Nueve años de cacería para ocho narcos guatemaltecos (III)

En 2003, Estados Unidos comenzó una persecución que casi ajusta una década. Su objetivo: desmantelar una red liderada por el guatemalteco Otto Herrera García. Entre ese año y 2007, esa organización sirvió de bisagra entre el remanente del cartel de Cali y el cartel de Sinaloa. Esta es la historia de cómo capturaron a algunos de sus miembros claves y de quiénes continúan prófugos. La investigación del caso se realizó como parte de una beca del Centro Woodrow Wilson y el diario The Washington Post en Washington D.C., EE.UU. Esta es la tercera y última entrega de este reportaje.

Los Lorenzana sólo operaban en Guatemala y eran una pieza en la empresa que Herrera García montó en Centroamérica, para transportar la cocaína de los Arizabaleta.
La prensa colombiana y guatemalteca documenta la extradición en febrero de 2008, aunque un expediente en una corte de Florida —en el que se le acusa de lavado de dinero— indica que Herrera García fue capturado oficialmente en ese Estado el 23 de octubre siguiente (a su llegada al aeropuerto, bajo custodia de las autoridades). La explicación al desfase entre febrero y octubre de 2008 podría estar en el expediente sellado en la corte en Washington, que absorbió el caso de Florida.

Un castillo de naipes

El brazo de la fiscalía de Washington, D.C. alcanzó al guatemalteco Otto Herrera García en Bogotá, Colombia, cinco años después que lo identificó como uno de los narcotraficantes y lavadores de dinero más importantes en el mundo. Otra fiscalía en Florida lo vinculó a movimientos financieros clave para el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esto ocurrió después que autoridades guatemaltecas encontraron $14.4 millones de dólares en efectivo en una residencia de la zona 14 capitalina, que estaba rentada a nombre de Herrera García. Después de un fallido intento de extradición en 2005, porque el narcotraficante escapó de una cárcel mexicana, la policía colombiana lo detuvo en junio de 2007. Unos ocho meses más tarde, en 2008, lo entregaron a autoridades estadounidenses y el guatemalteco viajó extraditado hacia Estados Unidos.

La prensa colombiana y guatemalteca documenta la extradición en febrero de 2008, aunque un expediente en una corte de Florida —en el que se le acusa de lavado de dinero— indica que Herrera García fue capturado oficialmente en ese Estado el 23 de octubre siguiente (a su llegada al aeropuerto, bajo custodia de las autoridades). La explicación al desfase entre febrero y octubre de 2008 podría estar en el expediente sellado en la corte en Washington, que absorbió el caso de Florida.

Registros electrónicos del Buró Federal de Prisiones muestran que el traficante está detenido en la Institución Correccional Rivers, en Carolina del Norte. Su fecha “fija o proyectada” de excarcelación es el 18 de enero de 2017. Esto podría significar dos cosas: (a) que recibió una sentencia larga, pero que ese año podrá solicitar libertad anticipada, o (b) que cumplirá nueve años de cárcel porque se declaró culpable para evitar ir a juicio, y ayudó a las autoridades a capturar peces más grandes. Si se trata de la segunda opción, su sentencia es corta en contraste con los 29 años de cárcel que recibió el ex congresista salvadoreño Eliú Martínez por narcotráfico (también vinculado a la red de Herrera García), y los 31 años de cárcel que recibió el guatemalteco Jorge Paredes Córdova, también por narcotráfico, después que ambos se declararon inocentes. Este último era otro socio de Herrera García, y era el dueño de la residencia donde fueron hallados los US$14.4 millones.

En febrero de 2010, en el Operativo Fronteras, fue capturada María Rodríguez, la viuda y sucesora de Don Pacho Cifuentes Villa—un piloto colombiano, que fue mentor del guatemalteco Herrera García y murió asesinado en 2007—. El operativo fue organizado para desmantelar una red que enviaba entre cinco y siete toneladas de cocaína anualmente a Centroamérica, y luego a EE.UU. Unos meses después, el 16 de septiembre, cayó detenido el colombiano Phanor “El Rey” Arizabaleta Arzayús en Cali. Además de ser el ex líder del cartel de esa ciudad, era co-dueño de los $14.4 millones hallados en la casa que rentaba Herrera García. Tenía 72 años, y sólo 10 meses de haber terminado de cumplir una sentencia de 15 años de cárcel; los últimos, con arresto domiciliario.

