Nueve años de cacería para ocho narcos guatemaltecos (II)

En 2003, Estados Unidos comenzó una persecución que casi ajusta una década. Su objetivo: desmantelar una red liderada por el guatemalteco Otto Herrera García. Entre ese año y 2007, esa organización sirvió de bisagra entre el remanente del cartel de Cali y el cartel de Sinaloa. Esta es la historia de cómo capturaron a algunos de sus miembros claves y de quiénes continúan prófugos. La investigación del caso se realizó como parte de una beca del Centro Woodrow Wilson y el diario The Washington Post en Washington D.C., EE.UU. Esta es la segunda entrega de este reportaje.

El 14 de mayo de 2005, la fuga de Herrera García era un hecho. El diario mexicano El Universal reportó que había escapado de la cárcel dos días antes, disfrazado como policía. La prensa del país citaba cifras de sobornos que, al parecer, el guatemalteco había pagado para escapar.
El cable diplomático identificado como “Confidencial Guatemala 001673” reveló que a la Embajada de EE.UU. en Guatemala le preocupaba el caso del decomiso millonario, y estaba convencida de que involucraba a la “Organización Herrera”.

Aviones estadounidenses para cocaína colombiana

El 2 de abril de 2003, las autoridades encontraron US$14.4 millones en efectivo en una residencia capitalina de Guatemala, que vincularon al narcotraficante guatemalteco Otto Herrera García. Para entonces, el grupo estaba en pleno envío de dólares hacia Norteamérica, y no sólo a Sudamérica, como la fiscalía guatemalteca pensó originalmente. El expediente del caso, en una corte distrital de Florida, muestra que en octubre de 2003 y junio de 2006, la organización hizo 35 transferencias electrónicas desde casas de cambio en México hacia EE.UU. Envió US$2.7 millones al Banco de América en Oklahoma City vía Miami. En abril de 2007, envió otros US$600 mil por medio de seis transferencias vía México a la cuenta de una empresa de aviación, Advanced Aviation Sales Inc., en Naples, Florida.

El expediente en Florida enumera entre los acusados de lavado de dinero al mismo líder del Cartel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán, de 56 años de edad, y al colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, de 46, alias “El Economista”. Ambos supervisaban las transferencias electrónicas enviadas a Miami. En febrero de 2011, El Economista era un miembro clave de la Organización Cifuentes Villa de narcotráfico y un socio principal de El Chapo, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., y su Oficina de Control de Bienes en el Extranjero. El expediente también identifica entre los acusados a Herrera García, de 47, y a su hermano, Guillermo “Willy” Herrera García, de 45.

Dean DeBuck, de la Oficina de Contraloría de la Moneda de EE.UU., dijo que esta oficina no tenía información sobre las transferencias de 2003, 2006 y 2007 (que sumaron US$3.3 millones). Pero para 2010, esa oficina había descubierto operaciones similares (transferencias por US$300 mil) hechas en noviembre de 2005 y enero de 2006 desde la Casa de Cambio Puebla Reforma S.A. al Banco de América en Oklahoma City. Dos años antes, el Banco Wachovia había tomado a esta casa de cambio como cliente, y también realizó otras transferencias, de acuerdo con autoridades mexicanas y estadounidenses. Las transferencias estaban vinculadas a socios del Cartel de Sinaloa y a la compra de 13 aviones a compañías en EE.UU., como consta en un expediente de 2007 de la Procuraduría General de la República (PGR) de México.

Los aviones eran llevados a Venezuela y Colombia, donde eran cargados con cocaína y tripulados hacia Centroamérica o México. Algunos vuelos despegaban en la tarde y regresaban a Sudamérica cerca de las tres o cuatro de la madrugada siguiente. En Venezuela, la principal fuente de la droga eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asentadas al oeste de ese país para 2003, a decir de Michael Braun, ex Administrador Auxiliar y Jefe de Operaciones de la Agencia Federal Antidrogas (DEA). Otro expendedor de cocaína era el Cartel del Norte del Valle, cuyos laboratorios podían producir hasta 50 toneladas en cuestión de días. Una vez en Centroamérica o México, la cocaína era transportada por tierra hacia los EE.UU.

