Javier Ciurlizza, director del Programa Latinoamérica y Caribe de International Crisis Group

“No hay acuerdo sobre en qué se debe hacer justicia y en qué no”

Resulta que algo se olvidó discutir en Guatemala, opina Javier Ciurlizza. Algo importante. Juzgar o no juzgar ciertas cosas del pasado nunca llegó a forjar un consenso, como tampoco un debate profundo. Tras la firma de la paz otros procesos avanzaron, mal que bien avanzaron. La memoria, el debate político, la discusión social. En medio de estas transiciones, Ciurlizza, director del Programa Latinoamérica y Caribe de International Crisis Group, ubica una justicia oficial que empezó a caminar por inercia, en solitario, sin tener claro qué o a quién juzgar. En consecuencia, dice, Guatemala está pagando un costo a causa del desfase temporal con que este tema ha llegado a tribunales.

Javier Ciurlizza, analista y director del Programa Latinoamérica y Caribe de International Crisis Group.
Para Ciurlizza la justicia en Guatemala está pagando un costo a causa del desfase temporal con este tema ha llegado a los tribunales.
Ciurlizza considera que "la impunidad generalizada de la violencia del pasado y del presente tiene un efecto corrosivo sobre la democracia del país.
Javier Ciurlizza, analista y director del Programa Latinoamérica y Caribe de International Crisis Group.
Javier Ciurlizza, analista y director del Programa Latinoamérica y Caribe de International Crisis Group. Fotografías de Sandra Sebastián
Para Ciurlizza la justicia en Guatemala está pagando un costo a causa del desfase temporal con este tema ha llegado a los tribunales.
Para Ciurlizza la justicia en Guatemala está pagando un costo a causa del desfase temporal con este tema ha llegado a los tribunales.
Ciurlizza considera que "la impunidad generalizada de la violencia del pasado y del presente tiene un efecto corrosivo sobre la democracia del país.
Ciurlizza considera que "la impunidad generalizada de la violencia del pasado y del presente tiene un efecto corrosivo sobre la democracia del país.
Obviamente lo que fracasa no es solamente ese tribunal independiente sino el sistema que privilegia el interés particular sobre el derecho. Fue una decisión política y no una jurídica.
El debate se contamina si una de las dos partes amenaza a la otra con cosas que vayan más allá de la discusión de ideas. A nosotros nos preocupa muchísimo que todavía se den acusaciones de “terroristas”, de “comunista”, de “guerrillero” que distraen la atención. Que son absurdas. Que no contribuyen a un debate honesto que Guatemala necesita hacer.

Nadie le dijo al poder judicial: “usted no puede investigar”. Y resulta que el Ministerio Público empezó a indagar. Cuando los juicios empezaron a promoverse, cuando un ex jefe de Estado es juzgado por el delito de genocidio en una corte local, Guatemala parece regresar a la discusión de 1996, a la firma de la Paz, como si esta nunca hubiera sucedido en realidad. “Es a causa de las cosas que no se hicieron en su momento”, resalta Ciurlizza, en tanto analiza la fragilidad actual de la justicia en Guatemala, y la manera en que distintos grupos entienden, o asumieron, la reconciliación.

¿Qué tuvo que pasar en Latinoamérica para que se vea una reconfiguración de la justicia en la región e incluso se juzgue en su propio país a un ex jefe de Estado por el delito de genocidio?

–Se ha tratado de un proceso de avances y retrocesos. Pero básicamente hay tres factores esenciales. Uno es la transformación política de los Estados, pero como reflejo de la democratización a causa de la crisis de regímenes dictatoriales y procesos de paz. A ello se suma la evolución del derecho internacional. O dicho de otra manera, la evolución de los estándares en derechos humanos. Hace 20 o 30 años era perfectamente posible terminar un conflicto armado y hacer una transición con una amnistía absoluta, con un perdón mutuo, sin ninguna consecuencia jurídica importante. Hoy en día eso sería cuestionable. En nuestras regiones, el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha indicado que los crímenes a Derechos Humanos no pueden ser materia de amnistía o indulto. Los Estados tienen el deber jurídico y político de sancionar esos graves crímenes. Aunado a ello, un tercer factor existe desde la transformación social, que en Latinoamérica se ha desarrollado como una serie de demandas hacia el Estado cada vez más sofisticadas. Si sumas entonces la transformación política, la transformación social, la transformación jurídica tienes un escenario latinoamericano donde, por ejemplo, un juicio por genocidio, en una corte local, tiene una explicación. Y lo mismo, para los juicios a Fujimori en el Perú o a Pinochet en Chile en los últimos años de su vida. Hay un mayor activismo judicial en muchos países no sólo en materia de Derechos Humanos, también en contra de la corrupción.

