Nicaragua: votaciones con fraude

Han pasado dos semanas desde las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 6 de noviembre y los nicaragüenses siguen sin saber a ciencia cierta qué pasó con sus votos y cuál fue el verdadero resultado de la elección. Los observadores más experimentados sostienen que nunca se sabrá, porque además de que el FSLN contó a solas los votos en un porcentaje significativo de juntas (30% aproximadamente), el proceso de escrutinio fue “opaco” y la presentación de resultados “no permite ser verificada”, como admite la misión de Observadores de la Unión Europea.

Sin embargo, al menos tres preguntas están sobre el tapete: ¿Cuál fue la dimensión del fraude y cómo impactó en la elección presidencial y en el número de diputados que obtuvieron el FSLN y la alianza PLI? ¿Por qué el Consejo Supremo Electoral nunca publicó el resultado particular de cada una de las Juntas Receptoras de Votos, como obliga la ley? ¿Existe un patrón diferente de resultados, entre las Juntas en las que la oposición sí pudo ejercer fiscalización, y aquellas en las que el FSLN contó los votos a su gusto y antojo?

Hasta ahora existen claros indicios de que en Jinotega y Chontales, por ejemplo, el PLI obtuvo una mayoría de votos, pero el conteo oficial le da la ventaja al FSLN, despojando a la oposición de un diputado en cada departamento. Según las actas en poder del PLI en estos departamentos, el oficialismo “gana” la elección en aquellas juntas en las que el PLI no tuvo fiscales porque tiene resultados que duplica o triplica a los del PLI. No obstante, hasta ahora el PLI no ha presentado todas las evidencias que permitan proyectar de qué forma este patrón se reprodujo a nivel nacional, y cómo impactó en otros departamentos.

Sergio Álvarez es el fiscal nacional de la Alianza PLI y sobre sus hombros está el difícil trabajo de reunir la información que permita comprobar que el conteo de los votos depositados el 6 de noviembre fue amañado. En las oficinas de la Alianza se acumulan actas de escrutinio que fueron “rescatadas” por los fiscales electorales, y a partir de este cúmulo de información los analistas de esta organización opositora pretenden demostrar que en Nicaragua sí hubo fraude.

Álvarez sostiene que la Alianza PLI no pudo fiscalizar el conteo de votos en 40% de las JRV de todo el país, ya sea porque sus fiscales no fueron correctamente acreditados, se les impidió la entrada durante la conformación de las mesas electorales, o fueron expulsados a lo largo de la jornada. La Alianza, sin embargo, pudo fiscalizar el proceso en el 60% de las Juntas, por lo que la gran pregunta que muchos se hacen es si podrán demostrar, con estos datos, si hubo o no un conteo amañado tras la votación en el 40% de las Juntas restantes.

“El proceso de votación fue tan irregular que los resultados fueron plasmados de manera antojadiza por la falta de fiscalización”, dice Álvarez. “Nuestras estadísticas muestran que los resultados fueron totalmente invertidos: cuando la Alianza PLI le ganaba al Frente Sandinista sólo se le anteponía un número y de forma automática se revertía el resultado electoral de esa junta. ¿Cómo podés articular un proceso transparente cuando se dieron todas estas anomalías? En 2008 los datos se manipularon en los CED, ahora fue en la JRV donde se tergiversó la voluntad del pueblo”, agrega.

Este artículo de el Confidencial fue publicado con autorización por Plaza Pública