Empieza a ser hora de pensar en el diseño de una transición entre la administración de Álvaro Colom y cualquiera que sea su reemplazante. El objetivo es evitar, o al menos minimizar, los efectos de un “14 a las 14” que se convierta en un poner todos los contadores en cero, como si la administración pública fuera creada de la nada y empezara en la nada, y con ella, todo el país.
Algunos lectores se sorprenderán de esta afirmación, pues ni siquiera ha ocurrido la primera vuelta del proceso electoral. Sin embargo, parecería bastante adecuado empezar a tratar este tema ahora, dado que la experiencia reciente del tránsito entre administraciones entrantes y salientes no es alentadora. Por ejemplo, a inicios del gobierno de Oscar Berger, algunas de las imágenes más comunes en las portadas de los periódicos eran las fotografías de ex funcionarios del régimen de Alfonso Portillo, vistiendo llamativos overoles de color naranja. No pocos nombres ilustres desfilaron en este atuendo camino de la Torre de Tribunales y del preventivo de la zona 18.
A finales de ese mismo gobierno, las fotografías de Álvaro Colom y Oscar Berger, discutiendo, en tono muy civilizado, entre otros temas, sobre la obras del aeropuerto de la Aurora, nos dieron la nota del intento de un tránsito ordenado entre gobiernos que hacía concebir alguna esperanza —por cierto falsa— de que no se empezaría de cero en varios aspectos de la administración pública. En la práctica, se operó un borrón y cuenta nueva, que incluyó la “limpieza” de los funcionarios en cada entidad estatal, a todos los niveles.
Los ambientes de alta polarización política, como el que vivimos ahora mismo, favorecen la creación de un imaginario, a través de la publicidad electoral, en el cual todas las acciones de la administración saliente son negativas y todos los funcionarios incapaces. Por lo tanto, desechar todo lo construido por un Gobierno anterior se considera casi un deber del nuevo. Mientras, el aparato estatal, especialmente en el último año de Gobierno, entra en una curiosa parálisis, caracterizada por acciones que no se toman por que no existe certeza sobre su continuidad por parte “de los que vengan”.
Asimismo, las campañas electorales crean ejércitos de partidarios que esperan como retribución a su lealtad un empleo público, para el cual, en la mayor parte de los casos, no existe la experiencia previa. En los casos en que estos leales partidarios llegan a tomar posesión de ese ansiado empleo, la falta de información sobre los planes en ejecución, unida a la arrogancia con que normalmente se da inicio a las funciones, extienden esta parálisis del último año del “anterior” al primer año del “nuevo”, reduciendo el margen real de actuación de la administración pública.
Es innegable el derecho de un nuevo gobierno a contar con equipos de colaboradores que le son de confianza, así como de fiscalizar las acciones de la administración anterior, o implementar correctivos. Sin embargo, es necesario romper con un modelo que promueve cada cuatro años la entrada y salida masiva de funcionarios públicos a todo nivel, sin que se registre una mínima entrega de información sobre los planes y programas en ejecución. En no pocos casos, la salida y entrada de gobiernos y funcionarios se convierte en retrasos que marcan de manera definitiva la implementación de políticas públicas.
Este modelo se ve alimentado por la existencia de un alto número de funcionarios estatales contratados bajo la modalidad del reglón 0-29, cuyos contratos, sin ningún tipo de prestaciones y estabilidad, simplemente no son renovados al final de la administración. Más allá de las consideraciones sobre materia de derechos laborales en este caso, que han sido discutidas en varias ocasiones en los espacios de OIT, mientras persista esta modalidad de contratación de funcionarios, será muy difícil contar con cuadros técnicos especializados y experimentados en el servicio público.
¿Cómo organizar esta transición? En este momento la responsabilidad corresponde administración saliente, que tiene la obligación dejar la casa en orden, y preparar toda información sobre lo ejecutado. En algunos casos, como la seguridad pública y la lucha contra la impunidad, el constante escrutinio público facilita en cierta medida que se conozcan los planes ejecutados con sus virtudes y falencias. En otros ámbitos, será necesario operar con una mayor transparencia para entender la magnitud de los desafíos que se enfrentarán en el siguiente período de gobierno. Estos son los casos de temas la reforma tributaria, generación de empleo, seguridad alimentaria y la reactivación de la agenda nacional de competitividad, que constituyen algunos ejemplos de acciones a las cuales se debería dar continuidad y otras que necesariamente deberán corregirse. No está de más insistir en que la nueva administración debería tomar como una de sus prioridades la construcción de un sistema estadístico acorde a estándares internacionales que permita medir y monitorear la actividad estatal.
Un caso especial es de los programas sociales, sobre cuya continuación todos los candidatos han expresado su interés. Si se entienden como un parte positiva de un esfuerzo mayor para la reducción de la pobreza, la transición entre gobiernos debe ser eficiente y rápida, para evitar cualquier suspensión temporal que solo afectaría a los beneficiarios más pobres. Existen también temas de coyuntura, como el marco de la reclamación laboral de los Estados Unidos en el DR-Cafta, cuyo marco temporal hace necesario contar con una transición especial entre las dos administraciones.
Al finalizar la redacción de esta columna, la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la inscripción de la candidatura de Sandra Torres continúa pendiente de resolución. Este acto, central al proceso electoral que vive Guatemala, debe constituir, cualquiera sea la decisión final, el inicio para la elaboración de una agenda de transición que evite un costoso volver a empezar.
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