Cada vez queda más claro que la “deuda flotante” se contrató violando la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto. Además, la literal c) del artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto dice que esos contratos no constituyen deuda pública, por lo que el Estado (incluyendo a todos los contribuyentes), no tiene obligación de pagarlos.
Así que debemos rechazar las publicaciones de los contratistas, en las que se pretende comparar esos pagos con la obligación que tiene un patrono con sus trabajadores, además de amenazar con paralizar obras y otros chantajes y extorsiones. Si fuera como esos contratistas dicen, el narcotráfico y el sicariato son "trabajos" que habría obligación de pagar, por el sólo hecho de haber sido realizados. ¿Y por qué no estamos obligados a pagarle a los narcos y sicarios por sus "trabajos"? Porque lo que han hecho es ilegal. Porque, ojo, tan ley es la que violan los narcos y sicarios, como las que se violaron al suscribir los contratos de la “deuda flotante”. La ley es la ley.
Tampoco estamos obligados a reponer el capital que arriesgaron irresponsablemente en contratos sin respaldo presupuestario. Es responsabilidad de los contratistas, y no hay justificación alguna para socializar sus pérdidas con deuda pública bonificada.
Ahora bien, ¿quiere decir que todos los contratistas son chantajistas que nos amenazan con actitudes propias de delincuentes? Por supuesto que no. Como en todo, la generalización puede constituir un error. ¿Y cómo hacemos para distinguir los contratistas delincuentes de los que pudieran, todavía, ser valorados como empresarios a los cuales podría pagárseles?
Pues toca aplicar el sabio refrán: “el que nada debe, nada teme”. Si dentro de los empresarios que reclaman estos pagos quedan honestos y probos, entonces ellos y la ciudadanía entera debemos exigir: no aprobar los bonos; que antes de realizar cualquier pago, la Contraloría General de Cuentas realice una auditoría, certifique la calidad de las obras y publique los resultados (para esto, si se requiere, sí vale la pena invertir recursos), en lugar de la pantomima de auditoría que dice el Ministerio de Comunicaciones haber hecho (Drácula cuidando el banco de sangre); sancionar a quienes hayan cometido ilegalidades; y entonces, y sólo entonces, a partir de 2014 y de manera muy gradual, los contratos que hayan superado auditorías y controles independientes que hayan certificado la buena calidad de las obras realizadas (no de Drácula), pueden empezase a pagar poco a poco, sin afectar las finanzas del Estado u otras prioridades de gasto público.
La discusión del presupuesto para 2014 en septiembre próximo es apropiada para separar las manzanas buenas de las podridas. Si las autoridades tuviesen un verdadero compromiso por la transparencia, ya estarían trabajando en este plan de control e incorporar la solución en el presupuesto de 2014 y sucesivos. El Ministerio Público y el Organismo Judicial ya deberían estar trabajando en sancionar las ilegalidades cometidas. El Organismo Ejecutivo ya le hubiese transferido a la Contraloría los recursos que necesita para las auditorías especiales, y estaría diseñando el plan de pagos para los próximos 5 años, para los contratos que superen los controles. El Congreso ya hubiese aprobado las leyes de transparencia que refuerzan los controles para evitar que la “deuda flotante” se propague más.
Así, no se justifica la prisa por aprobar los bonos. Lo mejor es no aprobarlos porque hay mucho trabajo que debe hacerse antes de pagar un solo centavo.
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