Sin embargo, las fuerzas de seguridad guatemaltecas teníamos la capacidad para lidiar con el problema, ya que lográbamos interceptar cargamentos de drogas y muchas veces arrestar a grandes capos del narco. En este sentido, quizás la más importante victoria que obtuvimos fue a través de una operación de inteligencia discreta y sofisticada, a través de la cual capturamos a uno de los grandes narcotraficantes mexicanos que luego fue enjuiciado en su país natal. 

Lamentablemente, el capo a quién capturamos en territorio guatemalteco estuvo en la cárcel solo 8 años. En una demostración del enorme poder corruptor del narco-dinero, dicho traficante logró escapar de una de las prisiones de alta seguridad mexicanas mejor acondicionadas para evitar fugas de cualquier tipo. Actualmente ese señor anda libre, y se le ha incluido en la lista de los 10 hombres más ricos de México, y entre los más ricos y poderosos del mundo, según indica la revista Forbes.  Algunos analistas incluso lo consideran el narcotraficante más importante del mundo. Su nombre de pila es Joaquín, pero mundialmente es mejor conocido por su sobrenombre: El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa.

Hace tres meses asumí la Presidencia de Guatemala. Y contrario a la buena suerte que ha acompañado al Chapo Guzmán, encontré que nuestros sistemas de seguridad y justicia se han debilitado durante los últimos 20 años. Esta realidad me hizo preguntarme dos cosas: ¿No es cierto que hemos estado impulsando la “guerra contra las drogas” durante las últimas dos décadas? ¿Y si eso es así, cómo es posible entonces que hoy se consuman y produzcan más drogas, y se trafiquen por más rutas que antes?

A pesar de este escenario verdaderamente confuso, no me encuentro frustrado por las acciones que como guatemaltecos hemos impulsado para combatir las redes de criminalidad internacional. De hecho, estoy orgulloso que durante los últimos dos años nuestras fuerzas de seguridad y nuestro sistema de justicia ha sido capaz de arrestar por lo menos a diez importantes narcotraficantes en nuestro territorio. Justo hace una semana, anunciamos la captura de Walter Overdick, el principal enlace del cartel de los Zetas en Guatemala.  Nuestras instituciones podrán ser débiles financieramente y a veces técnicamente, pero aún quedan muchos guatemaltecos y guatemaltecas de honor que no pueden ser comprados con el dinero de las drogas. Gracias a ellas y ellos no somos para nada un estado fallido. Solo somos un pequeño territorio que se encuentra ubicado geográficamente entre los mayores mercados consumidores de droga y los mayores mercados productores.

Así que, luego de décadas de importantes arrestos y de haber interceptado toneladas de drogas, aun así el consumo y la producción de drogas está mas boyante que nunca. La disminución en el consumo de una droga es rápidamente sustituida por el aumento en la demanda de otra sustancia. En igual sentido, la destrucción de la producción de drogas en un territorio, es rápidamente reemplazado por la producción en otra región del mismo país o del mundo. Esto no es un hecho frustrante. Es solo un hecho.

Y hechos son los que debemos considerar a la hora de analizar opciones de políticas frente a las drogas. Cuando estudiamos los mercados de drogas usando lentes objetivos (y no los lentes ideológicos que prevalecen hoy en día en la mayor parte de círculos gubernamentales), nos damos cuenta que el consumo de drogas es un problema de salud pública que, extrañamente, ha sido transformado en un asunto vinculado con la justicia penal.

Todos estamos de acuerdo en que las drogas son dañinas para la salud, y que por lo tanto debemos procurar que se impida su consumo, de la misma manera como buscamos disminuir el alcoholismo o la adicción al tabaco. Sin embargo, a nadie en el mundo se le ha ocurrido sugerir que debemos erradicar las plantaciones de caña de azúcar, o los sembradíos de papas o cebada, a pesar de que ellos producen la materia prima con la que se elabora el ron, el vodka y la cerveza. De hecho no se sugiere dicha erradicación a pesar de que sabemos que el alcoholismo y la adicción al tabaco provoca miles de muertes cada año en todo el mundo.

