Tal vez por la crisis fiscal y de seguridad con las que ha lidiado permanentemente, no ha podido poner en el centro de su acción —por más retórica que utilice— “al ser humano”, como prometió en su campaña de 2007 y como ya han comenzado a redundar algunos candidatos del partido oficial al Congreso y los ayuntamientos.
Tres casos ejemplifican el aserto: el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender, entre otras medidas, la actividad de la mina Marlin en San Marcos; la inminente aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para construir una planta de gas licuado de petróleo en Punta de Manabique, Izabal, y la renovación del contrato de Perenco tal cual estaba.
Quienes se han beneficiado con esas acciones son Goldcorp Inc. —y su filial Montana Exploradora de Guatemala—, el Grupo Tomás Zaragoza (Tomza) y Perenco y sus socios guatemaltecos.
El 20 de mayo se cumplió un año desde que la CIDH dictó medidas cautelares para garantizar “la vida e integridad de los habitantes” de 18 comunidades indígenas marquenses colindantes con la mina Marlin. De fondo, el organismo hemisférico solicitó la suspensión de la actividad minera y que se implementaran acciones para prevenir la contaminación ambiental. Nada de eso ha ocurrido.
En el caso de Tomza, ronda la sospecha del cobro de favores a Colom al inicio de su gobierno, pues el presidente utilizó el jet ejecutivo de esa corporación para viajar, entre otros destinos, a Chile, Brasil, Estados Unidos y Trinidad & Tobago. Además, hace tres años Tomza donó a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), en ese entonces a cargo de la hoy candidata oficial Sandra Torres, 10 mil estufas portátiles que fueron distribuidas en diversas comunidades pobres del país. Ambos hechos contaminan la solicitud de Tomza, que tendría que ser autorizada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente.
En el caso de Perenco, el presidente permitió que se llegara al último momento para decidir si se prorrogaba la concesión sin más o se revocaba, dejando por un lado la posibilidad de una mayor participación estatal, el aumento de medidas para garantizar la protección del medio ambiente o una mayor carga tributaria para la empresa.
En suma, no se trata de una adhesión a un rechazo fundamentalista contra las actividades económicas vinculadas a la minería, al gas o al petróleo. Lo que se pretende es contribuir a que en el Organismo Ejecutivo prive la sensatez y no el pragmatismo oportunista, que tan buenos réditos genera durante el proceso electoral.
Por lo tanto, la decisión política más conveniente es que el gobierno de Colom se abstenga de autorizar más licencias para la explotación y/o exploración de recursos naturales y deje esas facultades para las nuevas autoridades que serán electas en septiembre y noviembre. En el ínterin, quienes aspiran a gobernar el país a partir del 14 de enero de 2012, tiene la harta obligación de decirle a la ciudadanía cuáles serán sus políticas específicas en la materia.
Esto tomando en cuenta que, a falta de empresas públicas en Guatemala, las industrias extractivas bien pueden ser una fuente de ingresos para el Estado, que construyan bienes públicos para toda la ciudadanía y no para un grupo de beneficiarios, receptores de la caridad de las empresas.
La industrialización de los recursos naturales, sus límites y su conversión en sujetos activos de tributación debe ser parte de la campaña electoral. Hay que obligar a los políticos a que fijen su posición al respecto.