Trasiegos fallidos

Uno de los aviones que la Organización Herrera compró en EE.UU. fue decomisado cerca del río Usumacinta, en Guatemala, en enero de 2004, con dos toneladas de cocaína a bordo, según la PGR. Esta aeronave fue comprada por medio del fideicomiso Powell Aircraft Title Services en EE.UU., que abrió el cartel de Sinaloa, de acuerdo con reportes que el jefe delegado de la DEA en México, David Gaddis, envió a la PGR en enero de 2008.

Otra aeronave, vinculada al mismo fideicomiso, fue decomisada en septiembre de 2005 en la isla colombiana San Andrés con 1.5 toneladas de cocaína a bordo. Otro avión, un DC-9, comprado a un proveedor de Oklahoma y pilotado desde San Petersburgo, Florida, hasta Caracas, Venezuela, luego fue hallado en México el 10 de abril de 2006. El ejército mexicano decomisó la aeronave y la carga de 5.6 toneladas de cocaína (valorada en US$10 millones) en Ciudad del Carmen, Campeche (a 804 kilómetros al este del Distrito Federal). Otra que transportaba 3.3 toneladas de cocaína se accidentó en Yucatán.

Para 2007, el gobierno federal de México había clausurado la Casa de Cambio Puebla Reforma y capturó a Pedro Alatorre Damy, gerente de una de las sucursales de la casa de cambio. El sujeto fue identificado después como el operador financiero del cartel. En noviembre de ese año, la PGR denunció que otras 74 personas fueron vinculadas a las transferencias electrónicas sólo de esa casa de cambio, relacionadas con la compra de los narco aviones.

La investigación llevó a una cuenta bancaria–luego congelada–con US$2.7 millones (unos Q20.7 millones) en el Banco Harrys de Chicago, Illinois. Aún así, en septiembre de 2008, otro avión fue tripulado hasta Cuernavaca, donde fue decomisado con 5.6 toneladas de cocaína a bordo.

Las transacciones entre 2004 y 2006 y la implicación de la Casa de Cambio Puebla Reforma se hicieron públicas en 2010. Pero las 16 transferencias que el grupo de Herrera García hizo en 2003 escaparon al escrutinio mediático. Todas fueron hechas en tres días y sumaron US$1.1 millones (unos Q8.9 millones). Otras veinticinco se hicieron en ocho diferentes casas de cambio entre 2003 y 2007, aunque no pasaron desapercibidas para la fiscalía en Florida.

La organización estaba en la mira de los fiscales estadounidenses, que pretendían utilizar el Acta de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico (una ley que permite congelar los bienes de los acusados). Querían incluir entre sus objetivos a otros hermanos de Cifuentes Villa, como Francisco Iván, alias Don Pancho o Pacho. En México y Colombia, las autoridades aseguraban que Pacho tenía su propia flotilla de aviones, y un vínculo directo con Otto Herrera, de quien fue mentor.

Pacho había pertenecido al cartel de Medellín, y fue uno de los principales pilotos de Pablo Escobar, de quien heredó propiedades cuando Escobar murió acribillado en 1993. El piloto era co-fundador del fideicomiso Powell Aircraft Title Services, el mismo que el cartel de Sinaloa utilizó en EE.UU. para comprar los aviones.

Casi dos años después que los US$14.4 millones de dólares fueron descubiertos en Guatemala, y que las transferencias a EE.UU. estaban en curso, las autoridades dejaron en libertad a dos colombianos que presuntamente custodiaban el dinero. Se trataba de Carlos Eduardo Rodríguez Monar y José Fernando “Zimber” Arizabaleta Lenis. Este último era el sobrino y emisario del último capo activo del cartel de Cali (Phanor Arizabaleta Arzayús) en Colombia. Zimber y Monar sólo fueron condenados por encubrimiento. Un tercer sospechoso, el guatemalteco Byron Linares Cordón, fue capturado en conexión con el dinero, pero también saldría libre bajo fianza y sería recapturado ocho años después.

