Un volcán, vigilado constantemente por la entidad encargada, hace erupción y sepulta en ceniza y arena a varias comunidades. El resultado fatal pudo haberse mitigado, pero no fue así por la inutilidad de la persona al frente de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Esta, lejos de cumplir su misión, resultó un desastre en sí misma merced a la ruina institucional en la que la ha colocado el actual gobierno.
Ha pasado más de un mes de los hechos y el Estado no es capaz de brindar una cifra real, apegada a los datos concretos, de muertes y desapariciones. Ni siquiera puede indicar cuántas personas habitaban en cada una de las comunidades afectadas. Eso sí, en el marco del estado de emergencia, que tardó en declarar, varias entidades de gobierno y algunas alcaldías fuera del área afectada han aprovechado para hacer piñata de compras, según ellos sin control.
Hace una semana se hizo público el señalamiento a Jimmy Morales, presidente del Ejecutivo, de haber abusado de al menos diez trabajadoras del Estado. De acuerdo con los datos conocidos, dichas mujeres, que temen por su seguridad y por el estigma que rodearía su aparición pública, fueron forzadas mediante una red de trata instalada en el Gobierno.
Las sospechas apuntan a los servicios de seguridad presidencial, que estarían relacionados con el apoyo que brindaron en otro hecho sucedido siete años atrás: la desaparición de Cristina Siekavizza. Cristina desapareció en julio de 2008 y las investigaciones llevaron a identificar a su esposo, Roberto Barreda, como el responsable de su asesinato y de la desaparición del cuerpo. Para ello contó con el apoyo de su madre, Ofelia de León, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, así como de una estructura estatal de soporte relacionada con la seguridad presidencial.
En semanas recientes, el mundo se escandalizó por la tragedia que representan miles de niños menores de cinco años separados de sus padres o madres en la frontera de Estados Unidos. Niñas y niños en prisión por el delito de huir, junto con sus familias, de la violencia social o política. O por buscar una oportunidad de vida relativamente digna ante la gigantesca brecha social y económica en sus países.
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Entre esos niños y esas niñas hay varios miles que nacieron en Guatemala, a quienes la canciller Sandra Jovel considera bien atendidos. Ello, a pesar de que la sola separación de su familia ya implica maltrato. No digamos los extremos denunciados sobre las prácticas en los centros de detención del servicio estadounidense de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). La titular de Relaciones Exteriores ha estado más preocupada por impulsar la agenda de expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que por defender los derechos de los niños guatemaltecos en cautiverio. Mientras la vicepresidenta de Costa Rica, ante la noticia de un niño de su país en esos centros, ordenó la contratación de abogados y todo el esfuerzo para atenderlo, en Guatemala la señora Jovel muestra absoluta indiferencia.
La misma indiferencia que las autoridades evidenciaron durante el incendio del Hogar (mal llamado) Seguro Virgen de la Asunción en marzo del año pasado. Con indolencia, quizá con decisión institucional, vieron morir a 41 niñas y sufrir graves heridas a otras 15 sin permitirles salir del fuego. Al igual que Barreda, los autores de este crimen, de quienes se sospecha que tienen vínculos con estructuras de trata, siguen impunes. De hecho, esta semana fue masacrada una familia que incluye madre, padre y hermana de una de las niñas asesinadas el 8 de marzo de 2017.
Pero, contrario a lo que dice el insigne Miguel Ángel Asturias, no debemos enloquecer ni embriagarnos. Más bien necesitamos toda la serenidad posible para organizarnos, unirnos y darle caravuelta de una vez por todas a este sistema alienante y destructor de la esperanza humana. Todavía es posible.
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