El 17 de septiembre de 2010, un día después de la captura de “El Rey” Arizabaleta, cayó su sobrino y hombre de confianza, Fernando “Zimber” Arizabaleta Lenis. La captura de este colombiano ocurría cinco años después que había sido excarcelado en Guatemala, donde el Ministerio Público (MP) lo vinculaba al hallazgo de los US$14.4 millones. Ese era un botín que “Zimber” y otro colombiano estaban encargados de custodiar, y por lo cual recibieron una pena de cárcel por encubrimiento propio que era conmutable. El MP había tratado, en vano, que fueran condenados por lavado de dinero.

Poco después de la captura de los Arizabaleta (tío y sobrino), EE.UU. pidió la extradición de ambos, y las peticiones fueron firmadas por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, de acuerdo con documentos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Mientras los Arizabaletas esperaban su turno de extradición, la viuda de Don Pacho (el piloto y mentor de Herrera García) fue extraditada en octubre de 2010 hacia Texas, donde una corte de Dallas la requería por narcotráfico y lavado de dinero. Su presunta sucesora, su cuñada, Dolly Cifuentes Villa, de 47 años, no tardó mucho al frente del negocio. La policía dio con ella en Medellín en agosto de 2011, y el gobierno de Colombia también la extraditará a EE.UU. Así, ocho años después del decomiso de los US$14.4 millones, los miembros de las organizaciones Otto Herrera y Arizabaleta caían cual cascada de fichas de dominó.

El 26 de abril de 2011, en Guatemala, dos años después de intentos fallidos de captura, fue detenido el patriarca de los Lorenzana, Waldemar Lorenzana Lima, de 72 años, a quien el Departamento de Justicia de EE.UU. también señala de haber pertenecido a la red de Herrera García. Lorenzana Lima, quien bloqueó su extradición al impugnar en marzo pasado al tribunal que la autorizó, insistió en que no era narcotraficante y en que había manejado un negocio de exportación de fruta durante décadas. En documentos oficiales, las autoridades federales estadounidenses admiten que sospechan que éste era sólo una fachada utilizada para lavar dinero.

Lorenzana Lima, sus tres hijos —Elio, Ovaldino y Waldemar Lorenzana Cordón—, su yerno y otro socio—Carlos Andrés Alvarenga Mejía y Gonzalo López Cabrera—, fueron acusados en marzo de 2009 en la corte distrital de Washington D.C. junto a Herrera García y los Arizabaleta. Todos están señalados de conspirar para transportar cocaína hasta Guatemala, sabiendo que sería llevada a EE.UU. Presuntamente, las drogas eran enviadas desde Colombia hasta El Salvador por mar, y desde ese país el ex diputado salvadoreño Martínez las enviaba a los Lorenzana por tierra hacia Guatemala. El 8 de noviembre de 2011 fue detenido Elio Lorenzana Cordón, la más reciente captura de la división guatemalteca clan de Herrera García. Por ahora, quedan prófugos Ovaldino y Waldemar Lorenzana Cordón, Alvarenga y López.

Los Lorenzana sólo operaban en Guatemala y eran una pieza en la empresa que Herrera García montó en Centroamérica, para transportar la cocaína de los Arizabaleta. Y si la recompensa por información que llevara a su captura es una indicación de su status en el mundo del narco, los Lorenzana estaban varios niveles debajo de Herrera García y de Paredes Córdova. El Departamento de Estado ofrecía US$500 mil por el patriarca Lorenzana, y US$200 mil por cada uno de sus hijos, pero US$2 millones por Otto Herrera García y US$5 millones cada uno por Paredes Córdova y “El Chapo” Guzmán.

En 2010, la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, del Departamento del Tesoro de EE.UU., colocó a los Lorenzana en la lista de los traficantes más buscados. Sin embargo, hasta abril de 2011, el MP no los investigaba por narcotráfico en Guatemala. La Fiscal General Claudia Paz dijo que las órdenes de captura se emitieron sólo porque EE.UU. los pidió en extradición. Leonel Ruiz, quien dirigió la Fiscalía de Narcoactividad hasta ese mes, había señalado que “no había evidencia contra los peces grandes porque nunca se ensucian las manos”. El vocero del MP, Ricardo Marroquín, dijo que la fiscalía no ofrecería información sobre estos casos salvo por los detalles de los procesos de extradición.