Preocupación diplomática

El cable diplomático identificado como “Confidencial Guatemala 001673” reveló que a la Embajada de EE.UU. en Guatemala le preocupaba el caso del decomiso millonario, y estaba convencida de que involucraba a la “Organización Herrera”. Para julio de 2003, había pedido ayuda a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General y hasta al presidente Alfonso Portillo (actualmente encarcelado y pedido en extradición por EE.UU. por lavado de dinero). La embajada trataba de prevenir la excarcelación de los colombianos y de Linares Cordón, a quien describía como el segundo hombre más importante de la organización de Otto Herrera García. En el cable, la embajada explicaba que “la DEA comenzó a recibir información de que el presunto traficante Linares [Cordón] estaba informando a sus socios que pronto saldría de la cárcel”.

El 29 de septiembre de 2003, un juez ordenó la libertad por medida sustitutiva—el pago de una caución económica de Q75 mil—de Linares Cordón. Para cuando otro juez revirtió la decisión, el acusado ya había salido de prisión, y no reaparecería hasta 2011. La liberación de Arizabaleta Lenis y Rodríguez Monar (detenidos por el hallazgo de los US$14.4 millones) ocurrió casi dos años después de su captura. Un documento de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, del 29 de marzo de 2005, consigna que recibieron cinco años de cárcel conmutables por Q100 diarios, además de Q100 mil de multa y Q500 mil por responsabilidades civiles cada uno. Ese fue el precio de su boleto hacia la libertad.

Mientras tanto, la maquinaria judicial rodaba en Washington D.C., donde Herrera García fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero seis meses después del hallazgo de los US$14.4 millones de dólares en Guatemala. La acusación fue crucial para todos los sospechosos, y su destino comenzó a hervir a fuego lento.

Desde 2003, el brazo de la fiscalía en la capital estadounidense ha alcanzado a la mitad de los acusados en México, Guatemala, Panamá y Colombia. Ahora navega en complejos procesos de extradición para sentarles en una corte distrital de Washington D.C. Cuatro guatemaltecos, tres colombianos, y un salvadoreño ya fueron capturados. Cinco acusados más –cuatro de ellos, guatemaltecos– permanecen prófugos.

Un colombiano vinculado al caso fue detenido en El Salvador. Su extradición se esperaba para 2005, según el Departamento de Justicia de EE.UU. Podría tratarse de Ricardo Alfonso Bravo Isaza, quien figura como cómplice en el expediente del caso. Su nombre aparece en un documento disponible de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que reproduce la acusación de la Fiscalía en Washington, y lo incluye entre los acusados del caso. Además, la prensa salvadoreña cita a fiscales de su país identificando a Bravo Isaza como colombiano, y lo vinculan a las operaciones de Herrera García en El Salvador.

Kilómetro cero

El primer miembro de la Organización Herrera en caer preso fue William Eliú Martínez, congresista salvadoreño de 1998 a 2002. Martínez fue acusado en octubre de 2003—como Otto Herrera García—y capturado un mes después en Panamá. Lo extraditaron en febrero de 2004 a Washington D.C. El traslado ocurrió diez meses después que los US$14.4 millones fueron descubiertos. Este fue un hallazgo que incluía documentos que conectaban a Martínez con Herrera García. Algunos medios de prensa registraban que presuntamente este último le había pagado al ex congresista US$2.5 millones—unos Q19.5 millones en 2003—por el transporte de droga.

Martínez había vivido en Houston, Texas, a mediados de los años 90, cuando conoció a un sujeto identificado como “El Chino”, quien lo invitó a “hacer negocios” con los Herrera García y Linares Cordón—esta información, que consta en el expediente del ex diputado en la corte de Washington, D.C., explicaba la preocupación de la Embajada de EE.UU. en Guatemala respecto a la anticipada liberación de Linares Cordón en 2003—.

Según el expediente en la corte estadounidense, en agosto de 1998, el congresista regresó a El Salvador y compró dos lanchas rápidas para recoger cargamentos de cocaína en alta mar en el Océano Pacífico, y transportarlos a El Salvador. Martínez había rentado grandes propiedades y construido altos muros alrededor de ellas para ocultar la droga, mientras llegaba el día de enviarla por tierra a Guatemala. Pistola en mano, el diputado solía vigilar cuando grandes toneles negros con 36 “ladrillos” de cocaína cada uno eran descargados de los botes a pickups, de acuerdo con un testigo citado en el expediente. Luego, la droga era colocada en camiones y trasladada afuera de El Salvador.

