Históricamente, siempre hemos sido una cultura muy terrestre. La evidencia arqueológica no muestra dependencia de nuestros antepasados de los recursos del mar abierto. Con el paso del tiempo, los mares y los océanos fueron cobrando más auge como plataformas portuarias. Pero hoy por hoy, para la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, el mar es nada más una estampa de recreación y veraneo. Estamos lejos de reconocer y valorar el enorme potencial que mares y océanos tienen para este país con tantas necesidades.
Múltiples metas internacionales y nacionales han promovido que nuestro país voltee su vista al mar. Desde las Metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica hasta el K'atun 2032. La Política Nacional de Diversidad Biológica plantea que, para el 2022, por lo menos el 10 % de las zonas costeras deben encontrarse bajo algún mecanismo de conservación. Para alcanzar el ahora Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, «Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible», se necesitan acciones concretas respaldadas financieramente en la planificación operativa oficial.
Hay ciertas dinámicas que considerar. Y entre ellas, los litorales Caribe y Pacífico son dos mundos distintos en sus contextos sociales, económicos, culturales y ecológicos. A ello hay que sumar que dentro del mismo Pacífico hay varios Pacíficos, así que en todos los casos se requieren estrategias similares pero diferenciadas. Nunca se debe olvidar la integralidad de estos ecosistemas: océanos, mares, arrecifes, pastos, playas, bosque seco, manglares, lagunas costeras, todos están vinculados y ameritan un abordaje sistémico para su conservación. La zona marina es tan diversa en ecosistemas como la zona terrestre, un hallazgo interesante del Análisis de Vacíos de la Biodiversidad Marina. Atención especial al hecho de que la sobrexplotación de recursos alcanza escalas superiores mar adentro, particularmente sobre los pesqueros, lo cual se agrava cuando no hay controles ni manejo basado en información. Un último elemento es la vulnerabilidad de los ecosistemas marino-costeros, ya que, con todo y que son bastante resilientes, los estamos llevando a los extremos, lo que compromete la calidad y la cantidad de bienes y servicios que aportan a la sociedad. Se sabe que las mayores presiones son causadas por contaminación terrestre, alteración de cursos y caudales de agua. Es allí donde debemos enfocar esfuerzos.
¿Por qué es relevante para Guatemala la conservación de mares y océanos? Los pocos, desactualizados y probablemente subestimados datos del aporte económico de las zonas marino-costeras indican que entre bienes y servicios se perciben de 216 a 314 millones de dólares anuales (TNC, 2008). Nuestros litorales son el sustento de aproximadamente 300 comunidades de 7 departamentos del país. Para 12 400 pescadores artesanales en el Pacífico y el Caribe (Iarna-URL, 2012), la pesca es su medio de vida prácticamente exclusivo. Utilizar sosteniblemente mares y océanos es una cuestión de conservación vinculada a seguridad alimentaria. También hay aportes sustantivos a la reducción del riesgo de desastres en un país cada vez más golpeado por la variabilidad y el cambio climático. Los manglares son ecosistemas ampliamente reconocidos por la protección que brindan contra tormentas y marejadas.
Para una efectiva gestión marino-costera que se traduzca en desarrollo no hay nada nuevo que inventar. Muchas orientaciones las establece la Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino-Costeras de Guatemala. Empecemos por la enorme necesidad de ordenamiento territorial y por una visión integral traducida a un programa de gestión fundamentado en uso sostenible. Puede retomarse la iniciativa del Plan de Desarrollo Integral del Litoral del Pacífico y para el Caribe. Hay que llevar a la práctica sus múltiples planificaciones. Apoyemos las diversas plataformas de coordinación e integración intersectorial fortaleciendo las capacidades desde altos mandos como la Comisión Nacional de Asuntos Marítimos (Conamar) hasta los niveles comunitarios con las Mesas Locales de Mangle. Faltan estrategias para el involucramiento de algunos actores todavía, entre ellos municipalidades, mancomunidades y el sector privado.
En lo que respecta a marcos legales, aprovechemos las oportunidades que la recientemente aprobada Ley Probosque incluye en incentivos y restauración para manglares. La propuesta de actualización y homologación del Reglamento para el Manejo Sostenible del Recurso Forestal del Ecosistema Manglar, un enorme esfuerzo del Instituto Nacional de Bosques (INAB) y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), no debe ser un documento normativo que pretenda abarcar tanto que deje de ser operativo. Finalmente, ojalá que, cuando los señores diputados tengan en sus manos la muy necesaria iniciativa para la actualización de la Ley Reguladora de las Áreas de Reserva Territoriales del Estado de Guatemala de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret), prevalezca el bien común sobre los intereses particulares.
La Guatemala que muchos soñamos para el 2030 es aquella donde mares y océanos son protagonistas de nuestro bienestar. Ya hay algunos avances alentadores. Debemos continuarlos y potenciarlos.
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