El 8 de junio de 2011, ocho años después del hallazgo de los US$14.4 millones en Guatemala, cayó el cuarto guatemalteco en las lista de ocho que EE.UU. vinculaba a la estructura de Herrera García. Byron Gilberto Linares Cordón apareció en Sololá—a 136.7 kilómetros al occidente de la capital—, después que hace nueve años fue excarcelado bajo fianza, en un proceso que el MP inició en su contra por lavado de dinero por el hallazgo de los dólares. La policía también lo detuvo a pedido de la corte distrital en Washington, D.C., que lo identifica como un socio importante de Herrera García.

Tratos ocultos

Para finales de junio de 2011, los diarios colombianos reportaban la extradición del ex capo del cartel de Cali, y el ex socio de Herrera García, Phanor Arizabaleta. La Corte Suprema de Justicia de Colombia había aprobado las extradiciones de ambos en marzo y junio de 2011, respectivamente. Pero para noviembre de 2011, la embajada de Colombia en Washington D.C. no había recibido noticias de la llegada de los detenidos a EE.UU. Un oficial de la sede diplomática dijo que los nombres no aparecían en su listado de ciudadanos colombianos extraditados.

“No aparecen, y créame que nos habríamos dado cuenta”, dijo, refiriéndose a los Arizabaleta. “¡Si esos son conocidísimos!”. El funcionario agregó que el Departamento de Justicia de EE.UU. (USDOJ) no siempre les notifica cuando extraditados colombianos llegan a ese país. El USDOJ, por medio de su portavoz Laura Sweeney, se limitó a decir que no podía comentar nada respecto al caso. Mientras tanto, en los archivos electrónicos de la corte, el caso aparece como “no disponible al público”.

Hasta febrero pasado, el paradero de los Arizabaleta era un misterio, porque ninguno de los dos aparecía en los registros del Buró Federal de Prisiones de EE.UU. Un mes después, la prensa de Colombia reportó que Phanor Arizabaleta regresó a ese país después de sólo ocho meses una cárcel estadounidense. Pero volvió para enfrentar otro proceso por “secuestro extorsivo” ante la justicia colombiana (un caso de hace 20 años). La policía colombiana dijo desconocer por qué la justicia estadounidense devolvió al mayor de los Arizabaleta tan rápido—aunque algunos reportes dan cuenta de un extraordinario acuerdo en el que habría delatado a otros socios. El día que llegó a Bogotá, ya con 73 años de edad, fue hospitalizado por problemas cardíacos. Su sobrino, con extradición aprobada hace un año en Colombia, aún no aparece en el sistema electrónico de las cárceles federales en EE.UU.

Por aparte, en Guatemala, Lorenzana Lima, Linares Cordón, y Lorenzana Cordón han apelado y demorado su proceso de extradición, pese a que una ley aprobada en 2008 dicta que el proceso no debe demorar más de seis semanas después que el gobierno solicitante justifica la petición.

Otros guatemaltecos, requeridos por una corte de Tampa, Florida, y también vinculados al cartel de Sinaloa, esperan extradición. Mauro Salomón Ramírez y Juan Ortiz López—alias Chamalé o Hermano Juan—, detenidos en octubre de 2010 y marzo de 2011, respectivamente, han retrasado su extradición por más de un año con numerosas impugnaciones y apelaciones.  Por aparte, Walther Overdick, presunto aliado de los Zetas (según las autoridades), fue detenido en abril pasado y es requerido por una corte de Nueva York. Los Zetas fueron el brazo armado del mexicano cartel del Golfo hasta finales de 2009.

DEA empuja capturas

Hasta 2010, dos obstáculos habían interrumpido las capturas de narcos de alto perfil en Guatemala: corrupción en algunas estructuras de gobierno y la infiltración del crimen organizado en éstas. De la primera da cuenta Transparencia Internacional, que en 2011 colocó a Guatemala en el puesto 120 de 182 países evaluados (siendo el 182 el peor). Guatemala era percibida como el tercer país más corrupto de Centroamérica. Mientras tanto, el ex presidente Álvaro Colom—quien entregó el mando en enero pasado—admitió que había infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado. También atribuyó algunos fallidos operativos de captura durante su gobierno a esta infiltración.

