Nueva era en la explotación de recursos naturales

El Gobierno aprobó el contrato en contra de múltiples argumentos -legales, ambientales, económicos, sociales e institucionales-, contra la oposición bien argumentada de organizaciones académicas y ambientalistas, de gremios de profesionales y otros movimientos; pero también desoyendo el dictamen negativo de la autoridad nacional en materia de áreas protegidas, el CONAP, y el voto razonado de tres ministros.

Dos cuestiones excepcionales no deben perderse de vista. Por un lado, el área protegida que hoy está siendo vulnerada es un paraíso natural, un humedal de importancia mundial. Su rescate aun es posible. Por otro lado, el desafío a toda lógica racional que este hecho representa, pues sus alcances dañinos no sólo se restringen al espacio que hoy se vulnera si no que se extiende a todos los asuntos ambientales de la nación.

Este hecho, que demuestra la indiferencia del Gobierno hacia una realidad ambiental nacional ya de por sí precaria, que denota ignorancia sobre los beneficios que aporta en su condición de espacio natural protegido, y que privilegia los intereses económicos privados en detrimento del bien común, ya ha despertado los ánimos de aquellos que ven en los espacios naturales del país una nueva oportunidad para el enriquecimiento inmediato.

No han tardado en aparecer las pretensiones de ampliar el número de pozos petroleros en esa área sin atender los procedimientos legalmente establecidos, así como las iniciativas de exploración y la consecuente explotación de minerales en las playas del litoral del Pacifico y de otros territorios donde las poblaciones rurales se muestran “temerosas de nuevas actividades mineras”, como sucede con grupos ubicados en los municipios de San Rafael Las Flores, Casillas, Chiquimulilla y otros ubicados en la cuenca de la Laguna de Ayarza, en el departamento de Santa Rosa.

El botín natural no ha tardado en redefinirse. Este legado del actual gobierno puede tomar un curso desenfrenado si no se retoma a la luz de intereses nacionales que ponderen de forma adecuada, por un lado, la necesidad de invertir los beneficios económicos derivados de la utilización de recursos naturales en objetivos de desarrollo social, y por otro, la necesidad de eliminar o al menos disminuir los graves ritmos de agotamiento, deterioro y contaminación que se manifiestan en los cuatro puntos cardinales. La correlación de esta realidad que define en gran medida nuestra vulnerabilidad social, con las amenazas que se derivan del cambio climático, nos ha mostrado el enorme poder destructor al que estamos expuestos y que se potencia con la precaria capacidad de respuesta de nuestras instituciones. Mitch, Stan, Agatha así lo confirman. Definir y respetar nuestras “reservas ambientales”, en el amplio sentido de los términos, es impostergable.