En las últimas semanas, el tono cada vez más agresivo, irresponsable e insensato del discurso y de las acciones del gobierno de Jimmy Morales son causa de preocupación. Usual en Guatebolas, no se hicieron esperar los rumores de que, acorralado por las investigaciones del financiamiento electoral ilícito y al mejor estilo serranista, Morales estuviese considerando lanzarse a romper el orden constitucional para volver a intentar expulsar de Guatemala al comisionado Velásquez.
Tan preocupantes fueron esos rumores que el jueves pasado la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM) publicó un inquietante comunicado en el que manifestó que «la lucha contra la corrupción y la impunidad debe continuar» y reiteró que «el mantenimiento del orden constitucional y la vigencia de las instituciones democráticas es fundamental [sic] para la construcción del país que todos anhelamos». Extraño porque no hace mucho tiempo la ANAM y su presidente se perfilaron y presentaron como simpatizantes del presidente Morales y apoyaron la intentona de expulsar al comisionado Velásquez.
Por extraño que sea el viraje de la ANAM y de su presidente, independientemente de si uno simpatiza o no con sus actuaciones, o si se presume honestidad o engaño en sus palabras y acciones, lo cierto es que su comunicado marca una ruta que merece análisis y atención cuidadosos. Primero, fue elaborado y publicado previo al sorpresivo fallecimiento de Arzú Irigoyen, por lo que es un planteamiento hecho cuando no se preveía la desaparición física de ese personaje tan importante de la coyuntura. Segundo, reconoce y reconfirma el grave riesgo de que Morales y su gobierno pudiesen animarse a una estupidez rompiendo el orden constitucional.
Mi conclusión es que el comunicado de la ANAM es acertado. Primero, porque se posiciona clara y explícitamente a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad y reconoce el éxito hasta ahora logrado por el Ministerio Público de Aldana y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Velásquez. Segundo, porque rechaza cualquier intento de Jimmy Morales de romper el orden constitucional. Y tercero, y quizá el más interesante, llama a que siempre prevalezca «un diálogo abierto y permanente que mantenga la unidad de todos».
Creo que con estos tres planteamientos se lograría neutralizar posiciones radicales destructivas que no buscan soluciones a la crisis; no se propone impunidad, como otros que sí proponen una «tregua» o suspender, atacar o limitar la persecución penal de la corrupción, y se rechaza el rompimiento del orden constitucional, de modo que se apega a los procesos de transición apegados a la ley, en los que la continuidad o no de Jimmy Morales y de otros en los cargos que hoy ejercen debe decidirse conforme a la ley y a decisiones judiciales transparentes y libres de corrupción.
El fallecimiento de Álvaro Arzú Irigoyen sin duda cambia el escenario político de la coyuntura actual, de manera que es natural que se operen cambios en la correlación de fuerzas y en la distribución de cuotas de poder. Este proceso político natural, luego de la desaparición física de un actor importante, debe privilegiar actores y acciones responsables, sensatos y maduros.
Condición obligada de un proceso político así es la continuidad de las investigaciones y que los responsables de la comisión de delitos, independientemente de su rango o posición actual, sean llevados ante los tribunales de justicia con respeto pleno de todos sus derechos y garantías. Si en Guatemala no aprovechamos así esta oportunidad, los riesgos de desastre son muy altos.
Como sociedad, ¿podremos ser así de responsables, sensatos y maduros?
Más de este autor