El medio destacaba que, “Automovilistas pagaron los platos rotos este miércoles a causa del desalojo voluntario de pobladores del asentamiento Linda Vista, zona 7 de la capital”. En apariencia, las y los automovilistas que se enfrentaron al cierre de la ruta, pagaron las culpas de quienes habían ocupado el terreno y debían abandonarlo, “voluntariamente”.
Pero, veamos más en detalle cuáles platos están rotos y quién o quiénes los han quebrado. La vivienda es una de las necesidades básicas de la persona humana. De allí que el grado de satisfacción en este campo sea uno de los indicadores que, junto al acceso a educación y salud, sean los raseros para medir el grado de desarrollo en una sociedad determinada.
Al estar en un déficit impresionante no sólo en esta sino en todas las materias, Guatemala está en el rango 125 de 187, de acuerdo con los estándares del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicados en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 2013.
En materia de vivienda, un rubro que históricamente ha sido deficitario, la brecha se expandió con el impacto del terremoto de 1976 cuyas consecuencias no fueron resueltas en los 38 años transcurridos. Lejos de ello, los déficit cuantitativo –entendido como la ausencia total de vivienda– y cualitativo –es decir habitar una vivienda precaria y sin servicios–, han aumentado. Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establecen que para el 2012, el déficit total se acercaba a un millón 700 mil unidades. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda calculaba en millón y medio la cifra, en tanto que estima que en el 2015 podría alcanzar los dos millones de unidades.
Aun asumiendo la cifra más conservadora, podemos indicar que al menos una de cada diez familias en el país, carece de vivienda digna y, en realidad, dos de cada 30 no tienen vivienda. El BID considera que las tres principales razones inmediatas de esta circunstancia son altos precios con relación al ingreso familiar, la falta de acceso al crédito hipotecario –no se tiene propiedad que hipotecar o se carece de un ingreso que lo respalde– y, los altos precios de la tierra y de la construcción.
El origen de estas causas está, digan lo que digan, en la estructura sistémica de la exclusión social, económica y política. Una situación que tanto acá como en otros lares, en materia de vivienda, intenta paliarse con políticas estatales para el desarrollo habitacional. En Guatemala, el más reciente o quizá, el último proyecto en esta línea se construyó hace 37 años, en Nimajuyú. A partir de allí, el Estado abandonó esta directriz estatal y con ello, metió el pie en el acelerador del déficit en vivienda.
No es casual entonces que dos tercios de las familias que habitan las zonas urbanas lo hagan en viviendas deficitarias. Como tampoco sea casual que la ciudad tenga más de 600 asentamientos irregulares como se define a estas agrupaciones de gente que ocupa un terreno para levantar un techo para su familia.
Al ocupar terrenos de propiedad pública otorgados a otros intereses, como el desocupado “voluntariamente” en la zona 7 esta semana, las familias excluidas del derecho a la vida digna son quienes en verdad pagan los platos rotos del sistema voraz que rige a este país. Esperar varias horas en el tráfico mientras mil agentes de Policía Nacional Civil (PNC) –casi siete por familia desalojada–, empujan y vigilan la salida, no se compara con dormir a la intemperie sin un sitio dónde pasar la noche y dónde seguir la vida.
Pagar los platos rotos entonces, pasa de estar en el vehículo, con desesperación y cansancio pero, en todo caso guarecidos o guarecidas de la lluvia, a caminar con las miserias propias bajo control del ojo armado de la PNC.
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