Para ello, México puede verse como un aliado fundamental, ya que su extensa red consular en EEUU –la más grande del mundo en otro país– le ha permitido establecer procedimientos bien definidos para la atención de sus nacionales, incluidos los menores no acompañados.
En lo que va del año fiscal 2014, EEUU ha registrado la detención de más de 47 mil menores no acompañados en su intento por ingresar a ese país. La mayoría se compone de menores de origen centroamericano (hondureño, guatemalteco y salvadoreño). El hecho ya ha sido catalogado por diversos sectores como una “crisis humanitaria” sin precedentes, ya que el número de detenciones se ha duplicado con respecto a 2013.
En un esfuerzo por atender la situación, EEUU, México y los países centroamericanos advierten medidas al más alto nivel: paquetes de transferencia de recursos, mejora en infraestructura y creación de programas sociales, principalmente. Asimismo, los gobiernos centroamericanos se han pronunciado a favor de un trato más humanitario hacia los menores migrantes, además de considerar la reunificación familiar como una de las posibles soluciones. No obstante, es sabido que mientras el gobierno estadunidense no resuelva en aprobar una reforma migratoria integral, y ante la imposibilidad de que los menores de recién ingreso se beneficien de la “acción diferida” (DACA, por sus siglas en inglés), no se vislumbran caminos sencillos para que éstos accedan a una estancia legal y definitiva en ese país.
Por esa razón, fortalecer las labores de protección consular de los gobiernos centroamericanos es la vía más funcional para responder a las necesidades de los menores no acompañados. En ese sentido, la experiencia mexicana es relevante. El nivel de diálogo y coordinación que los consulados mexicanos sostienen permanentemente con los actores que involucra el proceso migratorio de los menores, ha permitido establecer mecanismos eficientes –incluso mediante la firma de acuerdos locales en la materia– a favor de este grupo vulnerable.
Sin embargo, el alcance e impacto de la protección consular que puede ofrecerse a estos menores debe valorarse vis á vis el procedimiento que siguen desde el momento de su detención. Una vez en custodia de la autoridad migratoria, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), dependiente de la Administración para Niños y Familia, ofrece servicios de salud, educativos, psicológicos y de readaptación social a los menores que esperan una resolución por parte del juez migratorio. La ORR cuenta con centros donde en coordinación con entes privados, organizaciones sin fines de lucro y distintos niveles de gobierno, da albergue a los menores.
Uno de los programas torales de la ORR es aquel dirigido a los Menores Refugiados No Acompañados (URM, por sus siglas en inglés). Éste analiza cada caso en coordinación con abogados asignados por el Departamento de Seguridad Interna, trabajadores sociales, consejeros, familiares y consulados para encontrar soluciones viables en concordancia con las necesidades particulares del menor. Es en este proceso donde el papel de los consulados es importante. Sus acciones no sólo se circunscriben a ubicar el recurso familiar y validar o expedir documentación; sino también a identificar las necesidades de los menores y trabajar en pos de su bienestar manteniendo un contacto permanente con las autoridades correspondientes. Es este trabajo arduo y proactivo el que nutre y fortalece la protección consular.
De ahí la relevancia que las autoridades consulares se familiaricen con la legislación estadunidense disponible, en especial, en aquellos casos donde la reunificación familiar o la repatriación de los menores son inviables. Tal es el caso de la Visa T para víctimas de trata de personas; la Visa U para víctimas de violencia; o el Estatus Especial de Menor Inmigrante (SIJ, por sus siglas en inglés), para aquellos menores en estado de abandono o con claros impedimentos para regresar a su país de origen.
Es claro que los grandes esfuerzos políticos, diplomáticos y de cooperación en la materia deben continuar profundizándose. El objetivo debe ser disminuir las razones que motivan a los menores a embarcarse en tan riesgosa migración. Mientras eso sucede, los gobiernos centroamericanos deben apostar al fortalecimiento de las labores de protección consular. Para ello, es necesario invertir en recursos materiales y humanos para robustecer la red consular; capacitar adecuadamente a los agentes consulares sobre la legislación estadunidense; difundir información útil entre sus comunidades y profundizar la cooperación intergubernamental e interinstitucional para mejorar la capacidad de respuesta. En ese sentido, México tiene mucho que aportar y su experiencia abre oportunidades de cooperación con Centroamérica en la conformación de un frente común contra este flagelo.
* Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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