De tal manera que saber que las drogas son dañinas para los seres humanos no se convierte en un argumento fuerte para exigir la prohibición de su consumo y producción. De hecho, el paradigma de la prohibición que inspira la respuesta mundial frente a las drogas hoy en día está basada en una premisa falsa: la convicción de que es posible erradicar el mercado mundial de drogas. No podríamos creer en algo así si lo pensáramos en el caso del alcoholismo o la adicción al tabaco, pero de alguna manera pensamos que es totalmente válido en el caso de las drogas. Yo me pregunto: ¿Por qué?

Sin duda alguna, abandonar el paradigma de la prohibición de las drogas nos puede llevar a un terreno complicado. En este sentido, debo decir que me parecería profundamente irresponsable sugerir una absoluta libertad de mercado para las drogas –es decir, permitir el consumo, producción o tráfico de drogas sin ningún tipo de restricción-.  Si aceptamos que el alcohol y el tabaco deben ser regulados, ¿por qué deberíamos permitir el consumo y producción de drogas sin ninguna restricción?

Para dejar las cosas claras, la propuesta del Gobierno de Guatemala es abandonar toda premisa ideológica en el debate con respecto a las drogas (ya sea la prohibición o la absoluta liberalización) y promover un diálogo intergubernamental global basado en un enfoque objetivo y realista: la regulación del mercado de las drogas. El consumo, producción y tráfico debería estar sujeto a regulaciones globales, lo cual significa que el consumo y la producción deben ser legalizados en el marco de un marco regulador estricto. Y legalización por lo tanto no debe ser confundido con liberalización del mercado sin ningún control.

Un diálogo serio y objetivo sobre la regulación de los mercados de drogas debería responder preguntas como las siguientes: ¿Cómo podemos disminuir la violencia generada por el abuso en el consumo de drogas? ¿Cómo podemos fortalecer los sistemas de salud pública y de protección social a fin de prevenir el abuso de sustancias y brindar apoyo a las personas adictas y sus familiares? ¿Cómo podemos ofrecer oportunidades sociales y económicas mayores para las familias y comunidades que actualmente reciben beneficios económicos de la producción y tráfico de drogas? ¿Qué regulaciones debemos crear para prevenir el abuso en el consumo de drogas (prohibir la venta a menores de edad, prohibir la publicidad en medios masivos, establecer altos impuestos selectivos de consumo para las drogas, etc.)?

El próximo fin de semana, los líderes de todo el Hemisferio Occidental nos daremos cita en Cartagena. Esta es una oportunidad para iniciar un diálogo intergubernamental realista y responsable en relación a la política de drogas. Los presidentes de Colombia y Costa Rica, Juan Manuel Santos y Laura Chinchilla, han expresado su interés en impulsar ese diálogo sobre la política de drogas. No es casualidad que ambos presidentes hayan ejercido anteriormente las carteras de Defensa y Seguridad Pública en sus respectivos países. Aquellos que poseemos experiencia en temas de seguridad sabemos de qué estamos hablando.

Guatemala no dejará de honrar sus compromisos internacionales en el combate al narcotráfico. Pero tampoco deseamos seguir siendo testigos mudos de un auto-engaño de proporciones globales. No podemos erradicar el mercado global de drogas, pero si podemos responsablemente regularlo, así como lo hemos hecho con los mercados de alcohol y tabaco. El abuso en el consumo de drogas, el alcoholismo y el tabaquismo deben ser tratados como problemas de salud pública, no como desafíos para la justicia penal. Nuestros hijos y nietos nos están pidiendo una política de control de drogas más efectiva, no una respuesta más ideológica.

* Plaza Pública publica el texto original de la columna que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, envió al periódico británico The Guardian, que divulgó una versión en inglés el 7 de abril pasado en The Observer, su edición de fin de semana.