¿Qué pasa con Guatemala en concreto?

–Guatemala ha sido un caso de extremos. Los acuerdos de paz, acá, dejaron una ventana muy importante para la justicia. Se sabe que la reconciliación nacional, el resultado de ese proceso, no fue una amnistía total. Se dio amnistía general salvo en alguna serie de crímenes que ahora llamamos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones graves al derecho internacional humanitario. Si uno lo compara, por ejemplo, con El Salvador, donde la amnistía fue absoluta, se podría decir que Guatemala le apostó a una paz con justicia. Ese es un primer extremo positivo.

Pero otro extremo, negativo, es que la impunidad en Guatemala ha sido una impunidad de facto. Nadie le dijo al poder judicial “mire, usted no puede investigar”. O “esto sí y esto otro no”. Simplemente la justicia fue asumiendo un rol y ocurrió por razones de poderes fácticos, circunstancias sociales, o por una serie de condicionantes culturales. Pero cuando empiezan a promoverse juicios sobre Derechos Humanos y crímenes del pasado, Guatemala parece regresar a la discusión de 1996, a antes de la firma de la Paz, como si esta nunca hubiera sucedido en realidad. Si hoy día por ejemplo, en Chile, o en el Perú, alguien preguntara por qué juzgar crímenes del pasado sería visto como una crítica al proceso de reconciliación, y la mayor parte de la sociedad diría “están locos”. La discusión en estos países fue sobre si hay que juzgar a todos o algunos, si hay que buscar atenuantes o explicaciones, pero que se debe juzgar, no hay duda. En Guatemala la forma de hacer justicia, luego del conflicto, no se discutió.

En el libro Revoluciones sin cambios revolucionarios, Edelberto Torres Rivas resume que en Nicaragua hubo un triunfo, en El Salvador un empate, y en Guatemala un impasse. ¿Este impasse podría ser la explicación para esa justicia con paz que no se discutió?

–Para poder determinar qué tipo de justicia hay en un país primero hay que entender qué tipo de paz hubo en ese país. Cuando tienes eso, debes responder cuáles eran las características de los actores políticos que firmaron esa paz.

En Nicaragua fueron los tribunales revolucionarios sandinistas los que hacían justicia en contra de los somocistas. En El Salvador fue, aparentemente, la impunidad perfecta. El FMLN y ARENA llegaron a un acuerdo de, digamos, gobernabilidad. A la española, mirando hacia el futuro. Pero todavía allí hay cuestiones serias.

Guatemala fue lo más imperfecto. En el momento de la paz había un conflicto armado completamente asimétrico, en el que la guerrilla estaba derrotada ya varios años antes de 1996. La negociación no dependía de la simetría de los actores, es decir, no era una guerrilla que le ponía condiciones al gobierno para alcanzar la paz. Se debió más bien a causa de una presión internacional, en el contexto de resolver uno de los últimos conflictos de la guerra fría. La participación internacional en este proceso de paz tuvo varios efectos, uno positivo al introducir reformas sociales, empoderamiento de los indígenas, y una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Y otro no tan positivo, que constituyó que el proceso de paz en Guatemala no fuera asumido en todos sus significados por todos los guatemaltecos. Fue entendido como algo que Minugua traía y administraba. Algo que alguien de afuera le decía a Guatemala cómo hacer. Y eso tiene como efecto que algunos sectores en el país no asumieran las consecuencias que tenían esos acuerdos. Por ejemplo, el fracaso de las reformas constitucionales durante el proceso de paz, el fracaso de otras políticas como la inclusión y participación de los pueblos indígenas, llevó a que los otros aspectos que sí avanzaron, como la CEH, se vieran como algo epidérmico. Eso a pesar de que era un informe magnífico que decía lo que pasó, pero que fue recibido con gran escepticismo y que algunos sectores nunca aceptaron. La discusión de si hubo o no genocidio es un buen ejemplo del tipo de discusiones que nunca se resolvieron. En Guatemala hubo verdad pero nunca una memoria compartida. Nunca hubo un entendimiento de lo que fue el conflicto. Y eso hace que la justicia que hay en Guatemala sea tan precaria, porque no hay un acuerdo sobre en qué y en qué no se debe hacer justicia. Siempre sale esto de “bueno pero la guerrilla también fue. Si el Estado cometió el 93 por ciento de los abusos, debería haber uno de cada diez casos que juzgue subversivos”. Hay un desacuerdo sobre el conflicto y sobre lo que implica para la Guatemala de hoy en el contexto de una justicia transicional.

