Noviembre, mes de la No Violencia Contra las Mujeres

En diciembre de 1999, la 54ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 54/134 en la que declaraba el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Un Estado débil no puede proteger la vida ni los derechos de las mujeres.

El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960, año en el que las tres hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político. Las hermanas son conocidas como las "mariposas inolvidables”.

Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en muerte violenta de mujeres: homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, que son las figuras tipificadas para sancionar este delito en nuestra legislación. Día tras día, año tras año, en el mundo entero y concretamente en nuestro país, nos proponemos dar pasos contundentes para eliminar este flagelo, y aunque hemos avanzado en tener un marco legal que garantice nuestro derecho a una vida sin violencia y se ha dado vida a una institucionalidad que tutele nuestros derechos y la aplicación de la justicia, las cifras de muerte no se detienen. Cada día se reportan muertes violentas de mujeres, que vienen a enlutar cientos de hogares y en muchos casos dejan en la orfandad a niños y niñas.

Hoy por hoy nos encontramos ante instituciones del Estado que se encuentran rebasadas en su capacidad, con problemas grandes en materia de corrupción, tráfico de influencias y en muchos casos cooptadas por estructuras del crimen organizado. Muchos se preguntaran ¿y esto que tiene que ver con el tema de la No violencia Contra las Mujeres? La respuesta es sencilla, un Estado débil no puede proteger la vida ni los derechos de las mujeres. Y para muestra un botón, el caso Cristina Siekavizza nos pone a flor de piel cómo un caso de femicidio moviliza las estructuras corruptas para encubrir y no permitir que la justicia avance. A cuatro meses del asesinato de Cristina se desconoce el paradero de su cuerpo, la ubicación de sus pequeños niños y del supuesto agresor, Roberto Barreda.

Las acciones emprendidas no son un linchamiento político hacia nadie, únicamente son acciones que responden a la justicia, a la necesidad de avanzar en las investigaciones que nos lleven a establecer ¿Dónde están?, ¿cómo están?, y ¿quiénes son los responsables? Con cada paso que se da en la investigación nos topamos con estructuras siniestras que van más allá del tráfico de influencias, de ahí que al momento el aparato estatal no tenga respuestas. Siempre he sido de la opinión que mientras más poder tiene el agresor, más difícil es el camino. Este caso lo comprueba.

Es importante que cada institución del Estado y privadas den su mejor aporte para esclarecer este y otros casos. Para realizar una investigación eficaz se requiere de mucha colaboración, despliegue de llamadas, movimientos bancarios, movimientos migratorios, pero ¿cómo se hace esto?, si en este país el Estado no tiene acceso a esta información que es un tema de seguridad nacional. Y lo menciono porque a través de una fuente anónima se tuvo información documental del acceso de Roberto Barreda a otro pasaporte, de ahí los allanamientos a la empresa que emite este documento. Nos preguntamos si esto es verdad, y pasa en un caso de femicidio, ¿qué podemos esperar en otros casos? Solo hago un llamado a que no olvidemos que otras dos víctimas de esta violencia son también Roberto José y María Mercedes, estén donde estén.