Enfrentan, según las investigaciones de Intrapaz en el terreno, a comunidades del área rural con empresas nacionales (en esencia, Chabil Utzaj) e internacionales (en esencia, Palmas Ixcán) interesadas en adquirir grandes extensiones de tierra en áreas vitales para los campesinos; pero en torno a ellos pululan una serie de “actores periféricos”, organizaciones de asesoría o cabildeo con intereses propios en la zona. El Comité de Unidad Campesina (Cuc), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y la Fundación Guillermo Toriello son célebres por su atención y apoyo a los reclamos de las comunidades y por su activismo de los últimos días. Menos conocida y más sigilosa es la función que desempeñan a favor de las empresas las organizaciones Asociación para el Desarrollo del Polochic y Amigos del Polochic y sus vínculos políticos. Según Intrapaz, integradas ambas por terratenientes “aparentemente unidos con el propósito de defender la expansión del cultivo de caña en la región” (en el segundo caso también compañías mineras y palmeras), disponen de vías directas a los más altos despachos del Gobierno. El principal quizá sea uno de los personajes que invirtieron más dinero para financiar la victoria de Álvaro Colom en las pasadas elecciones, su ex ministro de Energía y Minas, el empresario Carlos Meany, socio de Maderas Alto, que colabora en las dos entidades.

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No es la primera vez que un desalojo deja víctimas de los tipos más diversos. No es la primera vez que eso sucede en tierras de los Widmann. Los registros de Laura Hurtado informan de conflictos verdaderamente frecuentes, es decir, no sólo de conflictos entre intereses, sino de choques violentos, desalojos forzosos, engaños y víctimas. El 30 de junio de 2008 cinco caballerías de la finca El Recuerdo, de Panzós, una de las que están esta semana en efervescencia, fueron desalojadas. “Al día siguiente”, escribe Hurtado, “una manifestación pacífica en Telemán fue agredida violentamente, un dirigente campesino herido de bala y dos dirigentes campesinas mujeres retenidas ilegalmente por personeros de Chabil Utzaj S.A. En 2009 volvieron a ocupar y sembrar un área más pequeña”.

El 11 de febrero de 2009, 600 policías ejecutaron junto al Ejército un desalojo en el que murió una persona y tres resultaron heridas. Hurtado no tiene certeza sobre si ocurrió en La Tinta, Panzós o Tucurú, o en resumen, si ocurrió en territorio de Chabil Utzaj.

Ese mismo año agentes de la PNC, acompañados por el MP y la SAA, se desempeñaron con violencia, según la investigadora, para ejecutar el desahucio de un grupo de campesinos que usufructuaba, con permiso, una caballería propiedad del ICTA en Panzós.  “Chabil Utzaj S.A. promovió el desalojo”, dice su informe.

En junio de 2009, establecen los registros de Hurtado, varias comunidades de Panzós ven cómo miembros de 500 familias son despedidos sin recibir el pago del último mes. “La empresa paga Q 40 por jornal, siendo entonces Q 52 el salario mínimo para labores agrícolas”.

El 2 de septiembre, la PNC desalojó con violencia, según Hurtado, a 25 familias de Panzós y Cahabón que arrendaban 5 caballerías al propietario anterior de la finca. “Éste no informó a los arrendatarios de la venta de la finca a Chabil Utzaj”, que pidió el desalojo, y destruyó los cultivos y los enseres de las familias campesinas. En aquella operación, una niña de 15 años fue agredida sexualmente, según la ficha de la investigadora, por tres miembros de la policía. Después de eso, se estableció mesa de negociaciones. Chabil Utzaj alentó en los campesinos la esperanza de venderle tierras; “luego se retractó. El conflicto sigue abierto”.

El último conflicto patente incluido en el resumen de Hurtado data del 12 de junio de 2010. Dice: “7.5 caballerías ‘ocupadas’. Se trata de mozos colonos que reclaman derechos sobre la tierra. Han vivido y cultivado la misma por generaciones enteras.  Fueron desalojadas de manera extrajudicial tras la venta a Chabil Utzaj en 2003, sin pago de prestaciones”.

Widmann, no obstante, también tiene sus quejas: “Me da risa que se diga que destruimos alimentos, cuando ellos destruyeron primero a los que ya habíamos dejado cultivar, con los que además tenían conflicto, ya que una vez amarraron a un señor, lo golpearon y lo dejaron amarrado 18 horas, como castigo. Ellos además quemaron 1800 hectáreas de caña nuestra lo cual representa una barbaridad y es una salvajada, mucho peor que quemar unas cuantas cosechas”.

