OAG: ¿QUO VADIS,* MARN?

“El 9 de enero del recién estrenado 2014 se hizo público el cambio en la conducción del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dependencia gubernamental rectora del tema, responsable de ‘cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural’. [2]

Con apenas trece años de existencia, el MARN cuenta ahora con su  noveno ministro. Responsabilidad que ha sido delegada a la abogada Michelle Martínez Kelly.  Previamente, esta institución fue dirigida por el profesor Haroldo Quej Chen, el cirujano dentista Sergio Lavarreda, el sociólogo Carlos Cáceres, el comerciante Vladimir Bonilla, el biólogo Juan Mario Dary, el geógrafo Luis Ferraté, el químico Luis Zurita y la abogada Roxana Sobenes. De estos funcionarios, Dary es el único que ha ocupó el cargo durante cuatro años, mientras que Lavarreda, con 52 días, es quien menos ha permanecido en el cargo.

A lo largo de su existencia, “el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales prácticamente ha sido un espectador más de la crisis ambiental nacional… las autoridades que han pasado por el MARN se han dedicado a disfrutar del  buen ambiente que generan los viajes, las reuniones, las recepciones, las regalías que genera dicha representación y todo tipo de actividades inútiles que para nada se relacionan con la realidad ambiental que prevalece en los cuatro puntos cardinales del país”.[3]  Sus acciones más visibles se relacionan con la solicitud, revisión y dictamen de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que autorizan o niegan el otorgamiento de licencias a obras de distinta envergadura que pueden afectar el ambiente y los recursos naturales. Estos EIAs, a través del tiempo se han ido desvirtuando en su esencia, dadas las limitadas capacidades institucionales para emitir los dictámenes y, sobre todo, para dar seguimiento a lo que se espera de dichos documentos.

Las tareas pendientes que tendrá que atender la ministra Martínez son múltiples y diversas.  Algunas de ellas están condicionadas por el ejercicio de un efectivo liderazgo en la coordinación y conducción de los asuntos ambientales de la nación, lo cual implica, por un lado,  hacer valer, frente a los restantes ministerios y secretarias del organismo ejecutivo, la obligatoriedad que tienen de respetar los espacios y límites naturales en el desarrollo y consecución de sus propios fines y objetivos. Por otro lado, implica  hacer valer frente a las actividades económicas de cualquier envergadura, la aplicación efectiva del principio de quien usa y contamina, paga. Además, se deben atender los vacios y traslapes institucionales que acotan en buena medida la gestión y desempeño ambiental.  En todo caso, hay que fortalecer las capacidades humanas, físicas y financieras de la institucional, para que de esa manera, el Ministerio mejore sus niveles de eficiencia, efectividad y eficacia y pueda así, responder a los retos que en materia ambiental, enfrentan los distintos territorios que conforman Guatemala.

Indudablemente, dentro de esas tareas pendientes, sobresale la necesidad de contar con una autoridad ambiental nacional que rompa con el pernicioso ciclo de cooptación, tergiversación y en casos extremos, pero cada vez más comunes, la transgresión del espíritu de creación del Ministerio; malas prácticas, que han matizado y caracterizado a todas las anteriores gestiones administrativas.

Dadas las limitaciones financieras, físicas y político- institucionales con las que Michelle Martínez inicia su gestión, ya sólo con el hecho de que su administración se desarrolle con un estricto apego al derecho para restaurar el maltrecho espíritu institucional, sería un logro.  Este anhelo institucional  gira en torno a la demanda de que la sociedad guatemalteca se encauce de una buena vez, en la búsqueda del ansiado desarrollo sostenible y, con ello, asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer artículo de la Constitución Política de la República: la búsqueda permanente de bien común.

De esa cuenta, es fundamental y a la vez urgente, que la Ministra dé a conocer cuáles serán las líneas estratégicas de su gestión, que informe a la sociedad guatemalteca cuáles serán las metas a alcanzar en los dos años que le restan a la administración Pérez. Como parte de la tan requerida transparencia, se requiere que informe sobre lo que, desde su despacho, se va a promover, para que, al menos, se puedan detener todos los procesos de agotamiento, deterioro y contaminación ambiental que atentan en contra del equilibrio en la interacción sociedad- naturaleza en el territorio nacional y con ello, el futuro de las y los  guatemaltecos.

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