En todo caso estamos hablando de un sistema de justicia muy impredecible.

– Sí. La manera en que se realiza la justicia tiene que ver con la forma en que se ha organizado y el poder que tiene una sociedad. En ciertos países en donde todavía hay dosis de impunidad y problemas, todavía puedes predecir por dónde van a ir las cosas en materia judicial. El caso de Chile, el caso de Argentina también. Pero en el caso de Guatemala, que no es el único, es un buen ejemplo de la fragilidad judicial con decisiones impredecibles.

En derecho lo fundamental es la capacidad de predecir. Tú más o menos puedes decir que un juicio va a terminar en este u otro sentido y que va a ser definitivo. Y el poder de la justicia tiene que ver con la legitimidad y aprobación que le da su población. Guatemala es uno de los países con más baja aprobación de la población sobre su justicia. Uno de los peores, aun si en Latinoamérica somos de los más pesimistas con relación a la justicia.

Se ha avanzado, sin embargo, en algunas cuestiones importantes. Por ejemplo la creación de tribunales de alto riesgo, tribunales que pueden funcionar un poquito mejor. Pero el sistema no digiere que algunas cosas, en su interior, funcionen bien.

En ese panorama la confianza en el sistema de justicia podría entrar en crisis…

Fomentar confianza es una prioridad. Pero debe ser responsabilidad del propio sistema. Debe haber una fiscalía, por ejemplo, que tenga bien clara su política criminal. En ese sentido, al menos en los últimos años, Guatemala sí ha avanzado. El trabajo de Claudia Paz y Paz ha sido bueno en el sentido de decirle a este país que la fiscalía tiene clara y definida una política de persecución penal. Decir qué casos se quieren investigar porque se quiere demostrar ciertos patrones de criminalidad. El proceso contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez fue importante para plantear y apuntalar este perfil en el Ministerio Público.

El otro extremo es el juez. El juez no asume una política criminal, no escoge los casos. Pero el juez tiene en sus sentencias un papel fundamental en el que no sólo debe asumir un rol jurídico sino a la vez uno pedagógico. En esencia su responsabilidad es explicarle al país, en el lenguaje más simple y digerible posible, por qué este caso merece esta o esta otra condena. Aunque haya jueces bien intencionados, la calidad de las sentencias en Guatemala sigue siendo muy baja en relación a ese efecto pedagógico.

A diferencia de Guatemala, en Latinoamérica se ha empezado a asumir el debate público como un ejercicio pedagógico. Y el respaldo a la justicia tiene que ver con la transparencia y esa apertura de los juicios. Creo que en Guatemala se hizo un esfuerzo de explicar las cosas con el caso de genocidio, pero tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que borró una sentencia de un plumazo, se pasó de la publicidad total, de un juicio ejemplar, a la oscuridad total. Porque nadie sabe por qué se tomó esa decisión. No hubo nada pedagógico.

¿Y el papel de los abogados? ¿Qué es lo que ha generado tanto abuso de recursos legales, de peticiones esencialmente frívolas, de amparos y apelaciones?

