Iba, engallado, bien vestido, de la mano de una niña de ocho años a la que le llevaba 65. Salía con esa chiquita, no de su casa, no de su oficina, no de la escuela, no. Salía de un autohotel al que había llegado por lo menos en dos ocasiones anteriores, en compañía de la menor.
Cuando salió del autohotel fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una operación coordinada con la Procuraduría General de la Nación (PGN). Acción en la que también participaron el Ministerio Público (MP) y las asociaciones El Refugio y Fundación Sobrevivientes. La investigación realizada, a partir de denuncias anónimas, permitió la captura de Max Eduardo Cordón Orellana, de 73 años.
El capturado no era cualquier persona. Era el Concejal Cuarto de la Corporación Municipal de Chiquimula, posición a la cual llegó propuesto por el Partido Patriota (PP), en el poder. De acuerdo con la información de prensa, Cordón pagaba Q400.00 a la madre de la menor quien le entregaba a la niña para que el funcionario edil la utilizara sexualmente. A la edad en que toca jugar, ir a la escuela, construir la personalidad y la vida futura, la niña que violentaba el Concejal, ya era mercancía sexual.
Valiente para utilizar su poder y abusar de la niña, Cordón Orellana resultó un cobarde más y se escondió en las enaguas de su pijama hospitalaria para evadir la prisión. Como él, Luis Armando Aguilar, de 68 años, Concejal promovido por la alianza UNE-GANA fue sindicado de violar a una menor y quedó en libertad condicional mediante una medida sustitutiva. Ya en marzo, Ben Sion Papo, de Israel, fue sentenciado por agredir a varios menores en San Lucas Tolimán.
Estos hechos confirman lo que indican los estudios: Guatemala es país tanto de origen, como de tránsito y destino del comercio de personas, incluido el de explotación sexual. Y en ese campo, las niñas y los niños son mercancía intercambiada por las redes que se dedican a este tan ilícito como perverso quehacer.
En los casos de Cordón Orellana y Aguilar, el rol como integrantes de partidos políticos y su posición en la alcaldía les proveía de un factor más de poder. A la condición de edad, recursos económicos, añadían la del poder político que les permitía utilizarlo en beneficio de una acción criminal: el comercio y abuso sexual de niñas. Sion Papo estuvo tutelado por la representación diplomática de su país de origen, al extremo de que un vehículo de seguridad asociado a la misma, estuvo en los alrededores de la población que le acusó.
De allí que sea necesario mantener los ojos abiertos y no dejar pasar situaciones que en nuestro entorno puedan significar un acto de abuso y comercio sexual de niñas y niños. La niña de la que abusó Cordón, había llegado con él en otras ocasiones al autohotel. A la primera de las visitas, los propietarios del negocio debieron requerir la presencia de las autoridades para impedir que se consumara el abuso.
La vida de la niña víctima de la madre que la vendió y del abusador que la compró y la violentó, estará marcada por esta experiencia dolorosa. El estigma también puede marcarle hacia adelante. Y, por desgracia, tenemos la certeza de que no es una víctima aislada. No es la única criatura necesitada de amor y de oportunidades de desarrollo que enfrenta esta grave forma de violencia y de violación a sus derechos humanos. Por eso nuestra tarea es no volver la mirada. No cerrar los ojos y desentendernos de esta realidad. Al contrario, debemos mantenerlos bien abiertos y exigir a las autoridades responsables la protección de niñas y niños. Acompañar en solidaridad a las organizaciones sociales que velan por los derechos de quienes son abusados por aquellos que ostentan algún grado de poder.
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