País minado

Los bosques, los suelos, las costas, los mares, los ríos, los lagos, las poblaciones silvestres, todos sin excepción han sido objeto de uso extractivo, consumo indiscriminado y destrucción masiva a lo largo, por lo menos, de los últimos 60 años. Además, estos eventos mineros han conducido a la generación de los más variados contaminantes que han exacerbado la carencia de agua, la calidad de los suelos y del aire que respiramos.

¿Y cuál es el legado de esa larga tradición minera? Primero, tierras infértiles; bosques eliminados y remanentes de éstos deteriorados; lagos desaparecidos o en franco proceso de deterioro; especies extintas; por ejemplo. Segundo, pobreza creciente y desnutrición crónica en más de la mitad de la población infantil. Tercero, riqueza material concentrada en menos del 10% de la población. Cuarto; instituciones colapsadas y un sistema político corrupto, agotado y garante, solo, de la profundización de las crisis y la inviabilidad de este país. Éstos son sólo algunos de los rasgos esenciales del flamante sustrato sobre el cual naufraga este país. Todo lo que se haga aquí, sobre este sustrato perverso, está condenado a replicar los resultados hasta hoy obtenidos.

La minería de metales preciosos es una nueva forma de ampliar e intensificar las ansias extractivas movidas sólo por el lucro. El potencial beneficio a partir del cual un país puede arriesgar la salud de las personas y otros bienes físicos invaluables, descansa en la posibilidad de transformar ingresos monetarios por minería en nuevos activos de beneficio colectivo que son imprescindibles y de un formidable y masivo alcance. Es lo que se llama, de manera simple, sostenibilidad débil. La realidad, una y otra vez, muestra que eso aquí no es posible, mientras impere este sustrato perverso sobre el cual funciona este país.

Defender ferozmente la santísima inversión privada para superar las graves carencias nacionales arriba mencionadas, resulta siendo simplemente un discurso demagógico y por lo tanto traicionero. En estos discursos elaborados para defender estrictamente intereses privados, como los de la minería metálica, frecuentemente se recurre a conceptos como los de libertad, estado de derecho y justicia. Y los defensores de estos intereses utilizan los mismos conceptos para perseguir, denigrar, criminalizar y hasta eliminar a quienes no piensan como ellos y se oponen a más de lo mismo.

No se puede curar un enfermo con más veneno. Ni uno, dos, tres o más territorios guatemaltecos van a ser suficientes, ni para colmar las ansias del lucro desmedido, ni para democratizar beneficios sociales mientras no se cambien estas lógicas, estilos y estructuras podridas.

Está demostrado que el Gobierno es incapaz de impulsar acciones social y ambientalmente deseables, democratizadoras de los beneficios económicos y sustentados en un sistema institucional trasparente, capaz y funcional al bien común. Ojalá tuvieran el alcance de recurrir al principio precautorio. O sea, ya que es previsible que arruinen más las cosas, mejor no hagan nada.