De acuerdo con un detective policiaco, otro factor es que “el anterior jefe de la DEA [Agencia Federal Antidrogas de EE.UU.] en Guatemala se concentraba más en decomisos de droga que en las detenciones de los capos”. Ahora, el objetivo mayor son las capturas. Al menos la fuente atribuye a este cambio las últimas seis capturas importantes, incluyendo la de Overdick, en la actual administración del presidente Otto Pérez Molina.

Por aparte, Michael Braun (ex funcionario de la DEA) dijo que fuerzas de tarea de la DEA conocidas como Equipos Externos de Apoyo en Asesoría (FAST, por sus siglas en inglés) podrían haber brindado asistencia técnica durante los operativos que llevaron a las capturas. “Su misión es enviar y proveer apoyo táctico a las investigaciones de las oficinas de la DEA en otros países”, dijo Braun. “Los agentes de la DEA permanentemente asignados a las oficinas afuera de Estados Unidos, y no los agentes de los FAST, son quienes hacen las investigaciones multi-jurisdiccionales (junto con las autoridades del país) que conducen a la detención de los traficantes”.

Esta asistencia es una manera de explicar la captura de seis presuntos traficantes guatemaltecos (por pedido de extradición) desde octubre de 2010 a la fecha. Antes de ese mes, la última captura de alto calibre ocurrió hace 22 años, cuando Arnoldo Vargas, alcalde de Zacapa, fue capturado en 1990 y extraditado por narcotráfico a EE.UU. en 1992.

Los FAST, integrados por agentes de la DEA con entrenamiento militar, operan desde el inicio de la administración presidencial de Barack Obama en EE.UU. en 2008. Equipos similares operaron en los años 90 en América Latina y Asia, particularmente, Afganistán.

No obstante, las autoridades en Guatemala insisten en que ninguna autoridad de EE.UU. participó en las capturas de 2010 y 2011 (pese a evidencia fotográfica en el caso de Chamalé). La policía colombiana aseguró lo mismo respecto a la captura de Herrera García y los Arizabaleta, y públicamente elogió a los policías colombianos que se negaron a aceptar un millonario soborno de Herrera García.

Nuevo gobierno, viejos retos

Desde noviembre pasado, como presidente electo de Guatemala, Pérez Molina, anunció que “planeaba embarcar a los grandes carteles en un ataque frontal”. Aunque se dibuja un mayor involucramiento de las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico, todavía se desconoce cuánto diferirá esto de cuanto hizo el gobierno anterior.

La policía capturó a cerca de un centenar de Zetas en los últimos cuatro años, que comenzaron a operar con mayor frecuencia en Guatemala desde diciembre de 2007. Este grupo era el brazo armado del cartel del Golfo, del cual se separó a principios de 2010. Un tercio de los Zetas detenidos son mexicanos; el resto, guatemaltecos. El ex ministro de Gobernación, Carlos Menocal, insistió en que las capturas–incluso de algunos cabecillas–debilitaron a los Zetas, pero ofreció poca evidencia para respaldar su optimismo. Aún no existe una forma de medir el impacto del decomiso de unas 200 armas, docenas de vehículos, una tonelada de cocaína, y al menos dos avionetas a esta organización. Las consecuencias de la captura de Overdick tampoco terminan de develarse.

Braun, ex Administrador Auxiliar y Jefe de Operaciones de la DEA, dijo que en Colombia los carteles fueron atacados uno por uno porque era imposible ir contra todos al mismo tiempo, como una posible explicación a por qué más socios del cartel de Sinaloa que de los Zetas han sido capturados en Guatemala. Mientras tanto, las matanzas atribuidas a los Zetas desde 2008 proveen evidencia de su expansión en el país. En julio de 2009, el entonces fiscal Ruiz indicó que estos sujetos ya se movilizaban en un 75 por ciento del país, pero apuntaban a controlar un corredor de trasiego de droga entre Honduras, Guatemala y México.