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Donald González lo leyó por teléfono y me dijo simpáticamente: “contálas”. Según el parte de la Policía, la orden judicial de desalojo incluía las fincas Los Sauces, Los Recuerdos, Miralvalle, San Miguelito, Río Frío, Las Campanas, Bella Flor, San Pablo I y II, Las Tinajas, Quinich y Semau. 12 fincas. Si ordenó el desalojo, seguramente la juez Úrsula Magnolia Teyul Yat encontró en los documentos de propiedad de esas fincas razones para hacerlo. Pero hay en las tierras en conflicto circunstancias aún más confusas que las que caracterizan a estas doce. Hay territorios en los que ni quienes defienden la propiedad privada registrada por encima de todo, incluso a sabiendas de la precariedad del catastro nacional, tendrían una opinión clara. Hay lugares en los que la duda no es entre los derechos históricos o los de propiedad, sino sobre a quién le pertenece, porque aparentemente, en la superficie, en los documentos, no le pertenecen a nadie pero todos los reclaman.

En una aldea de Panzós –Telemán su nombre–, Chabil Utzaj y una treintena de familias Q’eqchi’ se disputan (o se disputaban; la información de Intrapaz es de 2009) un baldío de nombre insulso pero tierras fecundas y bien situadas. El Punto 15. En el universo de planos y mediciones que el Fondo de Tierras elaboró hace unos años, el Punto 15 no existe. No existe. O sea, no está. No fue medido ni incluido como parte del polígono. No está documentado ni legalizado aunque se encuentre dentro de una antigua propiedad de Martín Haeckel.

Puede parecer un detalle menor, pero tiene al menos las mismas consecuencias que la abolición del limbo. ¿Qué hacer con la gente que vivía ahí desde hace cuatro décadas, si ese “ahí” no existe? Y más difícil todavía, ¿cómo resolver un conflicto entre dos partes que se pelean por la nada? ¿Y cómo comprender que en ese lugar inexistente sucedan cosas y se diriman intereses?

Por ejemplo, que el 25 de abril de 2006 “el señor Widmann” se abalanzara según el documento de Intrapaz  con su helicóptero sobre los habitantes del lugar, y batiendo polvo y ruido, se bajara, caminara hacia ellos, y les conminara a que se fueran o llevaría los antimotines. O que con maquinaria pesada similar a la que ha usado esta semana para tumbar los cultivos abriera brecha para sus camiones, arrancara las bases de los mojones y dañara las plantaciones de maíz.

La investigación de Intrapaz explica que Widmann les ha ofrecido a los campesinos terrenos en otros lugares. El pacto parecería ventajoso pues en realidad se trata de dejar una dimensión inexistente por tierra firme. El miedo, sin embargo, es que los gastos de construirse otra vida en otra parte también tendrían existencia real y verificable.

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Si Juan Widmann Roquer afirma que cuando empezaron a comprar velaron por que todas las fincas tuvieran en orden sus documentos, el caso investigado por Intrapaz pone en entredicho que siquiera pudiera verificarlo. Pero hay más. Según el instituto de la Landívar, “aunque las condiciones legales de las tierras comunitarias son diversas (copropiedad, convenio de asentamiento y posesión sin respaldo legal) pareciera no haber diferencias sustanciales en la forma en que los empresarios se aproximan al problema, la cual se pudiera resumir en una evidente despreocupación por el marco de la legalidad y menos aún por los derechos históricos adquiridos por las comunidades".

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Juan Widmann Roquer devuelve la llamada. Está en Alta Verapaz en este momento. La historia es la siguiente:

-En el año 2006 el Banco Centroamericano de Integración Económica le otorgó dos créditos al ingenio -afirma Juan Widmann Roquer-: uno de inversión y otro de trabajo. (Más tarde, en otra pregunta, responderá: “Lo que se dice de que hubo tráfico de influencias porque obtuvimos el crédito en tiempo de Berger es una mentira. El BCIE da 9 meses para desembolsar pero con nosotros se tardó 23. La familia Widmann es gente honrada que ha demostrado ser decente y tener todo en orden”.) En el 2009, por la crisis, se detienen los créditos, surge la idea de que el proyecto no era viable y se interrumpe el financiamiento, además de que hubo mora en el plan de desalojo previsto. En el 2010, debido a la crisis, no se lleva a cabo la zafra. Se necesitaba de un financiamiento mayor y por eso el banco pide la búsqueda de un inversionista. Al tener detenida la producción, el banco anunció la subasta de las tierras. Sin embargo nosotros logramos que un juez detuviera ese proceso. El juez nos dio la razón, y además conseguimos un nuevo inversor. En septiembre del año pasado conseguimos un nuevo inversionista, que pondrá Q150 millones. Desde que empezamos operaciones en el valle del Polochic, la empresa ha invertido alrededor de Q500 millones.

