La campaña, que ahora según cifras finales del TSE se realiza con 31 mil 795 aspirantes, para unos tres mil 500 puestos en contienda, es definitivamente una actividad que (por la naturaleza de su realización en Guatemala) tiene un impacto en los sistemas ambientales, particularmente pero no sólo en el audiovisual.
El artículo ocho de la ley relativa a la protección y mejoramiento del ambiente exige que, para toda actividad que lo impacta, la autoridad involucrada debe requerir a los participantes un plan estratégico de impacto ambiental. De allí que el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) solicitara al TSE que requiriera a los partidos políticos, y comités cívicos en contienda, la presentación de un plan estratégico de impacto ambiental de toda su campaña electoral.
El TSE, para variar, se tomó tres meses para responder que esa función le correspondía al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Dicha cartera, dirigida en ese entonces por Luis Ferraté, aseguró que esa tarea correspondía al ente electoral y no al ministerio a su cargo.
Así, con la solicitud presentada entre Herodes y Pilatos, que terminó lavándose las manos, ni uno ni otro ente oficial se responsabilizó de protegernos de la agresión que ha significado esta campaña en particular, y del impacto que la misma tendrá en esta y futuras generaciones.
Hay varios sistemas ambientales, de acuerdo con los profesionales de la preservación y protección ambiental. Uno de estos es el sistema audiovisual, es decir, el paisaje y el sonido. Este sistema, en un proceso electoral cualquiera que sea su dimensión, se ve impactado. Por ejemplo, las concentraciones en barrios, aldeas y municipios, son amenizadas con sistemas de sonido que rompen la escala tolerable para el oído humano y el ambiente. Las concentraciones también conllevan la acumulación de desechos sólidos de los cuales no siempre se dispone técnicamente para su eliminación. Sumamos a ello la contaminación a visual que, con el uso de vallas publicitarias, implica que se ha ocupado 80 o más porciento del espacio en las principales arterias de la capital—contaminación que también se realiza con la pintada de piedras y árboles en carreteras del país, con el uso de pinturas a base de látex o plomo, los cuales son altamente contaminantes y, por lo tanto, destructores de la naturaleza.
Basta un recorrido por caminos vecinales para encontrar piedras o postes con propaganda pintada de hace décadas, pues es un material permanente que no se degrada. De hecho, aún se ven en algunas veredas, rótulos de campaña de Carlos Arana Osorio, candidato en las elecciones de 1970. Sí; hace más de cuatro décadas.
En su afán proselitista, las bandas de depredadores del ambiente (así como del erario), sin control del TSE ni del Ministerio de Ambiente, han dañado árboles, puentes y monumentos, con materiales que les provocan daño irreversible. A lo anterior se suma el uso del polivinilcefílico, o PVC, como base de las “mantas vinílicas”, que lucen orondas las imágenes de las y los candidatos. Este material produce dioxinas, unas sustancias químicas que, se dice, son los productos químicos más tóxicos que el ser humano ha sido capaz de sintetizar. La mezcla de glas cloro con derivados del petróleo, base para el PVC con el cual se elaboran las pancartas vinílicas, puede generar cerca de 850 factores que predisponen al cáncer.
Imaginemos con un cálculo conservador que cada uno de los 31 mil 795 aspirantes a cargos de elección usa un promedio de cien carteles de PVC para promoverse. Hablamos de no menos de 3.2 millones de carteles, sin contar la sobresaturación que muestran los punteros a la presidencia (Otto Pérez y Manuel Baldizón), así como el aspirante a la alcaldía municipal de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, que contribuyen enormemente a la depredación con su imagen en las calles, carreteras y vías de acceso.
Con un TSE y un MARN faltando a sus obligaciones, y unos candidatos a quienes nuestra salud les viene del norte, estamos a las puertas de un desastre que impactará el ambiente de la actual y las futuras generaciones. Corresponde entonces demandar que los planes estratégicos de impacto ambiental de la campaña electoral sean un requisito para todo partido, o comité, aspirante a un puesto de elección popular.
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