ONU en el país respalda a Dall'Anese ante pedido de jueces

Ambos escritos son el último capítulo de la polémica por el anuncio de Dall’Anese de investigar al sistema de justicia para identificar redes criminales que evitan el avance de los casos paradigmáticos que trabaja la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) junto al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

En el Organismo Judicial está “el cuello de botella”, afirmó el comisionado ante las sentencias absolutorias en los casos del expresidente Portillo y sus exministros Lacs y Maza; el caso de Alejandro Giammattei, exdirector de Presidios, liberado una semana antes de que venciera el plazo para inscribirse como candidato presidencial; y el caso del ex ministro Carlos Vielmann, favorecido en varias ocasiones por resoluciones judiciales. La primera vez fue cuando el Ministerio Público y la CICIG solicitaron su extradición para juzgarlo por el asesinato de siete reos en Pavón, el caso Parlacen y una acusación de limpieza social y la Corte de Constitucionalidad buscó impedirlo; y la última, cuando el MP y la Comisión desistieron de hacerlo y la jueza que absolvió a Giammattei pidió que lo trajeran para juzgarlo en el país.

Las agencias de Naciones Unidas en Guatemala respaldan la visión y el trabajo de Dall’Anese: “El SNU valora altamente los avances que se han logrado en el combate al crimen por parte del MP en coordinación con el Ministerio de Gobernación y la PNC, lo cual es evidente en diversas investigaciones y acusaciones desarrolladas de manera técnica en casos emblemáticos, tanto de delitos del pasado como del presente. (…) Es necesario que estos avances también tengan un reflejo en quienes administran justicia para poder dar un salto cualitativo en la dirección de la superación de la impunidad.”

Desde el inicio de su mandato, que empezó en 2008, la Cicig ha apoyado en la investigación del sistema de seguridad y justicia, que está compuesto por el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil; el Ministerio Público; el Organismo Judicial y el Ministerio de Defensa. Sólo las primeras dos instituciones han comenzado a ser depuradas.

“En Guatemala es evidente la necesidad de depurar las instituciones del sistema de justicia, a partir de procesos disciplinarios y penales que permitan que toda acusación se tramite con prontitud e imparcialidad, y con arreglo a procedimientos idóneos que respeten las garantías debidas”, señala el Sistema de Naciones Unidas en respaldo de la Cicig.

Para la Asociación de Jueces, cuestionada por su carácter gremialista, es una intromisión el anuncio de la Cicig de querer investigarlos y pedirá al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que destituya a Dall’Anese. La Corte Suprema de Justicia, por medio de un comunicado hace dos semanas, pidió a la Cicig abstenerse de hacer críticas públicas sobre fallos en los tribunales e impugnarlos por las vías legales. El Instituto de la Judicatura terció en el dilema y recordó la importancia de la fiscalización pública de los fallos y de la depuración del sistema de justicia.

No es la primera vez que una institución o grupos afectados por las investigaciones de la Comisión le piden a Ban Ki-Moon, jefe directo de Dall’Anese, que lo despida. Hace cuatro meses, el secretario general de la ONU estuvo en el país para darle el apoyo al costarricense y a la CICIG.