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  • Manifestantes exigiendo justicia y cese de la represión contra los pueblos indígenas en Totonicapán a principios de octubre.
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Paisajes después de la batalla: reflexiones tras Totonicapán

Totonicapán, como punto de inflexión de este gobierno, hace acuciante la necesidad de considerar las opciones que tenemos para la construcción de un proyecto viable de país, reorientado de tal manera que no existan las condiciones para que se repitan hechos trágicos de esta naturaleza.

Aunque resulte evidente, hay que señalar que de continuar en la dirección económico-política que se ha venido configurando desde hace tiempo, no se advierten salidas efectivas para una realidad social empobrecida, desigual, injusta y en la que se reproduce una lógica de violencia.

¿Por qué el peso y la carga simbólica de Totonicapán? Porque en lo ocurrido confluyen elementos que caracterizan significativamente la realidad del país. Aunque el gobierno actual no lo quiera, la presencia de militares en distintos puestos e instituciones, incluyendo por supuesto al presidente, convoca temores que se enraízan en el trauma que significó el conflicto armado interno con sus miles de muertos y desaparecidos. 

Lo sucedido en la cumbre de Alaska resulta además, una reactivación de lo traumático en la medida que el Estado (no solo el gobierno y sus ejecutores), encargado de proteger la vida de sus habitantes, no cumple con este mandato y, al contrario, lo viola. La lógica y cierto sentido común indican que esto no debe asociarse con posiciones del pasado. Pero no solo intervienen aspectos racionales, sino una realidad cargada de emociones, en la que ciertos fantasmas se activan con un evento trágico como este. 

Además, este acontecimiento es muy significativo porque muestra el punto en el que el sistema se rompe: el choque entre la protesta y organización popular a partir de la amenaza percibida de sus intereses y las dificultades que encuentran para su sobrevivencia económica, incluyendo la falta de perspectivas, por un lado y, por el otro, los intereses de los sectores más poderosos con un proyecto propio que le apuesta a la inserción en la economía mundial a través de la extracción de recursos naturales. 

Aunque discursivamente el punto en el que se centra la discusión sea el quiebre o no de la legalidad, la jerarquía de derechos, aspectos también graves e importantes, lo que se perfila después de Totonicapán son proyectos heterogéneos, no necesariamente claramente formulados, de distintos sectores del país y que no coinciden en aspectos básicos. 

Pensar la realidad nacional desde Totonicapán, entonces, supone advertir que la configuración histórico social del país se realiza a través de ciertas condiciones estructurales que no son de fácil cambio y que son raíz de problemas particulares. 

Visto desde una perspectiva que considere la necesidad de que no se repitan estos acontecimientos traumáticos, se debe advertir que entre las carencias más significativas que tenemos en el país, se encuentra precisamente la ausencia de un horizonte efectivo de construcción de un proyecto democrático y popular de transformación nacional. Es decir, de un proyecto de desarrollo y convivencia nacionales viable y que responda, principalmente, a los intereses de la mayoría pobre y empobrecida. 

Entre otros factores, esto produce fenómenos regresivos tan fuertes como la corrupción y la descomposición política que se advierte, no sólo en las instituciones propiamente políticas, sino que se expande reticularmente en la sociedad. Como lo señalara Andrés Zepeda, no tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el gobierno que somos. A nivel social, esta descomposición se advierte en actitudes como fatalismo, resignación, violencia sin sentido, cinismo y otras expresiones de deterioro en las relaciones de convivencia humana. 

La falta de alternativas 

Si bien la realidad política presenta avances innegables respecto al período histórico previo, las condiciones sociales y económicas del período post-guerra dejan mucho que desear. Más del 50% de la población guatemalteca se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, de acuerdo con la información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hay miles de niños y adultos que padecen desnutrición. El trabajo infantil en condiciones de franca explotación es parte de la realidad cotidiana. El acceso y la calidad de los servicios básicos de salud y educación dejan mucho que desear. 

