Bajo un enfoque sistémico para el análisis de la realidad social y natural, las instituciones de carácter público están concebidas, entre otras cosas, para generar balances entre subsistemas —por ejemplo el económico, el social y el natural—, evitar excesos, procurar el bien común, evitar exclusiones, estimular o regular dinámicas en función de la maximización de los beneficios nacionales, evitar privilegios, evitar la depauperación de la persona, en fin, evitar que las libertades de uno comprometan las libertades de otro. Si bien resulta ingenuo hablar de autonomía frente a los países geopolíticamente dominantes, instituciones funcionales también podrían sustentar relaciones más dignas cuando de negociar con éstos se trata.
Cuando el conglomerado de instituciones es disfuncional —cuantitativa y cualitativamente hablando— sucede lo contrario en todos los aspectos arriba citados. En general, este es nuestro caso en Guatemala. Esa disfuncionalidad se debe a una subordinación absoluta de las instituciones a poderes económicos y políticos que en contubernio definen los destinos del país. Las instituciones están, casi absolutamente, al servicio de estos intereses. Las nuevas entidades, casi invariablemente, aunque sean concebidas apropiadamente, se desarrollan al amparo y en favor de estos intereses. Las consecuencias, además del obvio y sostenido desprestigio institucional, son las tremendas exclusiones sociales que engendran pobreza y una crisis ambiental de enormes dimensiones e incontenibles trayectorias. Globalmente hablando, se genera y multiplica la ingobernabilidad en diferentes espacios y momentos.
Bajo este enfoque, resulta relativamente fácil entender el pobre desempeño y la erosión institucional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Este Ministerio nace bajo los tentáculos del gobierno del FRG. Su primer ministro, el señor Quej, pese al escaso presupuesto institucional, no tardó en copar casi todos los espacios laborales para estructurar una red de proselitismo político a favor de su partido. Actuó bajo el criterio de que cuando de sacar provecho se trata, no hay trinchera que sea despreciable. Desde ahí también dirigió uno de sus tentáculos al Fondo Nacional de Conservación para favorecer con proyectos a alcaldes del régimen. Tras su salida, en ese mismo Gobierno le sucedieron en el cargo otros personajes que llegaron y se fueron sin pena ni gloria.
Dentro del gobierno de la Gana fue el señor Dary quien tomó la estafeta del Ministerio. Creo que su principal logro fue conseguir un edificio para el Ministerio, un cascarón elegante para un Ministerio irrelevante. No contento con una actitud contemplativa frente a los crecientes problemas ambientales, territorialmente bien localizados, y fiel al “enfoque proempresarial” de ese Gobierno —lo cual no tiene nada de malo cuando se ofrecen oportunidades para pequeños y medianos y no solo para grandes; y cuando este esfuerzo es solo una parte del todo y no el todo— fue un activo cabildero de proyectos e iniciativas generadoras de mayor riesgo en temas y áreas ya de por sí vulnerables. Verbigracia, sus oficiosos intentos por aprobar la hidroeléctrica denominada San Judas en plena zona núcleo de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas o su beneplácito por la liberación del transporte nocturno de productos forestales, pese a la evidente incapacidad y la considerable corrupción institucional, cuando de regular este aspecto se trata —hoy sabemos que el 95% del flujo de productos forestales en el país es ilegal—. Para cerrar con broche de oro, culminó su gestión modificando el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, específicamente en lo que a la obligatoriedad de los “avisos y revisiones” públicas se refiere.
Este hecho fue revertido en el Gobierno de la UNE estando el Ministerio bajo la conducción del señor Ferraté, quien aún no concluye su mandato. Antes de que lo termine vale la pena plantear las siguientes interrogantes: ¿se han corregido los vicios estructurales de la conformación y el funcionamiento de la entidad que se heredó?, ¿se ha asumido un liderazgo efectivo en la coordinación y conducción de los asuntos ambientales de la nación?, ¿se han atendido los vacíos y corregido los traslapes institucionales que condicionan un buen desempeño en la gestión ambiental?, ¿se han fortalecido las capacidades humanas, físicas y financieras de la entidad para mejorar su funcionamiento y responder a los retos ambientales territoriales que hoy se vuelven más complejos frente a las amenazas inducidas por el cambio climático?, ¿se ha hecho valer, frente a los otros ministerios integrantes del Gabinete de Gobierno, la necesidad de respetar espacios y límites naturales en el ejercicio de sus mandatos? Y como corolario: ¿se han, al menos, detenido las trayectorias de deterioro ambiental a nivel territorial en los componentes del ambiente natural?
Con bastante certeza podemos indicar que la respuesta a todas las interrogantes es “no”, lo cual, podríamos decir, es consistente con lo dicho en la introducción de este artículo. Es decir, tratándose de limitaciones estructurales, un desempeño aceptable sería, literalmente, un hecho extraordinario. ¿Qué es lo que se espera entonces de un ministro? Yo diría que un comportamiento extraordinario. El ministro actual anunció su retirada si se ampliaba el período de explotación de petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Hoy, tanto el petróleo como el ministro continúan. El resultado, una enorme pérdida de autoridad no solo del Ministerio sino también del Conap, ente administrador de áreas protegidas, claramente opuesto a la actividad petrolera en ese parque.
¿Acaso no se da cuenta el ministro que este hecho es un “parteaguas histórico” en la gestión de los asuntos ambientales de la nación? Este nefasto precedente alienta los ánimos de aquellos que ven al país solo con los ojos del lucro desmedido. Pero casi siempre hay segundas oportunidades. En los casos de explotación minera en las playas del Océano Pacífico y las actividades industriales propuestas en Punta de Manabique, entre otros casos, el ministro tiene la palabra.
La sociedad necesita percibir que es posible romper ese círculo vicioso de cooptación y pérdida del espíritu de los mandatos institucionales —en casi todos los casos ambientales éstos mandatos han sido, razonablemente, bien concebidos, gracias a la comunidad de organizaciones y personas interesadas en un mejor presente y futuro ambiental—. Ese círculo vicioso, como dije, alimentado por intereses económico-políticos, son responsables de que, al momento de publicar este artículo, el Inab y el Conap no tienen presupuesto para pagar los salarios de su personal.
Ojalá, seamos capaces de exigir no solo un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estructuralmente renovado y dinamizado, con un horizonte definido sobre la base de la realidad social y ambiental nacional y con procesos claramente definidos y sustentados para alcanzar tal horizonte, sino también un profundo reordenamiento institucional del Estado para garantizar la vida.
Finalmente, es preciso reconocer que en todas estas administraciones del Marn, principalmente en los niveles técnicos, han estado o están, “algunos” profesionales de carrera, respetables, interesados genuinamente en impulsar “tareas operacionales” propias de la institución. Los que aún están, pueden ser la base para implementar los cambios requeridos.
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