En teoría, el esquema de comisiones de postulación es un excelente ejercicio democrático. La ley finalmente aprobada obliga a que las sesiones de las mismas sean públicas y norma los mecanismos de participación de sociedad civil. Merced a la presión pública, en las dos jornadas de elecciones en los últimos años, dichos entes han acordado criterios de calificación de expedientes y procesos de auditoría social. El diseño, en apariencia, puede arrojar entidades integradas por funcionarios con calidad y méritos suficientes para la tarea.
Sin embargo, el esquema no ha llegado a las dos décadas de vida y puede afirmarse que ha colapsado. Es una estructura que resulta incapaz de albergar las condiciones básicas para el cumplimiento de su cometido. Más que riesgo de habitarlo es constatar que, por haberlo utilizado a sabiendas de que tenía fallas, prácticamente se ha desmoronado y soterrado las esperanzas de un sistema de justicia eficiente.
Desde la resolución contra derecho (que no es la primera) de esta Corte de Constitucionalidad (CC), según la cual se recortó en siete meses el período de la Fiscal General, se preveía el desenlace. Mismo que se concretó con la misión cumplida de la respectiva Comisión de Postulación. Ésta elaboró una lista que trasladó al Presidente de la República. Una nómina de la cual sin la menor vergüenza pero con ostensible gala de cinismo, excluyó a la actual jefa el Ministerio Público, Claudia Paz y Paz.
El espectáculo montado en torno al proceso que nació viciado, en realidad sólo fue esperar el paso del tiempo, como el transcurrir de los rollos de una pésima película. En definitiva, nada de lo actuado y requerido para valorar las cualidades de las y los aspirantes contó en la decisión de las y los postulantes.
En un proceso que permitió ver en público los resultados de la labor de Paz y Paz, el desvanecimiento de las tachas perversamente presentadas y una hoja de vida intachable, resultó ilógico que la profesional no integrara la nómina definitiva. Esa circunstancia es la muestra palpable del estado ruinoso del mecanismo establecido.
Entonces cabe preguntarse, ¿se trata de cambiar el método para mejorar la forma? Una visión simplista que no ha tomado la imagen completa del paisaje podría conformarse con esta opción. No obstante, en una nueva estructura, si tiene como base los mismos factores de integración que la actual, con toda certeza tendríamos similares problemas.
Este país en mucho de su andamiaje ha sido diseñado por y para abogados. Al ser integrantes mayoritarios de la Asamblea Nacional Constituyente, le dieron su tónica a la forma de integrar diversos espacios de Estado y se adueñaron de los mismos. Al aprobar el golpe a la autonomía universitaria mediante el control de la educación superior por el sector privado, completaron la fórmula para el fracaso.
La siguiente fase, en la cual se designará a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las diferentes salas de apelaciones, seguirá el mismo patrón y levantará más pisos sobre la estructura colapsada. Instancia que es una parte del espacio de Estado organizado para la corrupción, la impunidad y la inequidad.
La cuestión es si vamos a seguir entrando al edificio o en definitiva decidimos demolerlo, construir un nuevo diseño y levantar, desde cimientos diferentes, la estructura capaz de contener todas nuestras aspiraciones.
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