El 16 de marzo de 1999, el diputado supervisó el envío de tres camiones cargados con 2,556 kilos de cocaína (valorada en US$10 millones) hacia Guatemala, según el expediente en la corte estadounidense. Para la mala suerte de Martínez, la policía guatemalteca y la DEA decomisaron el cargamento cuando recién había cruzado la frontera de El Salvador. El Departamento de Justicia estadounidense luego vinculó al ex congresista salvadoreño con otros cuatro hombres y el trasiego de al menos 12 toneladas de cocaína para la “Organización Otto Herrera”. La droga había sido enviada en barco desde Colombia hasta El Salvador, y en camión, desde Guatemala hasta México y EE.UU.

“López”, un informante y el conductor de uno de los camiones, había alertado a la DEA, según el expediente de Martínez en Washington, D.C. López también le confió que los dueños de la carga, y los responsables del transporte, estaban furiosos por la pérdida. Tres días después del decomiso, les dijo a los agentes que había planes para enviar otro cargamento. Pero en menos de una semana, López murió acribillado en la capital guatemalteca. Otro testigo, “Pedro”, dijo que hombres vinculados al cargamento incautado el 16 de marzo y la organización de Otto Herrera García asesinaron a López.

La DEA luego supo que otra carga sí llegó a su destino. “Algunos de los paquetes de cocaína decomisada [en Guatemala]….estaban marcados con los mismos logos descubiertos luego en droga decomisada en EE.UU.…la bandera estadounidense con un águila, o las palabras ‘Mobil Super Plus’”, según documentos del caso. Los logos eran instrucciones de envío para distribuidores mayoristas.

Pese al asesinato del testigo, Martínez fue capturado en noviembre de 2003 en Panamá y extraditado en enero de 2004. Actualmente cumple una pena de 29 años de cárcel en el Instituto Correccional Federal Oakdale, en Louisiana.

Con el correr de los meses, fue evidente que Martínez era irrelevante para las operaciones de Herrera García. Mientras el ex congresista esperaba a ser extraditado desde Panamá, un Gran Jurado en Miami, Florida, vinculó al guatemalteco con un nuevo cargamento de cocaína ingresado en EE.UU. cerca del 25 de enero de 2004. Para entonces, el guatemalteco ya nadaba con peces más grandes.

Captura sorpresiva

El 21 de abril de 2004, cuando el ex congresista Martínez ya estaba en EE.UU., ocurrió lo inesperado. Otto Herrera García, a la edad de 39, fue detenido en la Ciudad de México. La captura ocurrió cuando estaba en el aeropuerto, a punto de reunirse con su novia, la mexicana Marcela González, según la PGR. Ella había viajado desde Guadalajara, Jalisco, mientras la esposa–de quien el traficante se había separado–vivía presuntamente en Cancún. Herrera García fue llevado a una prisión de máxima seguridad en el Distrito Federal, en medio de un bullicioso despliegue mediático que las autoridades mexicanas montaron por su captura.

El mismo día, Departamento de Justicia de EE.UU., además, divulgó que Herrera García era “uno de los narcotraficantes más grandes en Centroamérica”. Esta acusación era el resultado de una investigación multinacional que involucraba a agentes de la DEA en México, Guatemala y El Salvador. La investigación vinculó a Herrera García y otros cuatro acusados al trasiego de “cinco cargamentos de cocaína, sumando más de 6,500 kilos destinados a EE.UU.”, aproximadamente entre marzo de 1996 y octubre de 2003, según autoridades estadounidenses. Estas también anunciaron que buscarían “la rápida extradición de Herrera García a Estados Unidos”. Meses después, advertirían que no actuaron lo suficientemente rápido.

