De hecho, hace meses se rumoreaba que la primera dama, Sandra Torres, era la “elegida” para liderar la batalla por la UNE y sus aliados. Hace meses se especulaba que iba a haber un potencial divorcio de su pareja, el presidente de la República, lo que permitiría allanar su candidatura por el partido oficial. Sin embargo, cuando hace unas semanas esta posibilidad se hizo realidad, los opositores vociferaron que ha habido una cuantiosa inversión en promocionar los logros del Gobierno, aspecto que el mismo partido oficial, la UNE, ha dado razones para este argumento al delinear su estrategia electoral con el lema “La Mejor elección es seguir ayudando”, en alusión a los programas de Cohesión Social.
Desde una perspectiva realista, sin embargo, es potestad de todo Gobierno promocionar los logros de su administración, especialmente si —como alega el secretario de Comunicación Social, Ronaldo Robles— los medios de comunicación nacionales les son adversos. Lo difícil en este caso es diferenciar la propaganda institucional de un Gobierno, con la propaganda político-electoral de un partido, ya que en este segundo caso la línea entre el gobierno y el partido queda en entredicho.
El torpe manejo de las declaraciones de los funcionarios de Gobierno con las autoridades del partido ha contribuido a que exista una percepción real de uso de fondos públicos para construir la imagen de la ahora precandidata presidencial Sandra Torres de Colom, lo cual es uno más en la larga lista de errores que ha cometido la pareja presidencial y la UNE.
Lo cierto, entonces, es que esa sombra de abuso de autoridad y de malversación de fondos para promocionar fines particulares y sectarios es lo que le da la primera característica real a este proceso 2011. Por consiguiente, desde hace meses, el Partido Patriota (PP), como la primera fuerza de oposición, y el resto de partidos no alineados a la postura oficial, han librado una batalla de declaraciones, anuncios y de campaña anticipada que permita nivelar los múltiples recursos con los que cuenta la ahora precandidata Sandra Torres. La polarización y el conflicto, por tanto, tienen su escenario servido para que vayan en aumento.
Una segunda característica de este proceso inédito, son las múltiples amenazas a la institucionalidad que aparecen en el firmamento, augurando entonces, un panorama incierto que sólo anticipa aún más problemas: desde el debate si puede o no pueden postularse Sandra de Colom, Álvaro Arzú, Zury Ríos y Harold Caballeros, y el último, el de Alfonso Portillo y Roxana Baldetti (los que más se han mencionado por la opinión pública, en su orden), pasando por las repetitivas discusiones de cómo se puede efectivamente parar las campañas anticipadas, hasta los debates sobre la idoneidad o no de los procesos de renovación en instituciones clave, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC), etc., existen muchos y muy variados frentes de batalla y de temas de debate que solamente nos hablan de un panorama de transición democrática agotada: la institucionalidad que se pactó para acabar con la guerra, necesita ser renegociada y replanteada.
Un indicador claro de ello es que, cada vez más, las voces e iniciativas que desafían a la Constitución van en aumento, en vez de disminuir. Y políticamente hablando, la Constitución es mucho más que la máxima ley: es el horizonte imaginario y el ideario simbólico de una sociedad: teóricamente, se habla por ello de un "pacto" o contrato social que funda la institucionalidad de un país, como es el caso de la Constitución estadounidense: a nadie en su sano juicio se le ocurriría cuestionar o pedir una reforma a la máxima normativa legal de Estados Unidos de América. Por ello, el crecimiento de las amenazas solamente demuestra que la Constitución, en la práctica, no deja de ser para los actores políticos guatemaltecos sólo un "papelucho", parafraseado el adjetivo con el que se calificó al documento sobre el que descansó el proceso de paz: los acuerdos de paz firmados en 1996. Lo interesante es que hoy, ambos “papeluchos” se parecen en que nadie parece respetarlos.
Una tercera característica relevante de este proceso es que la institucionalidad sobre la que descansa la confianza ciudadana en un proceso electoral limpio y justo también está en entredicho. El TSE ha sido acusado de parcialidad en sus decisiones, de ser incapaz de controlar la cada vez más recia campaña electoral anticipada, y con ello aumentado la amenaza al personal operativo y de campo de la institución en su tarea de controlar a las opciones partidarias. La debilidad del TSE es más que evidente. Y por si esto fuera poco, el proceso de transición de un documento de identidad por otro a través del Registro Nacional de las Personas (Renap) ha sido un completo fiasco, levantando sombras innecesarias de duda: por ejemplo, se ha inhabilitado a un número considerable de la población apta para votar, a la que nunca se le informó que debía de actualizar sus datos al cambiar su documento de identidad, aun cuando éste es un proceso de características nacionales y no problemas de individuos. En ese sentido, la inconformidad, el reclamo, la duda, son ya hoy una palpable realidad, ¡y eso que ni siquiera ha arrancado el proceso electoral 2011! Si así estamos en las vísperas…
El resultado previsible: está sentado el escenario para los conflictos, para la duda y para que las acusaciones de fraude sean creíbles a un sector de la población. Y el fantasma del golpe de Estado, o de la involución a un escenario de preguerra civil, es hoy una realidad aún más cercana. Por mucho menos que esto se dio un golpe de Estado en Honduras en 2009; por mucho menos que esto, la acusación de fraude en México fue creíble por una buena parte de la población en el 2006.
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