Por el otro lado, hay intereses económicos fuertes, muchas veces violentos, que consideran la resistencia como parte de una agenda política del fundamentalismo ecológico, o puro resentimiento de una izquierda derrotada, que se complace en obstruir iniciativas de desarrollo.
Desde el punto de vista económico y de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la idea de medianos y pequeños emprendimientos hidroeléctricos resulta muy ventajosa (los proyectos grandes y el robo de ríos deben ser analizados por separado). El país necesita romper su dependencia de los combustibles fósiles para la generación energética. Teniendo energía barata resulta un verdadero motor para dinamizar la economía. Se puede diversificar la actividad económica local y generar ingresos sostenidos por venta de energía. Desafíos técnicos, los hay, pero son superables.
La base para la oposición es legítima. Se trata de la defensa del territorio, la pérdida de patrimonio natural y las malas experiencias del pasado. En cuanto a los argumentos, algunos son sólidos, otros dudosos y, unos tantos, bastante discutibles.
¿Existe acaso una vía que no pase por el conflicto?
El modelo dominante ha sido el de la inversión pública (Chixoy) o privada (azucareras, capital extranjero), antagonizando con los habitantes de la zona seleccionada para la inversión. En algunos casos, ni siquiera se revelan las verdaderas intenciones, porque ello podría encarecer el proyecto o reducir ganancias.
Los propietarios de las tierras necesarias para el proyecto son vistos como un estorbo, y la tarea es convencerles por las buenas o por las malas. En ambos casos, el gobierno ha sido un aliado complaciente, por acción u omisión.
Una variación “ingeniosa” del modelo se ha presentado en los años recientes. Tener en mano la autorización para un proyecto hidroeléctrico es lo mismo que imprimir su propio dinero, así que personas con conexiones políticas consiguen autorizaciones para proyectos que nunca pensaron ejecutar, y las venden a un buen postor. No hay ley que lo prohíba, pero es un proyecto de listos y no de emprendedores.
Lo que no se ha explorado a fondo es un modelo diferente, cuyos resultados serían los mismos señalados más arriba, pero con beneficiarios diversificados.
Si un tipo listo puede obtener una licencia para construir una hidroeléctrica, ¿por qué no puede hacerlo una comunidad organizada? Consenso o licencia en mano, se pueden buscar inversionistas que estén dispuestos a considerarlos socios y no estorbos.
Algo parecido se ensayó ya, con trágicos resultados. Un ingeniero agrónomo que hablaba perfectamente el idioma Kekchi trabajó con unas comunidades que recibirían utilidades de accionista, que serían invertidas en hospital, escuelas preprimarias hasta de ciclo diversificado y otros proyectos sociales. Los listos corruptos pudieron más, y el ingeniero fue secuestrado, asesinado y lanzado al río Cahabón, para escarmiento. El caso nunca fue investigado.
Aquel fracaso no debe evitar nuevas iniciativas. Los recursos invertidos en bloquear el desarrollo del sector pueden ir hacia el fortalecimiento de la organización social en sitios con potencial, en la formulación de proyectos antes de que los listos lleguen y en el establecimiento de un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales desde la base de consorcios multipartitos.
Genuinos emprendedores pueden formular proyectos con participación de socios locales. Las municipalidades también pueden tomar la iniciativa y llegar a construir sus propios proyectos, aunque para ello quizá se requiera de alguna revisión del marco legal.
Lo que hace falta es abortar los proyectos basados en relaciones económicas asimétricas entre financistas y propietarios/gestores de los recursos naturales. ¿Cambiamos discurso y salimos de las trincheras?
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