Estructuralmente, la desigualdad en términos de ingresos, consumo (y oportunidades) también es una de las más elevadas del continente de acuerdo al PNUD. Finalmente, Guatemala (junto a Honduras y El Salvador) pertenece al llamado “triángulo norte” de Centroamérica, una de las regiones más violentas del mundo. Distintas formas de violencia, de acuerdo a cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, han dejado más de 73,000 homicidios en 16 años de “paz”, es decir, un promedio aproximado de 13 homicidios diarios a lo largo del período. 

Además, existe una carencia de opciones y alternativas importantes que se expresa concretamente para diversos sectores de la población. Un ejemplo claro de ello se produce en el abigarrado y no homogéneo mundo de los jóvenes guatemaltecos (que son mayoría). En efecto, ¿qué horizontes tienen los jóvenes pobres urbanos? ¿Qué espacios de realización personal y colectiva tienen los jóvenes pobres rurales? ¿Los jóvenes indígenas? ¿Las mujeres jóvenes? Excepto para un sector muy afortunado, que no es excesivamente amplio, no existen muchas oportunidades de estudio y trabajo (a menos que se tengan “conectes”). Considérese el ejemplo, ¿qué alternativas realistas tiene un joven de extracción popular, de una colonia marginal, si su trayectoria vital se caracteriza por una educación más que mediocre, pocas opciones de recreación y un ambiente que no permite la movilidad social más que, salvo excepciones, alternativas criminales? 

Pero además hay que señalar una cuestión significativa: la reproducción social tiene como valores centrales la eficiencia y el éxito económico. En términos religiosos, el “fracaso” y la pobreza son los pecados de una escala de valores acorde al funcionamiento económico real.

Bajo esta doble condición (sin opciones reales y con la frustración exacerbada por un modelo de consumo propuesto desde todas partes) se tiene a jóvenes interesados en satisfacer necesidades inmediatas e impostergables pero sin posibilidades adecuadas de lograrlo. 

Continuación del proyecto económico básico 

Si se analiza el modelo económico como base para la configuración del Estado guatemalteco y el ejercicio político institucional y partidario, se advierte que hay continuidad, a pesar de ciertas diferencias, en los distintos gobiernos electos del período democrático. No existen muchas alternativas y se ha optado por seguir y profundizar la inserción de Guatemala en la economía mundial a partir, principalmente, de la exportación de materias primas. 

Aun cuando existen diversas variables adicionales como las remesas o la economía que gira en torno al narcotráfico y otras ramas del crimen organizado, la economía guatemalteca sigue siendo una economía que se basa en la producción de materias primas para su venta en el mercado mundial. 

Coincidiendo con el período de la apertura democrática (1985 en adelante), se han implementado diversas medidas de ajuste estructural (propuestas desde el llamado Consenso de Washington), entre las que se destacan la apertura de mercados, privatizaciones y disminución del papel rector del Estado en temas económicos (a favor del capital), flexibilización del empleo, etc. Es decir, además de un modelo económico básico, se han implementado medidas económicas neoliberales que tienden a aumentar las desigualdades en la población. Es posible suponer que el modelo económico y estas tendencias no tendrán cambios significativos en el corto y mediano plazo. 

Dentro de este marco, el Estado guatemalteco se ha configurado como otro instrumento en el proceso de acumulación de capital de forma directa o indirecta, legal o ilegal. En otras palabras, el Estado ha sido fuente de negocios lícitos e ilícitos que sirven para la extracción de recursos tanto por grupos empresariales guatemaltecos como por transnacionales. Por ello, siguiendo a D. Harvey, se puede caracterizar este modelo como un modelo de acumulación por desposesión o despojo. 

Desde la privatización de Telgua hasta la ley de minería (con regalías minúsculas), la conflictividad local por el uso del territorio y los recursos naturales, así como los robos impunes a pequeños y medianos ahorrantes en las quiebras bancarias, el sistema funciona a favor del capital. 

