El debate respecto a si permitir o no el lucro en educación tiene distintos planos. En un plano más general, esta discusión se refiere al rol del mercado y la democracia en una sociedad, y a los límites que se ponen el uno al otro. En un plano estrictamente educacional, este debate dice relación con la capacidad efectiva de los mecanismos de mercado para asegurar ciertos estándares de calidad educativa y, aunque en esto se ponga menos énfasis, respecto al potencial impacto de las dinámicas de mercado en la formación integral de los estudiantes. El mercado no es sólo una forma de distribuir recursos; al igual que otras instituciones económicas, su carácter también afecta los valores, las preferencias y personalidades de los individuos.
En esta columna, el análisis se centra en la capacidad efectiva de las dinámicas de mercado para promover una educación de calidad para todos. El punto de partida es que existen buenas razones para desconfiar de un diseño institucional con el afán de lucro como motor.
Partamos por lo esencial: el fin de lucro y la calidad educativa sólo pueden ser objetivos complementarios en un contexto en el que los dueños de los colegios con fines de lucro se vean forzados a mejorar la calidad educativa como la única forma de aumentar sus utilidades. Esto, aunque a veces se olvida, no debiese sorprender a nadie, ya que ésta es justamente la ventaja potencial (y también pobreza moral) del mercado: la competencia nos fuerza a trabajar por la calidad de vida de los otros, aun cuando nuestro único fin sea el beneficio individual. Esta fue precisamente la buena nueva de Adam Smith.
Así las cosas, cabe discutir la efectividad de los mecanismos que obligarían a los dueños de colegios con fin de lucro a hacer sus mejores esfuerzos para mejorar sus prácticas educativas. Por un lado, la elección de colegios por parte de las familias en un contexto en que el financiamiento va atado a la demanda –y por lo tanto tiene consecuencias en el presupuesto del establecimiento– teóricamente podría tener este rol. Sin embargo, hay una larga lista de elementos que dificultan este mecanismo, por nombrar algunos: (a) los padres no sólo seleccionan por el potencial aprendizaje de sus hijos, también consideran la distancia, el credo religioso, la composición socioeconómica del colegio, etc.; (b) los padres pueden tener dificultad para evaluar la calidad de un colegio, sobre todo cuando los colegios –como pasa en Chile– tienen estudiantes tan distintos entre sí. De esta manera, tanto las consideraciones de las familias que van más allá de la calidad educativa como, a su vez, las dificultades que éstas tienen para entender y procesar la información relativa a la calidad del establecimiento, dan cierto poder de mercado al dueño del establecimiento, lo que se traduce en su capacidad de aumentar sus utilidades sin necesidad de mejoras educativas.
Por otro lado, un mecanismo alternativo o complementario al rol disciplinador de la demanda, es la fiscalización de los colegios por parte de alguna autoridad pública. La limitante en este caso dice relación con la multidimensionalidad y complejidad del proceso educativo, lo que queda ilustrado con la experiencia del SIMCE, prueba que ha sido uno de los ejes centrales de la fiscalización del Estado: Si lo que necesitas para poder tener utilidades es lograr que los estudiantes de tu colegio tengan un buen desempeño en una prueba de alternativas, ¿por qué gastar dinero en recursos pedagógicos que desarrollen su creatividad u otros aspectos de su desarrollo integral?
De este modo, parece haber buenas razones para pensar que no existen mecanismos suficientemente efectivos para forzar la complementariedad entre el afán de lucro y la calidad educativa.
¿Qué dice la evidencia empírica al respecto, incluso restringiendo la definición de calidad al valor agregado por el colegio en el SIMCE? Un trabajo de José Zubizarreta, Ricardo Paredes y Paul Rosenbaum, que está por aparecer en la prestigiosa revista Annals of Applied Statistics, compara el rendimiento académico de estudiantes que se cambian de un colegio público a un colegio privado con fines de lucro con aquellos que lo hacen a un colegio privado sin fines lucro. El trabajo utiliza datos del SIMCE en el Gran Santiago para los alumnos que cursaron octavo básico en su antiguo colegio en 2004 y con el resultado que obtuvieron en segundo medio en 2006 en sus nuevos colegios. Se encuentra que los alumnos que se cambian a un colegio sin fines de lucro aumentan sus puntajes en matemáticas en aproximadamente 12 puntos por sobre los que se cambian a un colegio con fines de lucro, y, en el caso de lenguaje, el aumento es de aproximadamente 6 puntos.
En total, son cerca de 18 puntos que los alumnos de colegios sin fines de lucro obtienen por sobre los con fines de lucro, lo que es una diferencia considerable (a modo de comparación, esta diferencia es entre dos y tres veces más grande que el efecto que se estima por la implementación de la jornada escolar completa en Chile a fines de la década de los 90, según un estudio de Cristián Bellei publicado en la revista Economic Educational Review). Un análisis de sensibilidad sugiere que los resultados son relativamente robustos a sesgos de variables no observadas.
Incluso en el caso hipotético, contrario a la evidencia presentada, de que en promedio las dinámicas de mercado promovieran una mayor calidad educativa, no se debe soslayar el elemento diferenciador del mercado. En una industria cualquiera, la muerte y nacimiento de empresas puede ser un signo de vitalidad de la industria, un reflejo de las consecuencias de la innovación. En otras palabras, cuando un mercado funciona bien hay ganadores y perdedores, tensión que empuja hacia la creación de nuevas ideas y el desarrollo del mercado. ¿Tiene sentido algo así en educación? ¿Estamos dispuesto a aceptar que algunos estudiantes reciban educación de menor calidad como forma de asegurar el buen funcionamiento del mercado? Dado que los estudiantes tienen una sola vida y una sola oportunidad de tener una buena educación, este no parece ser el mejor camino.
* Publicado en Ciper, 15 de mayo de 2014.
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