Mientras tanto, los decomisos de cocaína se incrementaron de 10.5 toneladas entre 2004 y 2007 (un promedio de 2.6 toneladas por año) a por lo menos 14 toneladas de 2008 a finales de 2011 (un promedio de 3.5 toneladas por año), cuando parte de la estructura de Herrera García estaba desmantelada. Además, la administración Colom aseguraba que todos los bienes, dinero y droga decomisados sumaron US$10 mil millones (equivalente casi al 150 por ciento del presupuesto nacional del Estado). Pero tampoco hay evidencia de que los decomisos y capturas en Guatemala, y las condenas de grandes capos latinoamericanos en EE.UU. afecten el narcotráfico a gran escala de Centroamérica a EE.UU.

El guatemalteco condenado más recientemente es Mario Ponce, capturado en Honduras en mayo de 2011 (extraditado en diciembre pasado), y declarado culpable de narcotráfico en mayo pasado en Miami. El juez del caso todavía debe fijarle sentencia.

El Departamento de Estado reporta que la cantidad calculada de cocaína que pasaba por Guatemala en 2010 era de 300 toneladas—100 toneladas más que en 2002—. No obstante, Braun afirma que “menos cocaína está entrando a los EE.UU., y hay más demanda en Europa”. Ello aunque el Informe Mundial de Drogas 2011 de la ONU indica que el 36 por ciento mundial de consumidores de cocaína está en EE.UU., el mercado más grande. El segundo mayor porcentaje, de 28, está en Europa.

En octubre pasado, la DEA dijo al Senado estadounidense que la pureza de la cocaína vendida en EE.UU. bajó a un 49 por ciento—una reducción de un 27 por ciento—, mientras que el precio por gramo subió de US$101 a US$189—un aumento del 87 por ciento—, entre enero de 2007 y marzo de 2011. El alza en el precio, y la reducción de la pureza de la droga, no ocurren porque haya menos cocaína en ruta hacia EE.UU. como resultado de los decomisos en Guatemala. Cuando Herrera García ya estaba extraditado, del estimado de 300 toneladas de cocaína trasegadas por territorio guatemalteco anualmente, en 2009, sólo fue confiscado el 2.3 por ciento; en 2010, el 0.4 por ciento; y en 2011, el 1.4 por ciento.

Amenaza recurrente

Los reportes del Análisis de la Amenaza Nacional de las Drogas 2011, que formula el gobierno de EE.UU., revelan que el cartel de Sinaloa todavía es “una de las más dominantes Organizaciones Criminales Transnacionales involucradas en operaciones de narcotráfico en los EE.UU.”.

Un funcionario mexicano afirmó a The Washington Post en octubre pasado que “El Chapo” Guzmán—que en diciembre cumplió 57 años de edad—es responsable de importar “en promedio, un kilo de cocaína a los EE.UU. cada diez minutos”. Braun no pudo respaldar esa información, pero habló de múltiples toneladas de droga ingresadas de contrabando a ese país cada año. También dijo que los traficantes guatemaltecos y colombianos acusados en la corte de Washington D.C. están entre docenas, o hasta entre cientos de similares estructuras que Guzmán y el cartel de Sinaloa contratan.

En EE.UU., la disponibilidad de la droga ha pasado factura. En 2010, el Centro Nacional de Inteligencia Antidrogas estimó que en EE.UU. el costo anual de crimen relacionado con los estupefacientes sumaba más de US$61 mil millones. En 2003, cuando la estructura de Herrera García estaba en su apogeo, la cocaína era “la droga más asociada con crímenes violentos en Washington D.C.”. Ese año, cuando el guatemalteco fue acusado en la corte distrital, la capital estadounidense fue una de las ciudades con las cifras más altas de homicidios—por número de habitantes—en los EE.UU.

Guatemala es uno de los pocos países donde aumentó el consumo de la cocaína, según el Informe Mundial de Drogas 2011 de la ONU. Esto muestra un crecimiento en la actividad del narcomenudeo, un proveedor directo de los consumidores, pero también un producto derivado del narcotráfico. De acuerdo con el gobierno anterior, el 40 por ciento de los homicidios están relacionados directa o indirectamente con el trasiego de drogas (a mayor o menor escala), aunque nunca explicó cómo obtuvo el dato. Además, la tasa de homicidios en Guatemala ha fluctuado entre el 45 y 38 por cada 100 mil habitantes en los últimos cuatro años. La Organización Panamericana de la Salud afirma que cualquier tasa superior a los ocho homicidios por cada 100 mil habitantes es una epidemia.

