1) el paquete es extenso, son más de 50 artículos; 2) aunque se han creado cuatro paquetes, en la práctica se trata de una diversidad de temas; 3) los grados de profundidad son distintos, el paquete de seguridad y justicia es más completo, los otros son dispersos; 4) el supuesto sobre la importancia de modificar el sistema de elección de los diputados, ha saltado como el tema más atrayente. ¿Es eso suficiente para fortalecer el sistema político?

Si la propuesta quiere ser viable, deberá acotarse en cantidad y en cuanto a ejes temáticos. La diversidad la hace inviable. Ese primer factor va contra la corriente al interior de sus proponentes, además de que puede ser percibido en forma negativa por algunos sectores, que insisten en la lógica de las ensaladas.

Una de las propuestas más interesantes es la relacionada con el Artículo 125. Explotación de recursos naturales no renovables. “Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización. El Estado podrá ser el titular de hasta el cuarenta por ciento de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales. Una ley de participación del Estado en la explotación de recursos naturales, regulará lo que corresponde al Estado por la concesión del recurso natural y en su caso, lo que deberá aportar como capital. El Estado tendrá siempre el derecho de adquirir hasta el cuarenta por ciento de las empresas explotadoras de recursos naturales, existentes o en las que por aumento de capital o circunstancia análoga, se disminuya su participación”.

Por primera ocasión, se propone la posibilidad de la titularidad del Estado, lo cual es positivo y podría clarificar el futuro sobre la explotación de los recursos naturales, las consultas comunitarias y temas conexos. Pero la redacción es engañosa: las palabras mágicas son “podrá” y “hasta”. Ese lenguaje es clásico de los abogados. De esa cuenta, si el Estado es titular de 2 o 3 por ciento ya estaría cumpliendo con el precepto. Se quedaría bien con los inversionistas, se vendería un mensaje a favor de las comunidades, pero todo seguiría muy parecido al clima actual. Si se quiere marcar diferencia, por qué no prohibir que empresas continúen haciendo manejos inescrupulosos de recursos naturales, como desviar el cauce de ríos, inundar terrenos antes ocupados por comunidades, forzar el traslado de éstas hacia terrenos improductivos, realizar transacciones de tierras bajo amenazas, tomar tierras por la fuerza, no brindar cobertura en las áreas más cercanas a las explotaciones o cobrar más caro en los territorios que en la ciudad capital. Esa si sería reforma de fondo.