Estas características estructurales de la configuración económica del país generan los efectos más importantes de la estructura social guatemalteca, como la pobreza crónica de sectores mayoritarios y la desigualdad creciente entre élites y sectores populares. 

Visto desde esta perspectiva, los distintos gobiernos han significado, realmente, cambios en los grupos que ejercen el control estatal. En los gobiernos de Álvaro Arzú y el PAN (1996-1999) y de Óscar Berger y la Gana (2004-2007), ha sido evidente que el control del Estado ha sido ejercido por los grupos tradicionales. Mientras que en el gobierno de Alfonso Portillo y el FRG (2000-2003) y de Álvaro Colom y la Une (2007-2011), el control estatal ha sido disputado por grupos emergentes. De allí que se haya dado una fuerte confrontación entre el sector empresarial tradicional (incluyendo a los medios de comunicación que son propiedad de distintos grupos) y los gobiernos señalados. 

Tras los fuegos fatuos de los chismes y confrontaciones mediáticas, la verdadera disputa política existente se ha dado en torno al mantenimiento y control del Estado por grupos tradicionales y grupos emergentes entre los que se incluye un amplio grupo de actores que incluye a las cooperativas, la pequeña burguesía y el narcotráfico. 

El Partido Patriota liderado por Otto Pérez Molina se encuentra influenciado principalmente por sectores tradicionales en alianza con ciertos sectores militares y del propio partido. Dicha configuración hace pensar que, en lo fundamental, se seguirá con el modelo económico existente.[1] 

Tras la noche, ¿qué viene? 

No obstante, parecen existir algunas condiciones esperanzadoras, aunque de una significación compleja. Sin ánimo de buscar predecir el futuro, parece que se van dando condiciones para mejorar dos aspectos que parecían totalmente alejados del imaginario guatemalteco, acostumbrado a ver, por fatalismo, el lado pesimista de las cosas. 

Por un lado, se observa que hay pequeñas mejoras en la seguridad. Si bien la violencia homicida (uno de los indicadores más claros de violencia, aunque no el único) ha tenido cierto repunte en los últimos meses, a menos que ocurra una escalada muy fuerte de violencia, este año terminará con menos homicidios y una tasa de homicidios más baja que el año pasado. Esta tendencia que ahora se ve con mejor claridad, proviene de ciertas acciones que se iniciaron en el gobierno de la UNE y se continúan en el gobierno del PP. Entre ellas mejor coordinación entre el Ministerio Público y la PNC, mejores métodos de investigación criminal en ambas instancias (entre otras, propiciados por CICIG); programas sociales que incluyeron los programas de escuelas abiertas dirigidos a jóvenes en riesgo; los programas de Transmetro y Transurbano que reducen una oportunidad de delito; y un posible aprovechamiento de la situación política en Honduras por parte de ciertas estructuras criminales, factores que han confluido para la mejora señalada. 

En segundo lugar, también hay mejoras en el sistema de justicia. Aquí se advierte el papel clave que ha jugado el Ministerio Público bajo la dirección de Claudia Paz y Paz. Después de vivir en condiciones de inseguridad tan altas y en el paraíso de la impunidad, se empiezan a perseguir a figuras importantes de la barbarie pasada y se da atención efectiva a ciertos casos, incluyendo, por ejemplo, actores políticos como el alcalde de Antigua Guatemala que resulta un mensaje para otros políticos. 

Siguen los escándalos de corrupción que parecen ser el “pan nuestro de cada día” y que requiere un esfuerzo muy importante que rebasa al MP. Pero algunos pasos parecen indicar ciertas expectativas de una menor impunidad. Lo cual resulta inédito en Guatemala. 

Ahora bien, ¿el refuerzo de la institucionalidad encargada de los temas de seguridad y justicia es una razón para la esperanza? Considerando las condiciones realmente existentes del país, son una pequeña esperanza, sí. Pero además, cabe imaginar (soñar) una posibilidad distinta a partir de estas mejoras. 