El 14 de mayo de 2005, la fuga de Herrera García era un hecho. El diario mexicano El Universal reportó que había escapado de la cárcel dos días antes, disfrazado como policía. La prensa del país citaba cifras de sobornos que, al parecer, el guatemalteco había pagado para escapar. Las cifras iban desde cientos de miles de dólares hasta US$2 millones. Coincidentemente, días antes de ser capturado, las autoridades mexicanas revelaron que Herrera García había vendido un yate en US$2 millones, y que la embarcación fue localizada en Cancún. También confirmaron que Herrera García todavía hacía negocios con Don Pacho (su mentor y socio del cartel de Sinaloa) en Colombia y con Ismael “El Mayo” Zambada García (un socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el noreste de México), según un archivo de la PGR de 2004.

Cuando fue capturado, el guatemalteco era una pieza valiosa para el narcotráfico internacional. Información extraoficial da cuenta de que varios jefes del cartel de Sinaloa–con la venia de El Chapo–financiaron su fuga, de acuerdo con Michael Vigil, ex Jefe de Operaciones Internacionales para la DEA. “Los esfuerzos del cartel para liberarlo probaron cuán importante era para ellos”, dice Vigil, quien también trabajó como agente encubierto en México. “Otto se encargaba de operaciones importantes para El Chapo, quien también le pagaba grandes cantidades de dinero; ambos tenían una relación de mutuo beneficio”.

El caso de Florida de lavado de dinero muestra que las transferencias electrónicas vinculadas al grupo de Otto Herrera García se reanudaron en junio de 2006, un año después de su fuga. El envío salía desde México hacia Miami, y luego a Oklahoma City. Otras transferencias, atribuidas específicamente a Herrera García, se hicieron en abril de 2007 desde México–esta vez desde el banco HSBC en ese país a una cuenta en Naples, Florida. La Oficina de Contraloría de la Moneda de EE.UU. se había enfocado más en observar de cerca al Banco Wachovia (que manejó US$378 mil millones de fondos ilícitos entre 2004 y 2007, según Bloomberg.com). Entonces, la red de El Chapo y los Cifuentes Villa comenzó a usar el HSBC y otras casas de cambio en México desde 2006.

Cacería rumbo a Colombia

En 2006, mientras el ex congresista salvadoreño William Eliú Martínez apelaba su sentencia de 29 años de cárcel en Washington D.C., su ex socio Otto Herrera García se movía sin problemas entre Centroamérica y Sudamérica. El guatemalteco nunca presintió la proximidad de la fiscalía de Washington D.C. que, a veces de puntillas y a veces a zancadas, lo había alcanzado hasta prácticamente respirarle al cuello.

Según Vigil, Herrera García era un “intermediario crucial” y fue enviado a Colombia a negociar con los líderes de los carteles más grandes. Documentos de la corte en la capital estadounidense muestran que estuvo en Colombia al menos un año y medio, e hizo negocios con los Arizabaleta y los Cifuentes Villa. Herrera García se movía tranquilo en Bogotá sin imaginar que, el 8 de junio de 2006, EE.UU. había pedido su captura y extradición al gobierno colombiano, de acuerdo a un documento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. La solicitud fue respaldada por la entonces Secretaria de Estado Condoleezza Rice.

En septiembre de 2006, Herrera García contrató a un chofer por medio de un hombre llamado Henry Quintero. El elegido fue Orlando Mosquera Lozada, a quien Quintero le preguntó “si estaba interesado en ser el chofer para el gerente de una empresa”, de acuerdo con el expediente del caso en Florida. Quintero “le dijo a Mosquera que si quería el trabajo, no debía hacer demasiadas preguntas”. Días después, Mosquera, de 47 años de edad, conoció a su jefe. Herrera García se presentó como “Diego León Callejas”. Le ofreció pagarle el equivalente en pesos colombianos a US$500 (unos Q3,800 en 2006), que luego le entregó mensualmente en efectivo.

Mosquera transportaba a Herrera García–aparentemente sin ningún vehículo colero de seguridad–a varias reuniones, y hacía mandados para él. El expediente revela que Mosquera y Roberto, otro empleado del traficante, llevaban a Herrera García y sus “socios” por toda la ciudad. “Aunque Mosquera debía mantenerse a distancia, cuando su jefe se reunía con sus socios y hacía negocios, era evidente [para el chofer]….que Herrera estaba involucrado en narcotráfico”, señala un documento del caso.

