Diez meses antes, en abril de 1998, el obispo Juan José Gerardi Conedera presentó el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala: nunca más. Apenas dos días después Gerardi Conedera fue ejecutado extrajudicialmente por un comando integrado por elementos del Ejército de Guatemala.
Ambos informes documentan las graves violaciones de derechos humanos sufridas por la población civil no combatiente a manos de fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, así como por elementos de las fuerzas insurgentes. Dichos informes, en particular el de la CEH, instalada por petición del Estado en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, documentan 240,000 víctimas. De estas, 45,000 son personas detenidas desaparecidas (entre ellas 5,000 menores de 14 años). También documentan más de 600 masacres y la práctica desaparición de más de 400 aldeas en los departamentos del país. La gran mayoría de las víctimas eran originarias de algunos de los 22 pueblos mayas.
Las víctimas, tanto las ejecutadas como las desaparecidas, así como las sobrevivientes, también sufrieron tortura física y psicológica. De igual forma, hubo violencia sexual, en particular contra mujeres y niñas. Cientos de miles de personas fueron forzadas al desplazamiento interno, al refugio o al exilio allende las fronteras. Cientos de miles también quedaron en orfandad y cientos de miles perdieron todas sus posesiones.
Como parte de los acuerdos para poner fin al enfrentamiento armado, además de la instalación de la CEH se suscribió el compromiso de una ley de reconciliación que garantizara amnistía por delitos políticos y comunes conexos, a excepción expresa de crímenes de lesa humanidad, es decir, tortura, desaparición forzada, genocidio y delitos contra deberes de humanidad.
Los dos reportes concluyeron que la responsabilidad de tales hechos recae, en una inmensa mayoría, en autores estatales. La CEH precisa que el 93 % de esos hechos fueron cometidos por fuerzas del Ejército y de la Policía. Un 3 % es atribuido a la insurgencia, en tanto que en un 4 % no fue posible identificar la responsabilidad. En su informe, la CEH concluyó que, en la puesta en práctica de la estrategia contrainsurgente, el Estado de Guatemala, por medio de sus fuerzas armadas y policiales, cometió actos de genocidio, un delito que el Estado se comprometió a prevenir, investigar y sancionar cuando suscribió la convención internacional en la materia.
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Sin embargo, debieron pasar casi dos décadas después de presentado dicho informe para que hubiera una primera sentencia condenatoria por genocidio. En la mayoría de los casos con sentencia condenatoria, las víctimas y sus familias han esperado más de tres décadas para que las cortes nacionales hagan justicia condenando a quienes han resultado responsables de dichos crímenes.
Lamentablemente, de la mano de diputados al Congreso de la República llega la afrenta contenida en la iniciativa 5,377, que intenta no solo dejar impunes (contradiciendo la misma Constitución de la República) a quienes han sido condenados por ejecución extrajudicial, desaparición forzada, violencia y esclavitud sexual, así como por tortura y delitos contra deberes de humanidad, sino también impedir que continúen las investigaciones por tales hechos. Peor aún, existe la perversa intención de exigirles a las víctimas que han sido resarcidas la devolución de lo que el Estado les ha pagado por los crímenes cometidos. Lejos de asegurar un plan integral de dignificación, que incluya medidas reales para garantizar la no repetición, el sistema político incuba a las figuras jurásicas que revictimizan a quienes sufrieron atrocidades y premia a los criminales de uniforme.
Es por ello que el Estado no puede seguir con las manos manchadas con la sangre de las víctimas del conflicto armado interno. Las leyes de impunidad no pueden ser la respuesta al reclamo de memoria, verdad y justicia. La intención de liberar a los asesinos, a los violadores y a los torturadores debe cesar para dar paso al proceso real de resarcimiento y, quizá algún día, de reconciliación.
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