Porque con ciertas condiciones de seguridad y justicia, se podría empezar a pensar en la solución de los otros grandes problemas. Particularmente, esto podría resultar en una mayor organización popular, de la que ya existen condiciones debido al descontento económico (y el trabajo paciente de organizaciones y líderes, denostados por los representantes del statu quo).

Por ello es que la valoración de esta mejora es compleja. Ya se ve que, aunque todos los actores sociales hacen llamados para el fortalecimiento de la seguridad y justicia, los sectores sociales populares son de los más interesados en que se favorezca una situación de este tipo.[2] Puede ser paradójico, pero condiciones de mayor seguridad y justicia no necesariamente se verán traducidas en un clima de “tranquilidad social”. Al contrario, podría producirse (no necesariamente) mayor efervescencia social, correspondiente al intento de realizar cambios significativos en la configuración económico-social el país. 

A partir de cierta seguridad y justicia básicas, se podría poner mucha mayor atención a otros aspectos. Por supuesto que esto no garantiza una justicia como respuesta a la injusticia de que no todos tienen pan para comer. Pero esa seguridad y justicia básicas podrían ayudar a pensar en este tipo de injusticias. 

¿Otro mundo es posible? Los realistas dicen que no. 

Pero Franz Hinkelammert, economista y teólogo de la Teología de la Liberación, es contundente al señalar que la pretensión de un mundo sin alternativas lo que justifica es el camino al suicidio colectivo. No hay alternativas dicen esos “realistas”. Lo que existe es lo único que puede existir… y como se advierte, vamos a la destrucción ecológica y la destrucción de las relaciones sociales como se aprecia en las profundas crisis de desigualdad y de pobreza. 

¿Qué esconde este realismo? Lo que esconde es una utopía, pero la peor de todas: “con este llamado realismo se cae en la peor de todas las utopías: la utopía del statu quo, como lo denominó R. Musil”. La utopía de un mundo sin utopías, es decir, sin alternativas. 

Un realismo que vea no solo lo existente, sino las posibilidades latentes del mundo, no puede darse el lujo de ignorar la necesidad de un nuevo proyecto de país. Para que Totonicapán no se repita.

* Mariano González es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala e investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Escribió este artículo para Plaza Pública.


[1] Adicionalmente, se mantendrá el impacto de la crisis económica internacional. Los problemas en Estados Unidos y la zona del Euro son indicadores de que la crisis económica internacional persistirán en un período difícil de precisar. En todo caso, los efectos que esto tenga a nivel de país son importantes, incluyendo la disminución de remesas, la disminución de exportaciones y las dificultades para asegurar la recaudación fiscal (que implican un presupuesto desfinanciado, adquisición de deuda y disminución y cierre de programas, proyectos y entidades del Estado).

[2] Pese a lo que vociferan los sectores más conservadores, el Ministerio Público es uno de los mejores aliados del gobierno de Otto Pérez Molina y uno de los factores que contribuyó a desactivar la emergencia creada por los muertos de la cumbre de Alaska. En efecto, la investigación del MP obligó a tomar una postura sensata al gobierno. Sin el esfuerzo del MP, es probable que el gobierno se hubiera atascado mucho más en el pantano que estaba creando con las desafortunadas expresiones de sus figuras más importantes. Cualquier análisis del propio gobierno, debe aprender que es necesario mayor prudencia y apostarle a la justicia. 

Si se analiza el modelo económico como base para la configuración del Estado guatemalteco y el ejercicio político institucional y partidario, se advierte que hay continuidad, a pesar de ciertas diferencias, en los distintos gobiernos electos del período democrático.
Desde la privatización de Telgua hasta la ley de minería (con regalías minúsculas), la conflictividad local por el uso del territorio y los recursos naturales, así como los robos impunes a pequeños y medianos ahorrantes en las quiebras bancarias, el sistema funciona a favor del capital.