En una ocasión, Herrera García le pidió a Mosquera que recogiera un paquete para él en una casa en Bogotá. El chofer sabía que el paquete contenía pesos colombianos, el equivalente a US$10 mil dólares (unos Q76 mil). Mosquera cumplió con la orden sabiendo que estaba manejando ganancias de narcotráfico, según el expediente. El chofer fue acusado y detenido tres años después, cuando relató estos eventos a la fiscalía en Florida. Fue liberado en mayo de 2011. Pero antes que esto ocurriera, la fortuna de la organización de Otto Herrera tomó un giro funesto y definitivo.

En abril de 2007, Herrera García realizó varias transferencias electrónicas por un total de US$600 mil (unos Q4.5 millones) desde México a Florida. Tres meses después, el ex congresista salvadoreño perdió la apelación de su caso en EE.UU. En la superficie, la decisión de la corte no inmutó a la organización, pero otra vez la fiscalía de Washington D.C. estaba más cerca que nunca de Herrera García. Las autoridades colombianas ya le seguían de cerca en Bogotá.

Quizá a Herrera García el desenlace de su mentor “Don Pancho” Cifuentes Villa debió servirle de mala premonición. El 23 de abril,  el aviador colombiano fue acribillado en su finca en Antioquia, en su propia habitación. Pese a las circunstancias del asesinato, la viuda de éste, María Patricia Rodríguez Monsalve, alias La Doctora, se encargó del negocio—las operaciones de narcotráfico y lavado que Don Pacho manejaba en Colombia. Y a la viuda no le tembló la mano, ni siquiera para proponerle a El Chapo que trabajara con ella—algo que el capo aceptó. Más adelante, las autoridades colombianas la vincularon con las transferencias electrónicas desde la Casa de Cambio Puebla Reforma hasta Oklahoma. Pero para entonces, Herrera García usaba otras casas de cambio y enviaba el dinero hacia Florida.

El 20 de junio, dos meses después de la última transferencia hacia Florida, la policía colombiana acorraló a Herrera García. La prensa reportó que lo ubicaron en un centro comercial, acompañado de dos colombianos. Los agentes no lo reconocieron de inmediato, pero un oficial pronto ató cabos. Ese rostro ya lo había visto antes. El cabello recortado casi al rape, las facciones adelgazadas (había rumores de cirugía plástica), y sus cejas depiladas no lograron que  Herrera García pasara desapercibido a simple vista.

Esta vez, su dinero de nada le sirvió–ninguno de los US$700 mil (unos Q5.3 millones) que ofreció por su libertad a cada uno los agentes que lo capturaron, o los US$5 millones en total, según diferentes reportes de prensa. Una vez en custodia, y vencido, “no negó ser la persona requerida por el Gobierno de EE.UU.”, según un documento de extradición. La corte de Florida también pidió la captura y extradición de Herrera García por lavado de dinero, pero el caso de Washington D.C. por narcotráfico y lavado de dinero absorbió el proceso de Florida.

El hermano del capo, Guillermo Herrera García, a decir de las autoridades guatemaltecas, tomó el mando del negocio. Este sujeto todavía figura como acusado en las cortes de ambos estados. Otros dos hermanos de Otto Herrera García, Carlos Humberto y Roger Alberto, no son mencionados en estos procesos.

Bastarían cuatro años, después de la captura de Otto Herrera García, para que rodaran otras cabezas de la organización—no sin algunas negociaciones con la fiscalía de Washington, D.C., y sentencias benévolas de por medio. Mientras tanto, a nueve años del hallazgo de los US$14.4 millones en Guatemala, y con declaraciones clave de los detenidos y extraditados (selladas al público), el brazo de la fiscalía estadounidense sigue buscando a los sospechosos prófugos, en una cacería que aún no parece tener fin.

*La tercera parte y final de esta investigación será publicada el próximo viernes.

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Luis Mendez Salinas. Si algún día nos haremos luces.
La ventana en la pared constituye el acceso al basurero de La Verbena. El muro separa la vida de los mineros del resto del mundo.
El Maracaná.

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