Las “leyes de transparencia”, formalmente las iniciativas 4461 y 4462, fueron presentadas por el Ejecutivo en marzo de 2012. Abandonadas políticamente por el propio Ejecutivo, carecieron del ímpetu oficialista que recibieron otras iniciativas como las de los presupuestos para 2012 y 2013, la creación del Ministerio de Desarrollo Social o la reforma tributaria.
La ciudadanía ha dejado claro que la transparencia es un componente indispensable para la política fiscal, y que necesariamente debe acompañar las medidas en materia tributaria, el endeudamiento público o los presupuestos. Sin transparencia, por muy buenas que sean otras acciones, carecen de legitimidad. Con el bochornoso episodio de los bonos para pagar la “deuda flotante”, el gobierno tiene que tener muy claro que no debe continuar autorizando gastos o procurar elevar los ingresos tributarios al tiempo que proliferan los escándalos de corrupción y prácticas opacas en la gestión pública.
Por ello, no debemos abandonar el esfuerzo por la legislación dirigida a dar pasos en la dirección correcta para transparentar la gestión pública y combatir el flagelo de la corrupción. Es claro que la aprobación de las leyes no será suficiente, pero debidamente revisadas y corregidas constituyen un paso necesario para avanzar.
En el Congreso de la República el paradero de estas leyes ha sido irregular, y hasta accidentado. El año pasado, la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia dictaminó favorablemente la iniciativa 4461, mejorando las propuestas del Ejecutivo para reformar las Leyes Orgánicas del Presupuesto, de la Contraloría General de Cuentas y de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por su parte, la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria dictaminó favorablemente la iniciativa 4462, conteniendo la importante Ley de Fideicomisos Públicos, así como reformas a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y a la Ley del Organismo Ejecutivo.
En este 2013, la iniciativa 4461 también fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Probidad y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con los cuales esta iniciativa de ley cuenta con tres dictámenes favorables. Esta multiplicidad de dictámenes generó controversia y desconfianza, ya que incluso hubo serios señalamientos de mutilaciones y alteraciones que debilitarían o desvirtuarían la efectividad real de las reformas, incluso favoreciendo más la opacidad que la transparencia.
Luego de la controversia, en semanas pasadas las comisiones involucradas en el proceso acordaron instalar una mesa técnica en la cual se dirimieran estas diferencias, y producir versiones revisadas de las leyes que recuperaran su valor y potencial a favor de la transparencia. Éste es un trabajo técnico legislativo en el Congreso que merece reconocimiento de la ciudadanía.
Pero además del reconocimiento, las versiones revisadas de las leyes de transparencia requieren auditoría social y el escrutinio ciudadano, para evitar que se repitan las alteraciones y tergiversaciones. Éste es un elemento fundamental y urgente para que este prolongado esfuerzo llegue a buen término.
Esto exige que todas y todos hagamos nuestras estas leyes. Debemos exigir que las versiones revisadas se hagan públicas, y si están bien, exigirle al Pleno del Congreso su aprobación, antes de considerar los préstamos sin aprobar o el proyecto de presupuesto para 2014.
La experiencia de la Ley de Acceso a la Información Pública o de la Ley Contra la Corrupción (conocida como “ley contra el enriquecimiento ilícito”), demostró que su aprobación fue posible sólo con una dosis fuerte de presión ciudadana. Es decir, una vez las versiones revisadas estén terminadas, los y las ciudadanas tenemos la responsabilidad de presionar por su aprobación.
¿Estamos listos para hacer nuestra parte del esfuerzo?
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