–Los abogados van a buscar la manera de defender a sus clientes a toda costa. Incluso haciendo uso de los vacíos de la ley. Hay que ganar el caso. El problema es cuando un abogado hace un litigio malicioso. No significa que el litigio malicioso sea usar todos los recursos que la ley le permite. Es utilizarlos de cara a presionar indebidamente al tribunal. A través de los medios de comunicación. A través de amenazas. Y el otro inconveniente se da cuando los tribunales lo permiten, y el sistema jurídico lo avala y no sanciona estas dinámicas. En cualquier otro país de Latinoamérica, hacer lo que hicieron los abogados en el caso por genocidio hubiera tenido consecuencias, castigos ejemplares. Ni un solo abogado podría quedar en la impunidad como lo hicieron acá. Pero fundamentalmente, partiendo de este caso como ejemplo, la Corte de Constitucionalidad no puede tampoco constituirse como un tribunal de instancia. No puede revisar lo que dice un tribunal ordinario. Lo que hace una CC excepcionalmente es revisar decisiones judiciales cuando se vulnera manifiestamente el debido proceso de forma tal que se evite un daño mayor a la sociedad. Y esto, obviamente, no ocurrió en Guatemala. No es un problema de los abogados únicamente. Es del sistema que lo permite, lo avala, y lo recompensa. Y el mensaje que se transmite es que en un país específico se gana por los trucos, las trampas y las presiones, y no por la razón y el derecho.

Las resoluciones de los magistrados de la CC suelen ser ambiguas. Apenas hay contexto en sus argumentos, apenas análisis de las consecuencias de sus decisiones para casos específicos. Y lo plasman todo en poco más de dos páginas. ¿Dejar todo a interpretación personal de los jueces genera sensación de impunidad?

– La CC se ha convertido en un árbitro incontrolable y eso no es bueno para la democracia. Cuando una corte deja de motivar sus resoluciones está violando, flagrantemente, el código constitucional e internacional. El juez siempre tiene que motivar sus resoluciones porque tiene que dar la posibilidad de impugnar y, sobre todo, porque la población tiene que entender de qué se trata este asunto. Si una corte deja de motivar adecuadamente su resolución, como en el caso por genocidio, entonces genera una alta sensación de impunidad. Porque, además, la CC es el más alto tribunal y no hay apelación ante sus decisiones. Por eso mismo no puede actuar como un árbitro autoritario y dictatorial. Tiene que haber controles. Si en otro país, por ejemplo en Colombia, la CC toma una decisión similar a la se tomó acá en el caso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, el congreso seguramente inicia una investigación o una audiencia pública de control político. El balance de poderes requiere que haya un cotejo en otro lado. Otro órgano que lo controle. Cuando esos controles fracasan tenemos casos como el que acá ha ocurrido.

Entre la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad las reglas deben ser claras. Si la CSJ toma una decisión en sus cortes marca una jurisprudencia que debe ser respetada a todos los niveles, incluso por la CC. Y la CC, por sanidad del proceso, jamás debe intervenir en casos todavía en trámite. Una CSJ que no protege a sus tribunales, que no plantea una postura, debe reflexionar sobre su papel, preguntarse al final de cuentas a quién representa, y cómo protege su independencia judicial.

“La abrupta anulación de la sentencia genera dudas sobre interferencias externas, particularmente por parte de intereses económicos y políticos poderosos”. Es una frase que aparece en el último informe de Crisis Group sobre Guatemala apenas publicado el lunes pasado. ¿Significa que la justicia está cooptada? ¿Es así de claro?

–Es sospechoso que un proceso judicial se anule sólo porque un señor no tuvo defensa técnica durante hora y media. Eso sería difícil de sostener en otros tribunales. Y más al no saber cuál es el razonamiento para anularlo. Y lo que fracasa no es solamente ese tribunal independiente sino el sistema que privilegia el interés particular sobre el derecho. Fue una decisión política y no una jurídica. Pero se da en consecuencia de lo que en Guatemala no se planificó como justicia en su proceso de paz. Y se debe discutir sobre lo que quiere hacer Guatemala con su futuro a partir de su pasado. Si quiere consolidar la impunidad, bueno, que lo diga abiertamente y que se consagre una amnistía y se justifique. Quiere hacer justicia en todos los casos, bueno, que se diga.

Yo creo que están tan equivocados aquellos que piensan que la justicia está a la vuelta de la esquina, luego de la frustración ante la sentencia anulada en el proceso por genocidio, como aquellos, entre ellos la elite, que piensan que la justicia se puede administrar así sin ningún costo. Eso no es así. Y no solo es que la comunidad internacional diga lo mal que hace justicia Guatemala. Sino que es una agenda que no se va a esconder. Las víctimas hoy en Guatemala tienen una voz judicial muy importante. Es una conquista, un avance que irá acumulándose.