Dedo en la llaga

Según el analista Héctor Rosada, atacar a los traficantes donde más les duele –el dinero– todavía es la ruta a seguir. Por aparte, una estrategia militar ambiciosa, como la que busca Pérez Molina requiere de fondos que escasean, pese a la aprobación de una nueva reforma fiscal. El presidente manifestó que necesitará más ayuda de EE.UU., que ha pedido varias condiciones para levantar el embargo de asistencia militar vigente desde 1977.

Pérez Molina también sacó a discusión, primero como un comentario casual, después en una columna en The Guardian y finalmente en la Cumbre de las Américas, una propuesta para la regularización de las drogas. La propuesta ha colocado a Pérez Molina en el centro del debate mundial, con una columna en The New York Times este miércoles como último botón. Varios países latinoamericanos, como Colombia y Costa Rica, han apoyado que se debata el tema y el gobierno de EE.UU. respondió con un no tajante. Ahora una comisión lo analiza en la Organización de Estados Americanos. Mientras, Pérez Molina fue invitado a la reunión de millonarios en Davos a presentar la idea y la expondrá en la Asamblea General de la ONU en septiembre.

En 2012, Guatemala recibirá US$5 millones de EE.UU., principalmente en programas de prevención del consumo de drogas, además de otros fondos en ayuda regional. Pero esta asistencia será recortada para 2013 a US$2 millones. Así las cosas, y mientras el país espera más ayuda, golpear la fuente del dinero narco pareciera ser una de las pocas salidas viables. El actual gobierno ya estableció una Secretaría de Extinción de Dominio para la administración y uso de los bienes y fondos decomisados al crimen organizado, en la lucha antinarcótica y contra otros delitos. Sin embargo, el volumen del dinero que los narcos manejan, y la velocidad con la cual lo mueven, presentan un reto constante.

“Las estructuras de lavado de dinero son más complejas; no dependen de que el traficante decida si va a lavar dinero o no”, dice Rosada. “Se requiere atacar la corrupción, y llegar hasta el dinero que ya se lavó, pero para eso se necesita entrarle al páncreas, los riñones y al corazón de este país”. En los EE.UU., aunque no fue a la cárcel ningún ejecutivo de los bancos que lavaron dinero del narco (especialmente del cartel de Sinaloa) en la década pasada, los bancos pagaron fuertes multas. Luego, las autoridades se empeñaron en ir tras los personajes responsables de los US$14.4 millones hallados en 2003, y se embarcaron en una cacería que aún no termina.

Un investigador de la policía, de alta cuando los millones de dólares fueron decomisados en la casa que Herrera García rentaba en la capital guatemalteca en 2003, escuchó decir a agentes de la DEA que no eran $14.4 millones, sino $59 millones. Otras fuentes del MP aseguran que eran US$28 millones. Parecía que algunas de las autoridades que llegaron al lugar habían pellizcado los fajos de dinero. Pero ¿Cómo supo la DEA cuánto dinero había ahí originalmente?  “No sé, creo que por los documentos que encontraron en el lugar, y unos registros de computadoras [decomisadas]”, explica el detective. “Dijeron que vieron a un fiscal salir con grandes bolsas de plástico llenas de billetes en cada mano”. Las bolsas no tenían la cinta de embalaje de evidencias del MP.

Aunque este caso causó escándalo en Guatemala, el desenlace no inmutó a El Chapo, ni rompió el equilibrio en las filas del narco. Ahora está por verse si lo hace el caso en la corte de Washington D.C., con lo que Herrera García y el Phanor Arizabaleta hayan declarado. Por ahora, del lado de Guatemala, “todos están esperando a ver qué pasa” en el primer año de gobierno, según un ex funcionario de inteligencia civil. El mayor puñetazo contra el narco local ha sido la captura de Overdick y los decomisos (dólares en efectivo, cocaína y precursores de droga sintética). Pero los narcotraficantes esperan saber si hay algo más, o si su amenaza principal seguirán siendo las fiscalías estadounidenses, como la de Washington, D.C. lo fue para la red de Herrera García.

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