–¿Cómo empieza el conflicto actual?

–En septiembre empiezan invasiones menores a las fincas. (La versión, poco desarrollada por Widmann aquí, pero certificada por otras fuentes, es que después del anuncio de subasta del ingenio, que no producía, grupos de campesinos se desplazaron hasta las tierras de la empresa con la esperanza de sembrar su subsistencia y de poder adquirir pequeñas parcelas para instalarse. Cultivan maíz, chile y frijol) Esta gente invasora tiene su casa propia y sólo llega a sembrar a nuestras tierras, motivados por los activistas radicales antisistema.

 Los procesos de diálogos comenzaron el 30 de junio de 2008, y los invasores asumen compromisos que no cumplen. Incluso han entrado a golpear a nuestros trabajadores, a nuestros guardias, a quienes les robaron armas, las cuáles hemos pedido que devuelvan y no lo han hecho. No nos dejan entrar a veces a donde trabajamos, impiden el paso. Ellos tienen que salir del terreno y volver al statu quo. A la mesa de diálogo se han integrado otros actores, la PDH, Asuntos Agrarios, Copredeh. La gente instigada por el Cuc, quienes son unos irracionales.

La propuesta que nosotros les hemos dado es que les vamos a dar tierras en lugares que no vamos a usar de la finca, con créditos. Esto ya lo hemos hecho con otros grupos y ha funcionado perfectamente, por lo que no sería justo que estas personas piensen en conseguir tierras gratis con la ayuda del Gobierno cuando los otros están pagando. A esta gente, los indígenas, hay que tratarlos con respeto y es mejor que a ellos les cueste, a regalarle las cosas, así lo aprecian mejor.

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Lo que ocurrió durante los desalojos no está nada claro.

Las organizaciones sociales aseguran que los Widmann daban órdenes y en cierto modo coordinaban la operación; y ven complicidad, afirma Iduvina Hernández, de la Convergencia por los Derechos Humanos, en el hecho de que les permitieran moverse con libertad antes de que concluyeran los procesos. También en que, según dice, los policías hayan dormido en las fincas, alimentados por Chabil Utzaj.

Widmann Roquer admite haber estado presente en dos de los desalojos, el martes, en Sauce Viejo y Miralvalle, y haber contratado “una cuadrilla para destruir las chozas”, pero no que los disfrazaran de policías y militares, como se ha dicho.

Ayer por la tarde, Ruth del Valle, la jefa de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos no sabía qué decir. “Vengo de un viaje y voy a reunirme para ver qué ha sucedido”.

La PDH, acusada por el movimiento social de no atender a las solicitudes de que se presentara, culpa a la PNC de haberle desinformado sobre las fechas y de que su observación llegara por ello un día tarde. “No los desinformaron”, corta Iduvina Hernández. “María Eugenia Morales (de la PDH) me escribió para decirme que estaban ya dos observadores en el terreno, lo cual no era cierto”.

Por su parte, las autoridades policiales aseguran que todo se desarrolló con normalidad. La PNC ha difundido un breve video con el que pretenden desacreditar cualquier versión contraria o crítica con su labor. Tienen más imágenes pero no las muestran. Se supone que son sólo para el ministro Menocal. El video es un documento cuya edición puede ser fiel pero también tramposa. Cualquier periodista sabe que no hay forma más sencilla y más convincente de falsear una historia que con una imagen. El mismo portavoz de la PNC ha de saberlo: se le dice que las organizaciones campesinas transmiten imágenes de personas con las piernas perforadas por el plomo y su respuesta es que  “serán fotos de otro lado porque allí no hubo heridos de bala”.