¿Pero qué hacer para restablecer el debate que se obvió durante el proceso de paz para la justicia transicional en Guatemala? ¿Involucrar a la población, hacer un referéndum para encauzar la manera de pensar justicia?

Uno de los problemas para Guatemala fue la imposibilidad de reformar su propia constitución. La derrota del referéndum, que sucedió más por cuestiones coyunturales, llevó a Guatemala a no tener la oportunidad que sí tuvieron otros países: reinventar las formas básicas del juego tras la transición. Entonces Guatemala sigue jugando con las reglas de una constitución que se adoptó todavía en medio de la guerra civil y que a pesar de que tiene virtudes también tiene cosas que no responden a los consensos sociales. Antes de un referéndum, estos cambios importantes, trascendentales, deben tener primero un sustento político adecuado para luego darle la envoltura jurídica que se requiere. Ir a un referéndum sin ese debate tiende a complicar más el panorama.

¿Qué sucede en casos importantes, como la masacre en Totonicapán, o el homicidio de un comunitario antes de un estado de sitio en Huehuetenango, y tantos otros, en los que la investigación del MP realmente parece deficiente? ¿Qué hace un juez ante una investigación débil?

Efectivamente el MP es quien investiga, pero siempre bajo control judicial. Hay un juez de garantías –de fase previas al debate– que interviene desde el primer acto de intervención investigativa del fiscal. Si esto fracasa es porque el MP no ha podido armar un buen caso, pero fundamentalmente fracasa porque el juez de garantías no ejerció su función de orientación para poder construir un buen caso. Si bien una investigación viene defectuosa el juez no únicamente debe decir: “Ah, bueno, no es homicidio; es sólo una falta administrativa”. No señor, debe decir: “vuelva a investigar”. Si es obvio que hay un homicidio doloso el juez no debe empezar el juicio, debe devolverlo para que venga correctamente calificado.

¿Es posible afirmar que existe una justicia especial de derechos humanos encargada de crímenes del pasado y otra, aparte, que lleva casos penales, más actuales, más ordinarios?

Esa percepción es a causa de un desfase. La justicia transicional tiene como supuesto que su transición sea relativamente breve. En ese ínterin se adoptan medidas extraordinarias, para que la justicia penal sea uno de los componentes de la justicia transicional. Pero en Guatemala el problema es que la justicia penal en casos de derechos humanos ha llegado tarde y se ha desarticulado con lo demás. Con la memoria, con el debate político, con la discusión social, con la paz. Y aparece como que la justicia transicional fuera una colección de procesos penales. Que no es. Y allí viene la distorsión que muy bien detectas. Como ocurre así, entonces tienes una justicia de primera clase, que son estos casos emblemáticos de la guerra civil, y una justicia de segunda clase, que son todos los demás casos. Se genera esta sensación de desequilibrio.

Por ejemplo, Chile tuvo esta distorsión. La justicia penal llegó muchos años después de la transición. Y por eso Chile tuvo una segunda Comisión de la verdad. Después de la del 91 se crea otra, de tortura y prisión política, que nuevamente pone en el debate social el tema de la memoria. Yo no me atrevería a dar una recomendación a Guatemala, pero ciertamente la cuestión de la memoria histórica pareciera que es un elemento que falta. Guatemala está pagando un costo a causa del desfase con que este tema ha llegado a tribunales. De 1996 a 2013, ya muchos guatemaltecos tienen hoy otras preocupaciones y no sienten que esto les concierne, y no les importa. Y entonces terminamos hablando solo de los recursos, de los amparos, de los abogados. Y ese no es el debate. El debate debiera ser si hubo o no genocidio, cuáles son las responsabilidades, quiénes tienen que pagar por esos delitos. Y no el artículo no sé qué del código procesal penal.

¿Es posible que una justicia transicional llegue a normalizarse?

–En la mayoría de países en que se ha implementado una justicia transicional, más o menos se ha sabido cómo diseñarla, pero nadie sabe cómo cerrarlas. Por ejemplo, en Argentina todavía se sigue juzgando, y es una transición que inició en 1976. Pero hay momentos en los que puedes identificar una normalización. Uno: cuando las víctimas se incorporan en lo cotidiano y forman parte de los procesos normales. Por ejemplo, cuando las víctimas de crimen organizado o crímenes comunes empiezan a tener los mismo resarcimientos que las víctimas de violencia política. Reparaciones, garantías de no repetición. Dos: cuando las garantías del estado de derecho se cumplen sin mayores complicaciones y las sentencias, aun si el delito ocurrió hace más de 30 años, las respeta gran parte de la población y no hay terremotos. Y tres: cuando el conflicto se empieza hablar en términos históricos. Un país normaliza la justicia transicional cuando deja de causar cataclismos políticos.

