Las noticias no podían ser más representativas. Primero, Acisclo Valladares, exministro de Economía y exdirector de la telefónica Tigo, fue encausado ante una corte federal en Miami. El Gobierno de los Estados Unidos lo señala de colaborar en el lavado de dinero del narcotráfico. A él la plata le servía para comprar voluntades en el Congreso y conseguir una ley Tigo a la medida de su empleador. El origen lo tenía sin cuidado. Mientras tanto, Acisclo Valladares padre (nada innovadores ni en nombres ni en política) lo defiende en medios y redes. Poco importa que como embajador ante el Reino Unido haría bien en callar y esperar. Y Alejandro Giammattei no se da por enterado de las andanzas de su representante diplomático.
Segundo, en Mixco, Neto Bran —alcalde, aspirante a superhéroe y boxeador fracasado— decide celebrar el aniversario de su municipio haciendo parranda en contravención de las normas sanitarias y quemando cohetes a mansalva en plena urbe y a media noche. Una bomba cae sobre una casa, provoca daños personales, y la municipalidad y la cofradía (que dicen que pagaron la cuenta de la pólvora) se apuran a culpar a la víctima.
Y para rematar, en una operación de cortina de humo que deja en vergüenza al pulpo más sagaz, Consuelo Porras, la inerte pero servicial fiscal general, salta en acción con ¡un centenar de solicitudes de antejuicio! contra diputados y magistrados de las cortes Suprema y de Constitucionalidad. Eso sí, con el preámbulo de que las cámaras empresariales se pronunciaron a una voz en contra de la Corte de Constitucionalidad y solo contra esta. Adivine cuáles de esas solicitudes de antejuicio van en serio y cuáles nunca prosperarán.
Todo junto es ver las operaciones regulares del Estado perverso. No son los afanes urgentes contra la crisis, que para ahogar la protesta ciudadana en 2015 fabricaron un presidente anodino a la medida, ni las descaradas manipulaciones de tiempos electorales que dejaron fuera a Thelma Aldana. Lo que vemos es la peccata minuta: la cotidiana insolencia del poder lacayo solo útil para garantizar el interés de la élite en perpetuo desmedro de la mayoría.
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Vea la regularidad que subyace a esos atropellos y a tantos otros: el presidente no retira al embajador locuaz por más que defienda oficioso al hijo porque Giammattei está para servir a la élite de la que viene aquel canalla y jamás podrá controlarla. Ninguno prohíbe de una vez y para siempre quemar pólvora en las ciudades porque salvaría vidas, pero no enriquecería a nadie. Y no se distingue entre magistrados dignos y diputados ladrones porque lo que interesa no es justicia justa, sino comprable.
Hay que repasar la historia para entender, pues en tres décadas cambiaron muchas cosas. El poder global se tornó unipolar, mientras la economía y la cultura se volcaron a la tecnología. La firma de la paz puso fin a la sangría de la violencia militar, pero dio paso al narcotráfico. En ese entorno, la élite empresarial enfrentó un reto: podía contribuir a un Estado democrático, es decir, para todos. Y lo necesitábamos todos —tanto ricos como pobres— para crecer, pues las oportunidades iban a requerir mucha gente y mucho ingenio. Mejor aún, la Constitución de 1986 daba espacio y los acuerdos de paz lo exigían.
Pero una cosa, la más importante, no cambió. Esa élite empresarial, costra mugrosa que da cobijo a gente como los Valladares y a la cual le importan muy poco tanto la justicia como la ortografía, antes prefirió aliarse con el narco que perder poder. Cuando se expandieron las oportunidades, eligió —siempre cobarde, como en la parábola de los talentos— reproducir la finquita miserable antes que compartir el éxito, no digamos ya verse obligada a invertir en él para crecer. Y para eso construyeron el Estado perverso: este enano violento que necesita gente como Otto Pérez Molina, este enano malicioso que se vio cuestionado por 60,000 ciudadanos en la Plaza Central y que comenzaba a perder en serio ante la Cicig, este enano traidor que ellos salvaron con su títere traicionero Jimmy Morales.
Hoy, ya recuperado, el Estado perverso voltea la vista cuando Acisclo Valladares (cualquiera de los dos) hace desmanes. Deja desprotegida a la ciudadanía —da igual si es ante la pólvora o ante el covid-19. Y, en su máximo descaro, defeca solicitudes de antejuicio a la medida de sus amos en la Cámara del Agro. ¿Cómo esperar otra cosa?
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