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Más inteligencia civil y menos populismo

Tras una década (1999-2009) en la que la violencia homicida no hizo más que aumentar en el país, llevamos tres años (2009-2012) en la que esta ha bajado de una manera importante: casi 30 por ciento según datos de la PNC y 20 por ciento según datos del Inacif y el cálculo, imprescindible, de Carlos Mendoza, investigador de Ca-Bi y columnista de este medio, quien incluye el factor de asesinatos por cada 100 mil habitantes para la comparación de violencia interanual.

Asegurar que esa tendencia a la baja se mantenga para sacarnos de los niveles epidémicos de violencia en los que estamos –entre 35 y 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes– es indispensable para la salud pública nacional. Análisis preliminares explican el descenso de muertes por dos políticas del gobierno anterior: el uso de inteligencia civil en la coordinación entre Ministerio Público y Ministerio de Gobernación y los programas sociales en áreas menos favorecidas económicamente que tienen graves problemas de violencia.

Este gobierno ha continuado a medias con la primera política, pues ha reducido los fondos para 2013 para el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, mientras ha favoreciendo al Ministerio de Defensa y a la inteligencia militar, que no es compartida con el MP ni el Inacif. Y esta administración ha reducido a un tercio un programa innovador como el de Escuelas Abiertas, que permitía actividades lúdicas y recreativas durante toda la jornada y fines de semana en barrios marginales. Sin este programa, las alternativas para los jóvenes son más calles en los que no hay actividades recreativas ni educativas gratuitas, sino sólo la escasez, la desigualdad, la frustración y la violencia.

Este gobierno, cuya seguridad es dirigida por exmilitares, tiene como amigos y compañeros de carrera de los exmilitares que tienen montado un negocio enorme de “seguridad privada”, que estimula o se aprovecha del estado de paranoia colectiva. Quizás a esto se deba que se mantenga una laxa política de restricciones para la compra y la venta de armas en el país.

De acuerdo con el estudio, Armas de fuego y municiones en Guatemala: mercado legal y tráfico ilícito, presentado en 2009 por la (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), el país es el quinto comprador de armas en la región, sólo superado por los colosos Brasil y México, y por Colombia y Venezuela, quienes están en medio de una guerra interna o en una carrera armamentística. Guatemala no debería ser el quinto país sino el número nueve o diez de los 19, pues se encuentra en esa posición en el tamaño de su economía y de su población. En el informe, citado por la columnista de este medio, Iduvina Hernández, entre 2007 y 2009 la Dirección General de Control de Armas y Municiones –Digecam– refiere que las importaciones de armas de fuego y municiones fueron de US$113 millones en tanto que la venta de estas fue de casi el doble: US$213 millones. Esto haría sonar las alarmas de cualquier sociedad.

En enero y diciembre ha aumentado la violencia respecto de los promedios mensuales de los últimos dos años. Según el análisis de Ca-Bi comparando los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tuvimos 3.6 asesinatos por mes por cada 100 mil en diciembre y enero, versus el promedio de 3.5 por mes en 2011 y 3.3 por mes en 2012, aunque ha habido meses más violentos que los últimos dos. En este trienio, pasamos de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2009 a 40 por cada 100 mil en 2012. Una disminución de 20 por ciento. Se disminuyó 8 por ciento en 2010, 9 por ciento en 2011 y 6 por ciento en 2012; es decir, aunque muchos medios y el gobierno aseguren que han marcado una diferencia en seguridad, ralentizaron el descenso.

La respuesta del presidente Otto Pérez Molina ante el aumento de casos impactantes de violencia en diciembre y enero no va en el sentido que puede ser el más exitoso. La alarma mediática por casos en zonas más centrales y pujantes de la Ciudad –zona 11 y zona 15– ha tenido como respuesta gubernamental la colocación de retenes y del presidente vigilando esos retenes en motocicleta. Más que para el show, esto no es un disuasivo en absoluto. No estamos en 1931 en tiempos del dictador Jorge Ubico y el expresidente Óscar Berger encabezando “operativos” para dar percepción de seguridad fue un rotundo fracaso.

Más presupuesto para el MP, el Inacif y la inteligencia civil para prevenir delitos y acabar con la impunidad; mantener programas sociales en las áreas urbanas de todo el país; y empezar a despistolizar a la población parece ser el camino al éxito y a la seguridad. Este gobierno heredó un primer año “positivo” de la administración anterior, pero parece preferir el populismo mediático a soluciones más sostenibles.

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