¿La coyuntura actual de Guatemala para elegir nuevos magistrados en la CSJ, el TSE, y un nuevo fiscal general mediante comisiones de postulación puede generar un terremoto, un cataclismo político? ¿Qué decir de lo corporativista de este sistema de elección?

–No hay sistema de elección de magistrados exento de críticas. Tienes extremos, desde el poder popular eligiendo a sus delegados de justicia como se da en Estados Unidos, o en Bolivia, hasta cooptaciones en las que el mismo órgano judicial nombra a sus miembros. El problema de las comisiones de postulación no radica en su composición en sí. No en la elección de los más honorables para cada puesto. Sino que se encuentra en lo instrumentado del proceso porque es coyuntural, se tiene que renovar cada vez que hay nombramientos, y se convierte también en una campaña en la que el problema no es el elegido, es el elector. El problema es cuando un decano tiene un sitio en las comisiones de postulación y puedo entonces crear una universidad, tener una facultad de derecho, y poder ser parte de los electores. El problema es cuando el Colegio de Abogados hace una campaña millonaria para poner a ciertos grupos de sus colegiados en esta comisión.

Guatemala debería formalizar el proceso de elección. Crear consejos de magistratura o de judicatura como los que funcionan en Perú, Ecuador, en Uruguay, Argentina o Costa Rica. Son entes institucionales, distintos a los organismos judiciales, que están integrados, también, a la manera de las comisiones de postulación pero son permanentes. Es decir, una opción corporativista pero sometida al escrutinio público. Ese es el balance que se tendría que buscar.

¿A partir del proceso de Guatemala se puede intuir que se están reconfigurando sus alrededores; por ejemplo, la CC de El Salvador, que acaba de cuestionar su ley de amnistía?

Es un efecto mutuo. Sin duda también está incidiendo en el vecino. En América Latina los únicos países que hasta la semana pasada mantenían amnistías vigentes eran dos: El Salvador y Brasil. Amnistías totales. Ahora Brasil se queda solo.

Lo que ha hecho El Salvador es implementar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de la masacre del Mozote cuestionar la validez de la ley de amnistía. Lo interesante es ver el proceso que El Salvador empieza y que en contraste Guatemala lo lleva avanzado desordenadamente. Queda entonces el poder hacer las preguntas fundamentales que Guatemala no hizo. El qué, el cómo juzgar, si vamos a abrir procesos en contra de los que ocupan hoy el poder, los militares que todavía conforman la misma estructura, o contra los ex guerrilleros que son candidatos. Y allí viene el tema del balance. Y es también parte de lo que se discute en Colombia. Cómo terminar un conflicto interno procurando cierta justicia. Pero al mismo tiempo procurando que la paz y la reconciliación sean viables. Es un debate necesario.

Pero hay que añadir algo. El debate se contamina si una de las dos partes amenaza a la otra con cosas que vayan más allá de la discusión de ideas. Esto sucede en Guatemala. A nosotros nos preocupa muchísimo que todavía se den acusaciones de “terroristas”, de “comunista”, de “guerrillero” que distraen la atención. Que son absurdas. Que no contribuyen a un debate honesto que Guatemala necesita hacer. Pueden exponer sus razones, pueden hacerlo, tendrán sus argumentos. Pero que no lo hagan desde posturas antiterroristas, macarthistas.

Lo que ha pasado en este caso es la polarización de uno solo. Ha habido una posición muy reactiva, casi reaccionaria, a un Estado liberal de derecho. Esto no es de izquierdas o derechas, esto es el funcionamiento del Estado liberal en su sentido más clásico. Hay delito, tiene que haber juicio, y por ende debe haber una condena. 

-A A +A
1
Luis Mendez Salinas. Si algún día nos haremos luces.
La ventana en la pared constituye el acceso al basurero de La Verbena. El muro separa la vida de los mineros del resto del mundo.
El Maracaná.

1

2

3