Si no se estuvo allí, no hay forma de estar seguro. Y pocos observadores imparciales estuvieron allí. Ninguno de ellos en todos los desalojos, que se desarrollaron simultáneamente en distintos lugares, contra la costumbre. Lo que pasa es que la costumbre, dice Donald González, es que no se ordene desalojar tantas fincas de una sola vez, en un solo documento.

Pero hay ciertos hechos que se conocen: un muerto, varios heridos; el último, Carlos Cuc Pol, de ayer mismo. Dos heridas de bala después de lo que parece haber sido un enfrentamiento con guardias de la empresa.

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Uno de los observadores que se presentó tras recibir la información que insistentemente y con urgencia llegaba a sus oficinas desde organizaciones sociales fue Carlos de la Torre, de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. De momento, la Oficina ha elaborado cartas que le ha mandado a los responsables políticos y a distintos interesados, pero sus impresiones no han sido públicas. Hasta mañana no se conocerán los resultados de su visita.

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En los días que siguieron, llegaron más observadores y organizaciones humanitarias. Durante el fin de semana, Luis Enrique Monterroso, de la unidad de Derecho a la Alimentación de la PDH, se trasladó por sus propios medios a conocer la situación de primera mano. Sus conclusiones no entran en el campo de la legalidad o de la ilegalidad, de quién tiene la razón en el conflicto y de a quién pertenecen las tierras, por registro o por historia.

Sus conclusiones beben de los testimonios recogidos –“no hay pruebas, pero todos coincidían hasta en los detalles”-: “Las familias suplicaron una hora. Se les concedió, pero a los cuarenta minutos, la maquinaria de la finca, los tractores pasaban sobre el grano”. Destruyen la milpa como una forma de reducción de la moral, insinúa. Se llama “represión antropológica”. La orden es del 7 de febrero pero no se ejecuta hasta que se acerca la cosecha. Se espera el tiempo suficiente para que las siembras estén cerca de la cosecha y entonces se las arrasa. Es una presunción, pero responde a un patrón bien establecido. En Panzós el daño psicológico es evidente. “El derecho a la alimentación fue violentado con premeditación”, afirma por teléfono. “Evaluamos a varios niños. Ninguno padece desnutrición aguda. Si en unos meses la sufre o incluso si mueren, la responsabilidad será del Estado”. “Al final algunos iban a desenterrar las mazorcas para tener algo de comer”.

Según Monterroso, el Estado violó varios derechos y convenios de Naciones Unidas. Las familias están a la orilla de los terrenos desalojados, sin agua, higiene básica, o medidas de resguardo, y se dispersan cada cierto tiempo huyendo de las intimidaciones de la PNC y de la seguridad de la finca. Quemar sus casas es una acción de intimidación violenta, pero no sólo: a él mismo y a un equipo de Acción contra el Hambre, asegura, les controlaba en todo momento alguna patrulla. La palabra que utiliza es “monitoreaban”. También los guardias de la finca.

El Estado, dice, debe darles las condiciones mínimas: asistencia legal, conocimiento pleno de la situación, un alojamiento. Es lo que procede en los desalojos forzosos. Más en el caso de que haya ancianos, mujeres y niños. Más, según los convenios ratificados por Guatemala, cuando se trata de una etnia indígena. “Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos.  En todos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho de propiedad”, dice la Obervación general nº 7 de Naciones Unidas. Las mujeres, en su mayoría, volvieron a quedarse sin casa.

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Antonio Beb Ac había muerto. La noticia entró, inexplicativa, con frialdad telegráfica, en los archivos de la Policía Nacional Civil. Jornalero.

UNA HERIDA CORTANTE EN EL CRÁNEO.

Las organizaciones de derechos humanos lo tildaron de ejecución extrajudicial. El representante legal de la empresa lo atribuyó a un tropiezo en el accidentado terreno y un golpe en la cabeza o a un machetazo de sus compañeros. El Ministerio Público, como la Policía, habló de una herida de arma blanca. En aquellas tierras onduladas en que corría Beb AC se dirimía algo más que la cosecha de una siembra de chiles, frijoles, maíz. Estaban en juego las relaciones de poder tradicionales, la estructura socioeconómica -grandes negocios, grandes extensiones de tierra fértil y de territorios con agua- y distintas formas de entender la justicia. Quizá también el financiamiento de campaña o acaso la no oposición.

¿A quién, después de todo, iba a importarle el simple Antonio Beb Ac?

 

*Andrea Tock contribuyó al reporteo de esta información.

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